Salud y política
A DIFERENCIA DE ESCÁNDALOS ANteriores que tardan poco tiempo en desaparecer, muchas veces ante la llegada de uno nuevo que también será sepultado por la apabullante cantidad de metidas de pata que ameritan discusión, los decretos de emergencia social se resisten a salir de la agenda mediática. Ante un problema grave, que requería de toda la atención y experticia de los funcionarios estatales, el Gobierno tardó en reaccionar, improvisó y calculó mal los efectos de sus ordenanzas.
El Espectador
Lo primero que falló fue el proceso de aprobación de las medidas. Nadie niega que el sistema de salud en Colombia, asolado por los excesos de algunos jueces y víctima de manejos políticos antes que rigurosamente técnicos, esté quebrado y próximo a una crisis. Para todos es claro que algo había que hacer, pero no de la manera en que se hizo, casi a escondidas, desconociendo los caminos institucionales que la democracia instituyó para estos casos. La declaración de Emergencia Social, en las vacaciones de un 23 de diciembre, contrasta notoriamente con el debate abierto que ha dado el presidente Barack Obama, dispuesto a gastar su capital político en una verdadera transformación estructural del sistema de salud estadounidense.
Ante la total desaprobación entre la comunidad médica, convocada tardíamente para legitimar, que no para discutir, el propio Presidente dio un momentáneo paso hacia atrás, regañó públicamente a su equipo de gobierno y anotó que los decretos tenían falencias en la redacción. Sin embargo, volvió a la carga defendiendo al ministro del ramo y las bondades de los decretos más cuestionados para después ceder, nuevamente, ante los reclamos y pedir la derogación del que insta a los colombianos de los estratos 5 y 6 a pagar con sus cesantías por los servicios que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.
Ahora nos enteramos, por boca del candidato presidencial Germán Vargas Lleras, de la participación de personas cercanas a las EPS en la elaboración de lo acordado. Justo cuando más de uno se preguntaba las razones por las que el papel de las EPS no fue alterado en los decretos, no obstante la responsabilidad que tienen en la crisis que vive el sector. También se supo recientemente, según denuncia del senador Rodrigo Lara, que a diferencia de otras bebidas existen anomalías en el aumento del IVA a licores caros como el vodka y el whisky. La razón, insiste el senador, no sería otra que la de proteger intereses privados del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, cuya familia tiene activos en el negocio. En síntesis, la temporada electoral ya intervino en el debate de la salud y el que puede, saca réditos de la confusa situación.
Pero este no es motivo para desviar la atención, para iniciar una polémica alterna sobre si deliberadamente el Gobierno planeó algunas estrategias para lucrarse de la Emergencia Social, como ya empieza a insinuarlo la oposición y hace carrera en columnas y espacios de opinión. El norte de la discusión debiera seguir siendo la salud de los colombianos y la ineptitud del Gobierno y su Ministro de Protección Social para llevar a feliz término una reforma que garantice la sostenibilidad financiera del sistema y su buen servicio.
Lo primero que falló fue el proceso de aprobación de las medidas. Nadie niega que el sistema de salud en Colombia, asolado por los excesos de algunos jueces y víctima de manejos políticos antes que rigurosamente técnicos, esté quebrado y próximo a una crisis. Para todos es claro que algo había que hacer, pero no de la manera en que se hizo, casi a escondidas, desconociendo los caminos institucionales que la democracia instituyó para estos casos. La declaración de Emergencia Social, en las vacaciones de un 23 de diciembre, contrasta notoriamente con el debate abierto que ha dado el presidente Barack Obama, dispuesto a gastar su capital político en una verdadera transformación estructural del sistema de salud estadounidense.
Ante la total desaprobación entre la comunidad médica, convocada tardíamente para legitimar, que no para discutir, el propio Presidente dio un momentáneo paso hacia atrás, regañó públicamente a su equipo de gobierno y anotó que los decretos tenían falencias en la redacción. Sin embargo, volvió a la carga defendiendo al ministro del ramo y las bondades de los decretos más cuestionados para después ceder, nuevamente, ante los reclamos y pedir la derogación del que insta a los colombianos de los estratos 5 y 6 a pagar con sus cesantías por los servicios que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.
Ahora nos enteramos, por boca del candidato presidencial Germán Vargas Lleras, de la participación de personas cercanas a las EPS en la elaboración de lo acordado. Justo cuando más de uno se preguntaba las razones por las que el papel de las EPS no fue alterado en los decretos, no obstante la responsabilidad que tienen en la crisis que vive el sector. También se supo recientemente, según denuncia del senador Rodrigo Lara, que a diferencia de otras bebidas existen anomalías en el aumento del IVA a licores caros como el vodka y el whisky. La razón, insiste el senador, no sería otra que la de proteger intereses privados del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, cuya familia tiene activos en el negocio. En síntesis, la temporada electoral ya intervino en el debate de la salud y el que puede, saca réditos de la confusa situación.
Pero este no es motivo para desviar la atención, para iniciar una polémica alterna sobre si deliberadamente el Gobierno planeó algunas estrategias para lucrarse de la Emergencia Social, como ya empieza a insinuarlo la oposición y hace carrera en columnas y espacios de opinión. El norte de la discusión debiera seguir siendo la salud de los colombianos y la ineptitud del Gobierno y su Ministro de Protección Social para llevar a feliz término una reforma que garantice la sostenibilidad financiera del sistema y su buen servicio.