Las aspersiones fallidas

En una carta del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, se pide convocar a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes —encargado de definir la política antidrogas del país— y se describe un preocupante diagnóstico de la guerra contra los cultivos ilícitos. Sin embargo, nos parece que la solución propuesta por el fiscal, de considerar la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato, es volver a priorizar los paños de agua tibia sobre los remedios necesarios y complejos que amerita el tema.

La misiva de la Fiscalía habla de la necesidad de “evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos”, pues “existen informes que dan cuenta que, a la fecha, las hectáreas de coca sembradas podrían superar con creces las 100.000” y “la transición hacia una paz estable y duradera exige que adelantemos un esfuerzo monolítico para erradicar el flagelo de los cultivos ilícitos que, junto con el tráfico ilegal de estupefacientes, constituye la principal fuente de financiamiento de la criminalidad organizada”. Hasta ahí es imposible no estar de acuerdo con el fiscal Martínez.

El diagnóstico propuesto llama la atención sobre cómo, mientras un conflicto parece llegar a su fin con el acuerdo con las Farc, el narcotráfico se consolida como el enemigo más complicado para el futuro de Colombia. Las protestas y los bloqueos de la población campesina cocalera (345 movilizaciones, según la Fiscalía), las minas antipersona y las municiones sin explotar en las zonas de erradicación, las enfermedades tropicales y la disminución de los grupos móviles de erradicación (de 900 a 200) son los motivos para que los procesos de erradicación manual, priorizados desde que se suspendieron las aspersiones aéreas con glifosato, el 1º de octubre del año pasado, no sean suficientes para reducir los cultivos. Esto, a su vez, provoca que, si bien la Policía ha logrado incautar más toneladas de coca, esto no sea más que una muestra de que la producción ha aumentado y no de que se esté ganando la guerra. También, dice la Fiscalía, el microtráfico nacional se ha consolidado como un mercado rentable, lo que llena de “combustible” la inseguridad en las ciudades.

Son, entonces, dos tipos de problemas los que enfrenta Colombia en el tema de las drogas: primero, uno social, pues las comunidades que han encontrado algo de bienestar gracias al cultivo de cocaína no sienten que el Estado les esté dando suficientes alternativas para abandonar la rentable ilegalidad, y, segundo, uno de orden público, ya que hay grupos de criminales que amenazan la seguridad nacional financiados por el narcotráfico. Ya lo dijimos cuando el frente Primero de las Farc anunció que no se desmovilizaría: con la desaparición de esa guerrilla quedarán sin máscara política varios grupos armados que en realidad lo que quieren es seguir viviendo de la coca.

Dicho lo anterior, y respaldando la idea de que no se está haciendo lo suficiente para enfrentar el problema de raíz, nos separamos de la propuesta del fiscal de “considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea”. La razón está en el mismo diagnóstico de la Fiscalía: los obstáculos no se deben a que no estemos utilizando el glifosato de esta manera.

Según el Observatorio de Drogas de Colombia, en el año 2002 había 102.071 hectáreas de coca. En el 2015 había 96.084. En ese mismo período se fumigaron 1’546.802 hectáreas y se erradicaron manualmente 471.807. Es decir, más de dos millones de hectáreas fueron fumigadas y erradicadas, para una reducción de sólo 6.000 hectáreas. En cambio, sí hay serias dudas sobre los efectos en la salud de los campesinos causados por las aspersiones, así como son bien conocidas las molestias que este mecanismo ha generado en los países vecinos, como Ecuador. Esto, además, sin hablar de que fumigar desde el cielo continúa saboteando los procesos de acercamiento con las comunidades cocaleras, que lo que piden a gritos no es más guerra, sino colaboración directa del Estado para encontrar otros medios de subsistencia.

