La mala hora de Tumaco

Aunque la situación no es nueva, y ya en 2007 Nariño fue el departamento más afectado por la violencia, la degradación del conflicto ha llamado la atención, bastante tardía, de las autoridades. En un consejo comunitario en la población caucana de Guapi, el presidente Uribe declaró que “el reto de devolver la seguridad en el Pacífico es un reto que no puede dilatarse más” e instó a las fuerzas del orden a que, prontamente, capturen a los responsables de los actos de violencia.

Se refería el Presidente, en particular, a los líderes de las nuevas bandas paramilitares, los Restrojos y las Águilas Negras. Un informe de la Fiscalía destaca que en 2008 se han cometido más de 300 homicidios, la mayoría de los cuales se les achacan a los Rastrojos y sus cerca de 160 hombres. Las Águilas Negras, con otros 400 efectivos, hostigan por igual a la población, que no pasa de los 170 mil habitantes.

En Tumaco, como consecuencia de su importancia en las economías ilegales, operan todos los grupos armados. Las Farc lo hacen desde los años 80 (frente 29); los paramilitares, antes agrupados en las Auc, hacían presencia con el Frente Libertadores del Sur, y el Eln con el Frente Comuneros del Sur. Después de la desmovilización de los paramilitares, la región fue una de las primeras zonas de aparición de las llamadas “bandas emergentes”, como las Águilas Negras y los Rastrojos. Y habría que agregar la presencia de la Organización Nueva Generación, conocida como Ong.

La situación, pues, está sobrediagnosticada. Lo que no se entiende es cómo el Gobierno no previó que lo que ocurre hoy en Tumaco, y en general en Nariño, era posible. Desde finales de los 90, por efectos del Plan Colombia, la dinámica del conflicto armado y de la producción de coca se trasladó del Putumayo al Pacífico nariñense. Las características geográficas de dicha región, según lo constata el investigador Teófilo Vásquez, jugaron a favor de su nueva centralidad porque permitieron que allí se concentraran las tres etapas de la economía de la coca: cultivo, producción y comercialización. La coca empezó a cultivarse y procesarse en la región, el mangle se convirtió en escondite, y los ríos y esteros mutaron en autopistas para transportar la coca a mar abierto, abaratando los costos y facilitando la evasión de las autoridades.

Al respecto, los más recientes datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) corroboran el traslado del negocio del narcotráfico. Tumaco, el municipio más importante del Pacífico nariñense, tiene la segunda mayor área sembrada de coca, con 5.135 hectáreas, por debajo de Cumaribo (Vichada) y por encima de Puerto Asís (Putumayo).

Por lo demás, las principales víctimas de la naturaleza del conflicto armado que se vive en la zona son los grupos de indígenas y las comunidades negras. Y para nadie es un secreto. Sus pretensiones de uso colectivo de las tierras se enfrentan con la lógica capitalista de apropiación de los recursos, ya sea de forma legal o ilegal. Hoy las comunidades negras, protegidas por la ley 70, se resisten a dos alternativas: la coca, que es ilegal, y la palma, que lleva al latifundismo.

Las medidas adoptadas por el Gobierno, todas de choque, ayudarán a que la violencia merme. Recompensas para quien dé con el paradero de los jefes de las bandas y los autores de los más recientes asesinatos, y una mayor presencia policiva y militar permitirán que la seguridad, hoy prácticamente nula, se fortalezca. Pero los cambios definitivos, la posibilidad de que las cosas realmente sean diferentes para Tumaco y su pobreza, siguen siendo muy lejanos.

Aunque la situación no es nueva, y ya en 2007 Nariño fue el departamento más afectado por la violencia, la degradación del conflicto ha llamado la atención, bastante tardía, de las autoridades. En un consejo comunitario en la población caucana de Guapi, el presidente Uribe declaró que “el reto de devolver la seguridad en el Pacífico es un reto que no puede dilatarse más” e instó a las fuerzas del orden a que, prontamente, capturen a los responsables de los actos de violencia.

Se refería el Presidente, en particular, a los líderes de las nuevas bandas paramilitares, los Restrojos y las Águilas Negras. Un informe de la Fiscalía destaca que en 2008 se han cometido más de 300 homicidios, la mayoría de los cuales se les achacan a los Rastrojos y sus cerca de 160 hombres. Las Águilas Negras, con otros 400 efectivos, hostigan por igual a la población, que no pasa de los 170 mil habitantes.

En Tumaco, como consecuencia de su importancia en las economías ilegales, operan todos los grupos armados. Las Farc lo hacen desde los años 80 (frente 29); los paramilitares, antes agrupados en las Auc, hacían presencia con el Frente Libertadores del Sur, y el Eln con el Frente Comuneros del Sur. Después de la desmovilización de los paramilitares, la región fue una de las primeras zonas de aparición de las llamadas “bandas emergentes”, como las Águilas Negras y los Rastrojos. Y habría que agregar la presencia de la Organización Nueva Generación, conocida como Ong.

La situación, pues, está sobrediagnosticada. Lo que no se entiende es cómo el Gobierno no previó que lo que ocurre hoy en Tumaco, y en general en Nariño, era posible. Desde finales de los 90, por efectos del Plan Colombia, la dinámica del conflicto armado y de la producción de coca se trasladó del Putumayo al Pacífico nariñense. Las características geográficas de dicha región, según lo constata el investigador Teófilo Vásquez, jugaron a favor de su nueva centralidad porque permitieron que allí se concentraran las tres etapas de la economía de la coca: cultivo, producción y comercialización. La coca empezó a cultivarse y procesarse en la región, el mangle se convirtió en escondite, y los ríos y esteros mutaron en autopistas para transportar la coca a mar abierto, abaratando los costos y facilitando la evasión de las autoridades.

Al respecto, los más recientes datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) corroboran el traslado del negocio del narcotráfico. Tumaco, el municipio más importante del Pacífico nariñense, tiene la segunda mayor área sembrada de coca, con 5.135 hectáreas, por debajo de Cumaribo (Vichada) y por encima de Puerto Asís (Putumayo).

Por lo demás, las principales víctimas de la naturaleza del conflicto armado que se vive en la zona son los grupos de indígenas y las comunidades negras. Y para nadie es un secreto. Sus pretensiones de uso colectivo de las tierras se enfrentan con la lógica capitalista de apropiación de los recursos, ya sea de forma legal o ilegal. Hoy las comunidades negras, protegidas por la ley 70, se resisten a dos alternativas: la coca, que es ilegal, y la palma, que lleva al latifundismo.

Las medidas adoptadas por el Gobierno, todas de choque, ayudarán a que la violencia merme. Recompensas para quien dé con el paradero de los jefes de las bandas y los autores de los más recientes asesinatos, y una mayor presencia policiva y militar permitirán que la seguridad, hoy prácticamente nula, se fortalezca. Pero los cambios definitivos, la posibilidad de que las cosas realmente sean diferentes para Tumaco y su pobreza, siguen siendo muy lejanos.