El informe de la masacre de El Salado

La masacre de El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar ubicado en los Montes de María, ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, es el segundo caso emblemático, después de su anterior informe sobre la masacre de Trujillo (Valle), que aborda el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) bajo la dirección del historiador Gonzalo Sánchez.  En el marco de la segunda Semana por la Memoria, lo que hace emblemático de la violencia contemporánea a esta terrible masacre, como lo sugiere el nombre del informe, La masacre de El Salado. Esa guerra no era nuestra, es el tema de la población civil que sufre las irreparables consecuencias de estar en medio del conflicto.

En esta oportunidad —y cuántas habrá que se le parecen—, los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Jorge 40 y alias H2 organizaron, en la finca El Avión, municipio de Sabanas de San Ángel (Magdalena), una matanza con el firme propósito de sembrar el pánico entre las víctimas. Argumentando complicidad con la guerrilla de las Farc, estigmatizaron a toda una población y procedieron a una serie de prácticas violentas de difícil enumeración. Pese a que en las versiones libres de Justicia y Paz a las que han comparecido algunos de los victimarios se niega y guarda silencio frente a la sevicia o simplemente se insiste en los discursos legitimadores que, a la postre, justifican ante muchos la matanza con frases lapidarias del tipo de “se lo merecían”, es un hecho que se utilizaron cuerdas de estrangulamiento, se empaló a una mujer, sortearon con números a quién le figuraba ser asesinado, hubo corte de orejas, golpes con bayonetas, asesinato de una mujer embarazada y degollamientos de víctimas. Y todo al son de los instrumentos musicales que fueron sustraídos de la Casa de Cultura: encendieron equipos de sonido presentes en casas, tiendas y billares, crearon un ambiente festivo y con cada persona que acribillaban en la cancha de microfútbol, escenario del terror, tocaron una tambora.

Más de nueve años después de la masacre, la memoria de las víctimas por la que abogan pacientemente los miembros del grupo de Memoria Histórica permanece supeditada al relato de los victimarios. Son éstos los que imponen su versión de lo sucedido, los que figuran ante el Estado como depositarios de una verdad y copan con sus declaraciones los medios de comunicación. Del lado de la justicia, que esperamos se reactive con este informe, 15 de los 450 paramilitares implicados han recibido una condena. El propio Carlos Castaño, aun después de reconocer públicamente su responsabilidad en la masacre, jamás fue condenado. Las denuncias por la presunta participación de la Infantería de Marina en la masacre —por acción o por omisión— no recibieron el despliegue que merecían. Se pregunta el informe, al respecto, por qué la Fiscalía se abstuvo de investigar adecuadamente el vuelo de un avión fantasma el día anterior al ingreso de los paramilitares al casco urbano de El Salado, así como el sobrevuelo de helicópteros durante los días de la incursión y la movilización de 450 paramilitares en una zona cuyo control, sobre el papel, le estaba reservado a la Infantería de Marina.

Hoy las víctimas de El Salado exigen una reparación colectiva que les ha sido negada. Y ahí no acaba su dolor. Para aquellos que escaparon de la masacre y, un tiempo después, retornaron a lo que quedó de su pueblo, la sorpresa ha sido mayúscula. La compra masiva de tierras da cuenta de las dificultades que presenta cualquier programa de reparación. Más del 90 por ciento de los sobrevivientes, ante tal situación, viven en desplazamiento en El Carmen de Bolívar, Sincelejo, Barranquilla y Cartagena. Paradójicamente, como en Trujillo, la masacre de El Salado parece ser una tragedia que no cesa.

La masacre de El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar ubicado en los Montes de María, ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, es el segundo caso emblemático, después de su anterior informe sobre la masacre de Trujillo (Valle), que aborda el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) bajo la dirección del historiador Gonzalo Sánchez.  En el marco de la segunda Semana por la Memoria, lo que hace emblemático de la violencia contemporánea a esta terrible masacre, como lo sugiere el nombre del informe, La masacre de El Salado. Esa guerra no era nuestra, es el tema de la población civil que sufre las irreparables consecuencias de estar en medio del conflicto.

En esta oportunidad —y cuántas habrá que se le parecen—, los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Jorge 40 y alias H2 organizaron, en la finca El Avión, municipio de Sabanas de San Ángel (Magdalena), una matanza con el firme propósito de sembrar el pánico entre las víctimas. Argumentando complicidad con la guerrilla de las Farc, estigmatizaron a toda una población y procedieron a una serie de prácticas violentas de difícil enumeración. Pese a que en las versiones libres de Justicia y Paz a las que han comparecido algunos de los victimarios se niega y guarda silencio frente a la sevicia o simplemente se insiste en los discursos legitimadores que, a la postre, justifican ante muchos la matanza con frases lapidarias del tipo de “se lo merecían”, es un hecho que se utilizaron cuerdas de estrangulamiento, se empaló a una mujer, sortearon con números a quién le figuraba ser asesinado, hubo corte de orejas, golpes con bayonetas, asesinato de una mujer embarazada y degollamientos de víctimas. Y todo al son de los instrumentos musicales que fueron sustraídos de la Casa de Cultura: encendieron equipos de sonido presentes en casas, tiendas y billares, crearon un ambiente festivo y con cada persona que acribillaban en la cancha de microfútbol, escenario del terror, tocaron una tambora.

Más de nueve años después de la masacre, la memoria de las víctimas por la que abogan pacientemente los miembros del grupo de Memoria Histórica permanece supeditada al relato de los victimarios. Son éstos los que imponen su versión de lo sucedido, los que figuran ante el Estado como depositarios de una verdad y copan con sus declaraciones los medios de comunicación. Del lado de la justicia, que esperamos se reactive con este informe, 15 de los 450 paramilitares implicados han recibido una condena. El propio Carlos Castaño, aun después de reconocer públicamente su responsabilidad en la masacre, jamás fue condenado. Las denuncias por la presunta participación de la Infantería de Marina en la masacre —por acción o por omisión— no recibieron el despliegue que merecían. Se pregunta el informe, al respecto, por qué la Fiscalía se abstuvo de investigar adecuadamente el vuelo de un avión fantasma el día anterior al ingreso de los paramilitares al casco urbano de El Salado, así como el sobrevuelo de helicópteros durante los días de la incursión y la movilización de 450 paramilitares en una zona cuyo control, sobre el papel, le estaba reservado a la Infantería de Marina.

Hoy las víctimas de El Salado exigen una reparación colectiva que les ha sido negada. Y ahí no acaba su dolor. Para aquellos que escaparon de la masacre y, un tiempo después, retornaron a lo que quedó de su pueblo, la sorpresa ha sido mayúscula. La compra masiva de tierras da cuenta de las dificultades que presenta cualquier programa de reparación. Más del 90 por ciento de los sobrevivientes, ante tal situación, viven en desplazamiento en El Carmen de Bolívar, Sincelejo, Barranquilla y Cartagena. Paradójicamente, como en Trujillo, la masacre de El Salado parece ser una tragedia que no cesa.