En 2010, Wikileaks publicó más de 250.000 documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos, incluyendo cables diplomáticos de sus embajadas en todo el mundo y material militar. Esto, más allá de avergonzar a la burocracia estadounidense, ayudó a demostrar cómo las guerras en Afganistán e Irak estaban plagadas de abusos y desinformación. Catorce años después Julian Assange, fundador del portal y quien se convirtió en “enemigo del Estado” para distintos gobiernos de Estados Unidos, podrá regresar en libertad a su natal Australia. En todo ese tiempo el mundo cambió, hacer periodismo de denuncia se ha vuelto más difícil y no es claro que las democracias liberales tengan la voluntad de proteger con vehemencia la libertad de prensa.
Hay cuestionamientos serios sobre los métodos de Assange y Wikileaks, como el pago por información y la difusión de los datos de forma irresponsable, poniendo en riesgo la vida de personas vulnerables. Sin embargo, el actuar de Wikileaks vino en un momento en el que el gobierno de Estados Unidos había expandido su operación de espionaje a gobiernos extranjeros y libraba dos guerras costosas en vidas humanas y violaciones a los derechos humanos. La publicación del material confidencial para que el mundo entero lo conociera fue un acto de utilidad democrática, de vigilancia a los poderosos y de mostrar que los servidores públicos no pueden acostumbrarse a actuar en las sombras. Por eso mismo, la persecución de Estados Unidos fue implacable.
Durante siete años Assange vivió confinado y refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Después estuvo recluido cinco años adicionales en la prisión de Belmarsh, al sureste de Londres. Gobierno tras gobierno de Estados Unidos había pedido su extradición. Querían imputarle 18 delitos por los que podría haber pagado hasta 175 años en prisión. El deseo de utilizar a Assange como un escarmiento era tan claro, que el Tribunal Supremo de Reino Unido, en decisión reciente, expresó su preocupación por la incapacidad de recibir un juicio justo en caso de ser extraditado. Eso terminó siendo determinante para su liberación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, viendo inminente un cambio de gobierno en Reino Unido, y ante la presión del nuevo gobierno en Australia, decidió ofrecer un acuerdo. Si Assange aceptaba haber violado la Ley de Espionaje, podría ser condenado y dar su pena por cumplida. Él aceptó, y eso fue lo que permitió que hoy esté en Australia, acabando esta saga de persecución.
No obstante, el precedente es nefasto. Porque el delito que tuvo que aceptar es “recibir y obtener” documentos secretos para “comunicarlos voluntariamente” a “personas que no deberían recibirlos”. Eso, palabras más, palabras menos, es lo que hace el periodismo de investigación. Si se convierte en un delito, ¿cómo se sentirán protegidos quienes prenden alarmas en todo el mundo ante los abusos de los Estados? Lo dijo Seth Stern, director de abogacía en la Fundación para la Libertad de Prensa (FPF, por su sigla en inglés): “Esta decisión va a pesar sobre las cabezas de todos los reporteros de seguridad nacional por años”. La lucha por la libertad de prensa y por el acceso a la información sigue siendo urgente.
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En 2010, Wikileaks publicó más de 250.000 documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos, incluyendo cables diplomáticos de sus embajadas en todo el mundo y material militar. Esto, más allá de avergonzar a la burocracia estadounidense, ayudó a demostrar cómo las guerras en Afganistán e Irak estaban plagadas de abusos y desinformación. Catorce años después Julian Assange, fundador del portal y quien se convirtió en “enemigo del Estado” para distintos gobiernos de Estados Unidos, podrá regresar en libertad a su natal Australia. En todo ese tiempo el mundo cambió, hacer periodismo de denuncia se ha vuelto más difícil y no es claro que las democracias liberales tengan la voluntad de proteger con vehemencia la libertad de prensa.
Hay cuestionamientos serios sobre los métodos de Assange y Wikileaks, como el pago por información y la difusión de los datos de forma irresponsable, poniendo en riesgo la vida de personas vulnerables. Sin embargo, el actuar de Wikileaks vino en un momento en el que el gobierno de Estados Unidos había expandido su operación de espionaje a gobiernos extranjeros y libraba dos guerras costosas en vidas humanas y violaciones a los derechos humanos. La publicación del material confidencial para que el mundo entero lo conociera fue un acto de utilidad democrática, de vigilancia a los poderosos y de mostrar que los servidores públicos no pueden acostumbrarse a actuar en las sombras. Por eso mismo, la persecución de Estados Unidos fue implacable.
Durante siete años Assange vivió confinado y refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Después estuvo recluido cinco años adicionales en la prisión de Belmarsh, al sureste de Londres. Gobierno tras gobierno de Estados Unidos había pedido su extradición. Querían imputarle 18 delitos por los que podría haber pagado hasta 175 años en prisión. El deseo de utilizar a Assange como un escarmiento era tan claro, que el Tribunal Supremo de Reino Unido, en decisión reciente, expresó su preocupación por la incapacidad de recibir un juicio justo en caso de ser extraditado. Eso terminó siendo determinante para su liberación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, viendo inminente un cambio de gobierno en Reino Unido, y ante la presión del nuevo gobierno en Australia, decidió ofrecer un acuerdo. Si Assange aceptaba haber violado la Ley de Espionaje, podría ser condenado y dar su pena por cumplida. Él aceptó, y eso fue lo que permitió que hoy esté en Australia, acabando esta saga de persecución.
No obstante, el precedente es nefasto. Porque el delito que tuvo que aceptar es “recibir y obtener” documentos secretos para “comunicarlos voluntariamente” a “personas que no deberían recibirlos”. Eso, palabras más, palabras menos, es lo que hace el periodismo de investigación. Si se convierte en un delito, ¿cómo se sentirán protegidos quienes prenden alarmas en todo el mundo ante los abusos de los Estados? Lo dijo Seth Stern, director de abogacía en la Fundación para la Libertad de Prensa (FPF, por su sigla en inglés): “Esta decisión va a pesar sobre las cabezas de todos los reporteros de seguridad nacional por años”. La lucha por la libertad de prensa y por el acceso a la información sigue siendo urgente.
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