La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elige hoy al nuevo presidente o presidenta en medio de ataques contra su existencia. Después de los cuatro años de amenaza a la justicia transicional bajo la presidencia de Iván Duque, los dos años de gobierno de Gustavo Petro han sido de una ambivalencia que preocupa. Aunque recientemente, después de reclamos públicos por parte de los magistrados, la Casa de Nariño anunció $100 mil millones para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, el principal reto de la dirección de los tribunales de paz será navegar en aguas turbias.
Son muchos los retos de la JEP. A medida de que nos acercamos a su primera sentencia, proyectada para el año entrante, surgen las tensiones sobre sus alcances y su capacidad de materializar las promesas del Acuerdo de Paz. Esto viene en medio de unos sorprendentes opositores: los mismos firmantes de La Habana. El exsecretariado de las FARC ha hecho públicas sus preocupaciones, a veces presentadas como poco veladas amenazas al reconocimiento de la legitimidad de los tribunales de paz, por la manera en que los magistrados han decidido llevar a cabo los casos. Luego, miembros del gobierno de Juan Manuel Santos, incluyendo al mismo expresidente, expresaron molestias. En palabras del exmandatario: “la JEP, que fue creada por el Acuerdo de Paz, necesita que le den instrucciones para que no continúe con una actitud maximalista. Si continúa con esa actitud, la JEP no va a cumplir con los términos, va a terminar su período sin haber resuelto el tema de la justicia”.
Por su parte, el gobierno Petro ha sido ambivalente. Si bien ha dado respaldos en términos financieros, su Cancillería ha hecho comentarios desobligantes hacia la JEP en el pasado. La Casa de Nariño está frustrada porque la justicia transicional vigente no parece servirle en sus procesos de paz total que están en curso. Eso, sin embargo, no justifica el abandono de lo pactado.
Lo que necesita la JEP, en este momento, es un respaldo vehemente y producto de un consenso. Los temores son infundados. La investigación de los mandos medios se hizo necesaria para garantizar la verdad y la construcción de casos complejos. Las sanciones, en todo caso, no excederán lo pactado ni tampoco se acumularán. La participación política de los ex-FARC no está en discusión y los macrocasos serán un gran aporte a un país sediento de justicia. En medio de tanto ruido se tiende a olvidar que nuestros tribunales de paz son referente internacional por razones sólidas. Debemos cuidar su labor.
Es en este contexto que se produce la elección de la JEP. Como contó Colombia+20 de El Espectador, los tres más opcionados son la magistrada Reinere Jaramillo y los magistrados Danilo Rojas y Alejandro Ramelli, todos juristas capaces y que han mostrado resultados dentro de la justicia transicional. Lo clave es que el pleno de magistrados entienda la importancia de enviar un mensaje de unión interna y que quien sea elegido o elegida comprenda que su rol político es ineludible. Seguirán los tiempos turbulentos y empezará la campaña electoral, por lo que quien dirija la JEP tendrá la labor de luchar por su legitimidad. Su éxito es fundamental para el país entero.
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