Directiva ministerial 029 de 2005

Esta directiva fue firmada por el entonces ministro de Defensa y hoy embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, el 17 de noviembre de 2005 con el objetivo, según sostuvo el funcionario, de reglamentar el pago de las recompensas, evitar los equívocos de parte de la Fuerza Pública y darle transparencia a la política de incentivos.

La explicación parece válida en teoría. El pago de recompensas es una práctica extendida, presente en todas las democracias. Y su reglamentación constituye la aceptación de esta realidad. Pero en la práctica la política de recompensas parece haber tenido consecuencias escabrosas. Así lo demuestran las escandalosas revelaciones sobre los jóvenes desaparecidos de Soacha, a las que se han ido agregando noticias sobre casos similares a lo largo y ancho del territorio nacional. El propio fiscal general, Mario Iguarán, ha llamado la atención sobre las consecuencias de esta política y ha solicitado su revisión.

En el mejor de los casos, estamos ante una política que pudo haber incentivado actividades criminales por parte de los miembros de la Fuerza Pública. Ponerles precio a las vidas humanas es, en sí mismo, debatible, así sea con el fin de contener las acciones de un grupo violento que no cesa sus ataques a la población civil. Las bajas enemigas son un objetivo en cualquier conflicto. Pero este objetivo no puede lograrse a cualquier precio. En retrospectiva, al menos, resulta evidente que la política de recompensas tuvo consecuencias graves y que el Gobierno debe replantear algunos de los métodos empleados para la evaluación, la remuneración y el ascenso de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Estadísticas de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía muestran que, tras la expedición de la directiva 029, se pasó de 73 denuncias en 2005, a 122 en 2006 y 245 en 2007. Aunque las recompensas por la muerte de guerrilleros no pueden, en principio, ser entregadas a miembros activos de la Fuerza Pública, podrían haber suscitado alianzas entre grupos criminales y militares con el fin de cobrar las recompensas (por una parte) y mostrar mejores resultados (por otra). Estas alianzas criminales pueden explicar algunas de las desapariciones que hoy escandalizan al país y al mundo entero. En suma, cabe la posibilidad de que las recompensas (y los mismos incentivos que operan dentro de las Fuerzas Armadas) hayan propiciado alianzas criminales dedicadas a la fabricación de cadáveres.

De ser así estaríamos ante una repudiable política estatal. Ya no se trata de casos aislados o de negligencia de algunas unidades. Se trata de una política general que tuvo efectos perversos y que por lo tanto compromete a las cabezas de la institución. Mientras la justicia investiga los hechos, la política de recompensas debe ser revisada exhaustivamente y las familias afectadas recompensadas generosamente. Llegó la hora de asumir responsabilidades y actuar con grandeza y generosidad.

Esta directiva fue firmada por el entonces ministro de Defensa y hoy embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, el 17 de noviembre de 2005 con el objetivo, según sostuvo el funcionario, de reglamentar el pago de las recompensas, evitar los equívocos de parte de la Fuerza Pública y darle transparencia a la política de incentivos.

La explicación parece válida en teoría. El pago de recompensas es una práctica extendida, presente en todas las democracias. Y su reglamentación constituye la aceptación de esta realidad. Pero en la práctica la política de recompensas parece haber tenido consecuencias escabrosas. Así lo demuestran las escandalosas revelaciones sobre los jóvenes desaparecidos de Soacha, a las que se han ido agregando noticias sobre casos similares a lo largo y ancho del territorio nacional. El propio fiscal general, Mario Iguarán, ha llamado la atención sobre las consecuencias de esta política y ha solicitado su revisión.

En el mejor de los casos, estamos ante una política que pudo haber incentivado actividades criminales por parte de los miembros de la Fuerza Pública. Ponerles precio a las vidas humanas es, en sí mismo, debatible, así sea con el fin de contener las acciones de un grupo violento que no cesa sus ataques a la población civil. Las bajas enemigas son un objetivo en cualquier conflicto. Pero este objetivo no puede lograrse a cualquier precio. En retrospectiva, al menos, resulta evidente que la política de recompensas tuvo consecuencias graves y que el Gobierno debe replantear algunos de los métodos empleados para la evaluación, la remuneración y el ascenso de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Estadísticas de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía muestran que, tras la expedición de la directiva 029, se pasó de 73 denuncias en 2005, a 122 en 2006 y 245 en 2007. Aunque las recompensas por la muerte de guerrilleros no pueden, en principio, ser entregadas a miembros activos de la Fuerza Pública, podrían haber suscitado alianzas entre grupos criminales y militares con el fin de cobrar las recompensas (por una parte) y mostrar mejores resultados (por otra). Estas alianzas criminales pueden explicar algunas de las desapariciones que hoy escandalizan al país y al mundo entero. En suma, cabe la posibilidad de que las recompensas (y los mismos incentivos que operan dentro de las Fuerzas Armadas) hayan propiciado alianzas criminales dedicadas a la fabricación de cadáveres.

De ser así estaríamos ante una repudiable política estatal. Ya no se trata de casos aislados o de negligencia de algunas unidades. Se trata de una política general que tuvo efectos perversos y que por lo tanto compromete a las cabezas de la institución. Mientras la justicia investiga los hechos, la política de recompensas debe ser revisada exhaustivamente y las familias afectadas recompensadas generosamente. Llegó la hora de asumir responsabilidades y actuar con grandeza y generosidad.