Benedetti y la diplomacia feminista: una contradicción del gobierno Petro
La permanencia de Armando Benedetti como representante de Colombia en el exterior es una incoherencia del gobierno de Gustavo Petro. El embajador de Colombia ante la Organización de la ONU para la Alimentación y Agricultura (FAO) llegó a ese cargo después de haber amenazado públicamente al presidente de la República y con una denuncia en su contra por parte de Laura Sarabia, hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, lo que hizo extraño su nombramiento. Ahora, cuando usó indebidamente la inmunidad diplomática para saltarse un arresto en España por violencia intrafamiliar, no se puede hablar de un país con “política exterior feminista” y al mismo tiempo mantener un servidor público antagonista a esa idea.
El embajador Benedetti tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Eso, como en todos los casos que involucran a servidores públicos que hemos comentado en este espacio, no está en duda. Sin embargo, como dieron a conocer los colegas de Blu Radio, hay varios puntos de este caso que cuestionan su permanencia en el cargo. La policía de Madrid tuvo que acudir a su residencia privada porque vecinos lo escucharon agredir verbalmente a su esposa, Adelina Guerrero. Fue esa intervención, dicen, la que evitó que la situación pasara a violencia física. Para evitar el arresto, Benedetti invocó inmunidad diplomática, que la embajada colombiana en Madrid certificó.
Son varias las consideraciones. La inmunidad diplomática es un derecho internacional fundamental que ha garantizado la protección de las misiones nacionales por todo el mundo. No obstante, su uso no puede ser caprichoso y mucho menos para burlar a la justicia de un país ante denuncias de violencia de género. ¿Por qué la embajada no dudó en su aplicación? ¿Cómo puede hablarse de una “política exterior feminista” si los servidores públicos, sorprendidos en flagrancia, se saltan la norma escudados en ser representantes de Colombia? Si la policía consideraba necesario llevar a cabo la captura, nuestra diplomacia no debió impedirlo.
Más allá de lo anterior, el embajador Benedetti dice que “lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español”. Sí, será fundamental que participe en el proceso en ese país, pero la Cancillería necesita dar respuestas antes sobre sus propias investigaciones. Al respecto, Luis Gilberto Murillo, cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que “vamos a seguir este proceso y a tomar decisiones rápidamente”. Según el canciller, el proceso disciplinario ya recolectó la información pertinente y pronto llegará a conclusiones. El país espera con atención la resolución.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha actuado de manera apropiada desde que se enteró de los hechos, pero la pregunta previa sigue siendo por qué un político como Benedetti, con un historial de agresiones verbales, con enfrentamientos directos con Presidencia y con procesos penales abiertos en la Corte Suprema de Justicia fue elegido para ese cargo. Su cercanía a las sospechas sobre financiación irregular de la campaña Petro hacen que haber invocado la inmunidad sea más difícil de tragar. Mientras Colombia ha buscado posicionarse globalmente como una diplomacia feminista, es en casos como este que la teoría tiene que ser coherente con las decisiones prácticas.
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La permanencia de Armando Benedetti como representante de Colombia en el exterior es una incoherencia del gobierno de Gustavo Petro. El embajador de Colombia ante la Organización de la ONU para la Alimentación y Agricultura (FAO) llegó a ese cargo después de haber amenazado públicamente al presidente de la República y con una denuncia en su contra por parte de Laura Sarabia, hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, lo que hizo extraño su nombramiento. Ahora, cuando usó indebidamente la inmunidad diplomática para saltarse un arresto en España por violencia intrafamiliar, no se puede hablar de un país con “política exterior feminista” y al mismo tiempo mantener un servidor público antagonista a esa idea.
El embajador Benedetti tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Eso, como en todos los casos que involucran a servidores públicos que hemos comentado en este espacio, no está en duda. Sin embargo, como dieron a conocer los colegas de Blu Radio, hay varios puntos de este caso que cuestionan su permanencia en el cargo. La policía de Madrid tuvo que acudir a su residencia privada porque vecinos lo escucharon agredir verbalmente a su esposa, Adelina Guerrero. Fue esa intervención, dicen, la que evitó que la situación pasara a violencia física. Para evitar el arresto, Benedetti invocó inmunidad diplomática, que la embajada colombiana en Madrid certificó.
Son varias las consideraciones. La inmunidad diplomática es un derecho internacional fundamental que ha garantizado la protección de las misiones nacionales por todo el mundo. No obstante, su uso no puede ser caprichoso y mucho menos para burlar a la justicia de un país ante denuncias de violencia de género. ¿Por qué la embajada no dudó en su aplicación? ¿Cómo puede hablarse de una “política exterior feminista” si los servidores públicos, sorprendidos en flagrancia, se saltan la norma escudados en ser representantes de Colombia? Si la policía consideraba necesario llevar a cabo la captura, nuestra diplomacia no debió impedirlo.
Más allá de lo anterior, el embajador Benedetti dice que “lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español”. Sí, será fundamental que participe en el proceso en ese país, pero la Cancillería necesita dar respuestas antes sobre sus propias investigaciones. Al respecto, Luis Gilberto Murillo, cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que “vamos a seguir este proceso y a tomar decisiones rápidamente”. Según el canciller, el proceso disciplinario ya recolectó la información pertinente y pronto llegará a conclusiones. El país espera con atención la resolución.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha actuado de manera apropiada desde que se enteró de los hechos, pero la pregunta previa sigue siendo por qué un político como Benedetti, con un historial de agresiones verbales, con enfrentamientos directos con Presidencia y con procesos penales abiertos en la Corte Suprema de Justicia fue elegido para ese cargo. Su cercanía a las sospechas sobre financiación irregular de la campaña Petro hacen que haber invocado la inmunidad sea más difícil de tragar. Mientras Colombia ha buscado posicionarse globalmente como una diplomacia feminista, es en casos como este que la teoría tiene que ser coherente con las decisiones prácticas.
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