¿Asfixiar las consultas populares?

Los habitantes del municipio de Córdoba, en el Quindío, vienen pidiendo la realización de una consulta popular sobre la explotación de metales en su territorio. Siguiendo la ola de movimientos sociales similares en varias regiones del país, lograron que se convocara a las urnas el próximo 3 de diciembre. Sin embargo, se encontraron con un obstáculo inesperado y preocupante: la Registraduría les dijo que no había dinero para financiar las elecciones y que el municipio y la Gobernación tenían que asumir los costos. ¿Es esta la nueva estrategia desde el centro para lidiar con el problema generado por las manifestaciones populares contra los proyectos extractivos?

Desde este espacio hemos lamentado que el mecanismo de la consulta popular se haya convertido en la única opción para que las comunidades hagan valer sus intereses. Nos repetimos: la política de extracción de recursos debe ser reformada de fondo. Es imposible garantizar el balance entre la sostenibilidad ambiental a largo plazo, los intereses de las comunidades afectadas por los proyectos y la necesidad del Estado de obtener recursos para su funcionamiento a punta de golpes de autoridad de parte y parte. Lastimosamente, parece que solucionar ese dilema ya le tocó al próximo Gobierno, pues a la administración de Juan Manuel Santos se le acabó el tiempo y, parece, la voluntad.

Sin embargo, la solución no es asfixiar la democracia quitándole los recursos. A los pobladores de Córdoba la Registraduría les envió una comunicación diciendo que los recursos estaban agotados y que, si querían celebrar la consulta, debían financiarla las entidades territoriales. Lo mismo, por cierto, les dijeron a los habitantes de La Macarena y de Granada, en el Meta, que habían convocado a las urnas, pero no pudieron porque se acabó la plata. Al respecto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se defendió hace unas semanas diciendo que “en ningún momento hemos negado una consulta o hemos dicho que no se puede financiar porque no hay recursos; la Registraduría tiene su presupuesto y con ese presupuesto tiene que trabajar”.

Esa posición, no obstante, suena a salida fácil. Si bien hay un presupuesto, está claro que no alcanzó para las demandas de la democracia. ¿No debería, entonces, el Estado adaptarse? ¿Nos sentimos cómodos limitando los mecanismos constitucionales a la condición de que haya dinero disponible?

Ahora el Tribunal Administrativo del Quindío entró al debate, al responder una tutela del alcalde de Córdoba. Su decisión, como juez constitucional, era predecible: frenar un mecanismo de participación ciudadana por la razón que sea es una violación clara al derecho que tienen las comunidades a “ejercer y manifestar” su voluntad, dijeron los magistrados. Y ordenaron al Ministerio de Hacienda colaborar en la consecución de los recursos para que se realice la consulta. No sería extraño que se presenten acciones de tutela similares en otras regiones del país afectadas por la escasez de recursos.

Más allá de la coyuntura, lo lamentable es que continúe un problema por regulaciones ambiguas y falta de disposición política. El concejal macarenense Pedro Nel Rocha, a propósito de una de las consultas que fueron canceladas por recursos, había dicho que la Alcaldía estaba en capacidad de asumir los costos, pero que “sería inconstitucional. Por eso solicitamos un mecanismo legal con el que podamos financiarla pues estimamos que los costos no superan los $50 millones entre la logística de los jurados y el tema de impresión, que suele ser competencia de la Registraduría”. Es decir, ni siquiera cuando hay la voluntad de afrontar los costos existe la posibilidad tangible de realizarlas.

Nos vemos, entonces, obligados a repetir lo obvio: tiene que reformarse el paradigma de cómo se permite la extracción en el país, buscando una solución concertada entre todas las partes. Son inaceptables estas situaciones, mientras el tiempo pasa, el descontento crece y los recursos se ven amenazados.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Los habitantes del municipio de Córdoba, en el Quindío, vienen pidiendo la realización de una consulta popular sobre la explotación de metales en su territorio. Siguiendo la ola de movimientos sociales similares en varias regiones del país, lograron que se convocara a las urnas el próximo 3 de diciembre. Sin embargo, se encontraron con un obstáculo inesperado y preocupante: la Registraduría les dijo que no había dinero para financiar las elecciones y que el municipio y la Gobernación tenían que asumir los costos. ¿Es esta la nueva estrategia desde el centro para lidiar con el problema generado por las manifestaciones populares contra los proyectos extractivos?

Desde este espacio hemos lamentado que el mecanismo de la consulta popular se haya convertido en la única opción para que las comunidades hagan valer sus intereses. Nos repetimos: la política de extracción de recursos debe ser reformada de fondo. Es imposible garantizar el balance entre la sostenibilidad ambiental a largo plazo, los intereses de las comunidades afectadas por los proyectos y la necesidad del Estado de obtener recursos para su funcionamiento a punta de golpes de autoridad de parte y parte. Lastimosamente, parece que solucionar ese dilema ya le tocó al próximo Gobierno, pues a la administración de Juan Manuel Santos se le acabó el tiempo y, parece, la voluntad.

Sin embargo, la solución no es asfixiar la democracia quitándole los recursos. A los pobladores de Córdoba la Registraduría les envió una comunicación diciendo que los recursos estaban agotados y que, si querían celebrar la consulta, debían financiarla las entidades territoriales. Lo mismo, por cierto, les dijeron a los habitantes de La Macarena y de Granada, en el Meta, que habían convocado a las urnas, pero no pudieron porque se acabó la plata. Al respecto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se defendió hace unas semanas diciendo que “en ningún momento hemos negado una consulta o hemos dicho que no se puede financiar porque no hay recursos; la Registraduría tiene su presupuesto y con ese presupuesto tiene que trabajar”.

Esa posición, no obstante, suena a salida fácil. Si bien hay un presupuesto, está claro que no alcanzó para las demandas de la democracia. ¿No debería, entonces, el Estado adaptarse? ¿Nos sentimos cómodos limitando los mecanismos constitucionales a la condición de que haya dinero disponible?

Ahora el Tribunal Administrativo del Quindío entró al debate, al responder una tutela del alcalde de Córdoba. Su decisión, como juez constitucional, era predecible: frenar un mecanismo de participación ciudadana por la razón que sea es una violación clara al derecho que tienen las comunidades a “ejercer y manifestar” su voluntad, dijeron los magistrados. Y ordenaron al Ministerio de Hacienda colaborar en la consecución de los recursos para que se realice la consulta. No sería extraño que se presenten acciones de tutela similares en otras regiones del país afectadas por la escasez de recursos.

Más allá de la coyuntura, lo lamentable es que continúe un problema por regulaciones ambiguas y falta de disposición política. El concejal macarenense Pedro Nel Rocha, a propósito de una de las consultas que fueron canceladas por recursos, había dicho que la Alcaldía estaba en capacidad de asumir los costos, pero que “sería inconstitucional. Por eso solicitamos un mecanismo legal con el que podamos financiarla pues estimamos que los costos no superan los $50 millones entre la logística de los jurados y el tema de impresión, que suele ser competencia de la Registraduría”. Es decir, ni siquiera cuando hay la voluntad de afrontar los costos existe la posibilidad tangible de realizarlas.

Nos vemos, entonces, obligados a repetir lo obvio: tiene que reformarse el paradigma de cómo se permite la extracción en el país, buscando una solución concertada entre todas las partes. Son inaceptables estas situaciones, mientras el tiempo pasa, el descontento crece y los recursos se ven amenazados.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.