Hay que hacer algo y el Gobierno tiene que aceptar los hechos preocupantes sobre el fracaso de su estrategia, pero reanudar las aspersiones es un paño de agua tibia que, además de ir en contravía de lo pactado con las Farc, propone seguir poniendo en peligro la salud de los colombianos a cambio de una estrategia que ha mostrado su ineficiencia.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

En una carta del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, se pide convocar a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes —encargado de definir la política antidrogas del país— y se describe un preocupante diagnóstico de la guerra contra los cultivos ilícitos. Sin embargo, nos parece que la solución propuesta por el fiscal, de considerar la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato, es volver a priorizar los paños de agua tibia sobre los remedios necesarios y complejos que amerita el tema.

La misiva de la Fiscalía habla de la necesidad de “evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos”, pues “existen informes que dan cuenta que, a la fecha, las hectáreas de coca sembradas podrían superar con creces las 100.000” y “la transición hacia una paz estable y duradera exige que adelantemos un esfuerzo monolítico para erradicar el flagelo de los cultivos ilícitos que, junto con el tráfico ilegal de estupefacientes, constituye la principal fuente de financiamiento de la criminalidad organizada”. Hasta ahí es imposible no estar de acuerdo con el fiscal Martínez.

El diagnóstico propuesto llama la atención sobre cómo, mientras un conflicto parece llegar a su fin con el acuerdo con las Farc, el narcotráfico se consolida como el enemigo más complicado para el futuro de Colombia. Las protestas y los bloqueos de la población campesina cocalera (345 movilizaciones, según la Fiscalía), las minas antipersona y las municiones sin explotar en las zonas de erradicación, las enfermedades tropicales y la disminución de los grupos móviles de erradicación (de 900 a 200) son los motivos para que los procesos de erradicación manual, priorizados desde que se suspendieron las aspersiones aéreas con glifosato, el 1º de octubre del año pasado, no sean suficientes para reducir los cultivos. Esto, a su vez, provoca que, si bien la Policía ha logrado incautar más toneladas de coca, esto no sea más que una muestra de que la producción ha aumentado y no de que se esté ganando la guerra. También, dice la Fiscalía, el microtráfico nacional se ha consolidado como un mercado rentable, lo que llena de “combustible” la inseguridad en las ciudades.

Son, entonces, dos tipos de problemas los que enfrenta Colombia en el tema de las drogas: primero, uno social, pues las comunidades que han encontrado algo de bienestar gracias al cultivo de cocaína no sienten que el Estado les esté dando suficientes alternativas para abandonar la rentable ilegalidad, y, segundo, uno de orden público, ya que hay grupos de criminales que amenazan la seguridad nacional financiados por el narcotráfico. Ya lo dijimos cuando el frente Primero de las Farc anunció que no se desmovilizaría: con la desaparición de esa guerrilla quedarán sin máscara política varios grupos armados que en realidad lo que quieren es seguir viviendo de la coca.

Dicho lo anterior, y respaldando la idea de que no se está haciendo lo suficiente para enfrentar el problema de raíz, nos separamos de la propuesta del fiscal de “considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea”. La razón está en el mismo diagnóstico de la Fiscalía: los obstáculos no se deben a que no estemos utilizando el glifosato de esta manera.

Según el Observatorio de Drogas de Colombia, en el año 2002 había 102.071 hectáreas de coca. En el 2015 había 96.084. En ese mismo período se fumigaron 1’546.802 hectáreas y se erradicaron manualmente 471.807. Es decir, más de dos millones de hectáreas fueron fumigadas y erradicadas, para una reducción de sólo 6.000 hectáreas. En cambio, sí hay serias dudas sobre los efectos en la salud de los campesinos causados por las aspersiones, así como son bien conocidas las molestias que este mecanismo ha generado en los países vecinos, como Ecuador. Esto, además, sin hablar de que fumigar desde el cielo continúa saboteando los procesos de acercamiento con las comunidades cocaleras, que lo que piden a gritos no es más guerra, sino colaboración directa del Estado para encontrar otros medios de subsistencia.

Hay que hacer algo y el Gobierno tiene que aceptar los hechos preocupantes sobre el fracaso de su estrategia, pero reanudar las aspersiones es un paño de agua tibia que, además de ir en contravía de lo pactado con las Farc, propone seguir poniendo en peligro la salud de los colombianos a cambio de una estrategia que ha mostrado su ineficiencia.

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