Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El pasado 25 de diciembre, en Valledupar, ocurrió un nuevo ataque contra el medio de periodismo de investigación El Periódico, dedicado a denunciar casos de corrupción en esa ciudad. En la noche, una persona desconocida irrumpió violentamente en la sede del medio, destrozó el techo y cortó los cables de electricidad de las lámparas y las cámaras de seguridad. No hubo hurtos, pero sí deterioro a la infraestructura, lo que evidencia que se trata de un acto de sabotaje. El daño dejó al medio sin electricidad y por eso, desde entonces, ha dejado de producir contenidos.
Los periodistas de El Periódico se han ocupado de investigar su propio caso, pues aseguran que la Policía de Valledupar no les ha brindado protección. Este episodio quedó consignado en el expediente que, desde meses atrás, lleva un fiscal especializado en derechos humanos de Bogotá, pues el equipo que conforma el periódico ya ha recibido amenazas y sus familiares han sido perfilados. En mayo de 2023, José Vega, su director, denunció en un editorial que tenía información de un supuesto plan para asesinarlo, que involucraba a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Cesar, controlada por el clan Gnecco. Semanas antes, El Periódico denunció un plan para adjudicar una licitación con irregularidades en la conformación del consorcio seleccionado y en las pólizas de seguros. Tras la publicación, la administración departamental debió declarar desierta la licitación. Publicaciones de ese tipo han hecho de El Periódico un medio incómodo para los poderosos de Cesar.
Algunas de las denuncias que El Periódico ha hecho son un presunto carrusel en la alcaldía de Valledupar, que favorecería a empresas vinculadas al hermano del entonces alcalde ‘Mello’ Castro, y otro presunto carrusel en la gobernación del Cesar mediante el cual se adjudicaron contratos multimillonarios a empresas de personas cercanas a Andrés Arturo Fernández, pariente de la casa Gnecco y político en el departamento. En estas últimas denuncias figura la empresa Bioprojects S.A.S. zomac, perteneciente a un amigo del entonces gobernador (e) Andrés Meza, y de la cual en este diario reportamos cómo se benefició de un festival de contratos mediante prácticas non sanctas.
En todo el país, incluido el Cesar, es imprescindible que exista una prensa independiente capaz de fiscalizar a los políticos. Creemos que la existencia de un ecosistema diverso de medios libres puede ser la mejor herramienta para combatir la corrupción y defender la democracia. Es necesario proteger y fortalecer a los pequeños medios independientes y asegurar que el periodismo local se mantenga vivo. También es imperativo proteger a quienes denuncian casos de corrupción.
Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, rechazó lo ocurrido con El Periódico y explicó que esta es una de las razones por las que el proyecto que ha impulsado para proteger a los denunciantes de la corrupción “tiene que ser ley de la República”. Estamos de acuerdo, pero consideramos que se necesitan medidas de protección inmediata que garanticen la seguridad de los periodistas y sus familias. Ya la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) expresó su preocupación con lo ocurrido e hizo a la Fiscalía el mismo llamado.
En El Espectador, a lo largo de nuestra historia, hemos vivido en carne propia ataques y censura por hacer nuestro trabajo. Por eso nos solidarizamos con nuestros compañeros y exigimos a las autoridades que tomen en serio sus denuncias.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.