De poco ha servido el supuesto compromiso del Estado colombiano con la violencia de género. Cinco años después de la Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, en respuesta y homenaje por el atroz crimen cometido contra ella, las mujeres colombianas siguen siendo asesinadas, acosadas, violentadas y aterrorizadas. ¿De qué sirve aumentar las penas si la impunidad sigue siendo la norma? ¿Para qué las líneas de atención si eventualmente las víctimas se chocan contra una pared de prejuicios e inacción institucional?
Esta semana asesinaron a la joven Daniela Quiñones Pimienta, quien fue hallada en el río Cauca y estaba desaparecida desde la madrugada del pasado domingo. Su caso no es aislado. Entre enero y mayo, 315 mujeres han sido asesinadas, 16.473 han sido víctimas de violencia intrafamiliar y 6.400 han denunciado delitos sexuales, según reporta Medicina Legal. Estas cifras, por cierto, son una subrepresentación del problema: son muchos los casos que permanecen en la oscuridad porque no hay denuncias o porque las víctimas se encuentran sometidas a relaciones de poder que las obligan a censurarse.
Cada vez que ocurre un feminicidio, la dinámica se repite. Las mujeres empiezan a contar en redes sociales que tienen miedo, a compartir cuáles son los mecanismos de autoprotección que han tenido que emplear, a denunciar que hay un problema sistemático, y la respuesta de muchos hombres es decir que a ellos también los matan, y que los matan más.
Sí, a los hombres también los matan. Pero, primero, quienes los matan son, en su mayoría, otros hombres. Segundo, los motivos por los que los matan y los contextos en los que ocurren son distintos. Las mujeres son las principales víctimas de violencia y abuso sexual en sus hogares, en sus espacios supuestamente seguros. Sus victimarios son en su mayoría hombres cercanos, familiares o parejas que previo al asesinato abusaron sexualmente de ellas. Por eso es un problema que merece especial atención. Por eso necesitamos soluciones especializadas. Por eso es que se habla de la experiencia de género como un determinante necesario para cualquier política pública.
A las mujeres las siguen matando los hombres. A las mujeres las siguen persiguiendo los hombres. A las mujeres les sigue pesando un sistema desigual y construido en torno al privilegio de los hombres, amparados en la impunidad, y a unas autoridades que no saben cómo reaccionar.
Colombia es un país de actos legislativos grandilocuentes. Se aprueban leyes con penas altas y el Congreso, el Ejecutivo, las cortes, la Fiscalía y, al final, la sociedad toda se lavan las manos. Pero el fetichismo punitivo es inútil, porque en la práctica las mujeres siguen con temor a denunciar, con problemas para acceder a la justicia, sometidas a condiciones que fomentan el silencio.
Cada feminicidio es un llamado de atención. No podemos cruzarnos de brazos y lamentarnos porque el mundo es así y las calles y las casas son territorios inseguros para las mujeres. No, eso puede cambiar. Eso tiene que cambiar. No podemos permitir que las sigan matando.
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