La buena noticia para Bolivia es que el intento de golpe de Estado que presenció el mundo entero esta semana fracasó de manera rotunda y que los implicados están respondiendo ante la justicia. La mala noticia es que el país está en una crisis institucional, en medio de problemas económicos paralizantes y de divisiones políticas tan profundas, que es difícil ver cómo podrá enfrentar los retos tan enormes que tiene ante sí. Han sido años difíciles para Bolivia y todo parece indicar que lo seguirán siendo.
El teatro de los golpes militares siempre es ridículo. Una tanqueta del Ejército de Bolivia, rodeada de efectivos uniformados, intentó entrar en un edificio de gobierno. Allí, el excomandante de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga, convocó al pueblo para construir una supuesta verdadera democracia y dijo que el actual presidente, Luis Arce Catacora, les había fallado a los ciudadanos. Mientras esto ocurría, sus hombres dispersaban con gases lacrimógenos a manifestantes prodemocracia. Por fortuna, los refuerzos nunca llegaron, Zúñiga se quedó virtualmente solo, las guarniciones militares que esperaba que se le unieran no respondieron, Arce cambió la cúpula del Ejército y el nuevo comandante ordenó que se replegaran las fuerzas. Se evitó un desastre, pero el circo apenas comenzaba.
Lo que ha pasado tras el intento de golpe muestra los problemas de una nación dividida. Al ser capturado, Zúñiga lanzó una confesión desconcertante: “El presidente me dijo que la situación estaba jodida y necesitaba algo para levantar su popularidad”. Y cuando le preguntaron si se trató de un autogolpe, lo confirmó: “Sí, sí”. Al cierre de esta edición, el excomandante, que ha sido capturado junto con 17 golpistas más, no ha dado más declaraciones. Su testimonio debe tomarse con pinzas, por supuesto, pero opositores al gobierno de Arce han adoptado esa misma estrategia. El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez, fiel seguidor de Evo Morales, dijo que todo fue “a petición” del Gobierno y que “ahora podríamos denominar esto (como un) autogolpe”.
Detrás está la figura de Evo Morales. Aunque Arce fue su ministro de Economía, el actual presidente y la figura caudillista se han distanciado en los últimos años. Eso llevó a una parálisis del Gobierno, pues Morales sigue ejerciendo un poder considerable. Para completar, el año pasado dijo que se lanzaría a un tercer mandato para competirle la elección a Arce. “Obligados por los ataques del Gobierno, su plan para proscribir al MAS-IPSP [Movimiento al Socialismo – Instrumento por la Soberanía de los Pueblos] y defenestrarnos con procesos políticos, incluso eliminarnos físicamente, hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia”, dijo. Solo hay un problema: su candidatura es inconstitucional. Haberse intentado reelegir violando la carta política ocasionó una crisis política en 2019 y ahora Morales pretende dar otro golpe de Estado institucional.
Por todo esto, más allá de la necesidad de que las autoridades aclaren qué ocurrió y quiénes son los responsables, el pronóstico para Bolivia es reservado. Su deuda está calificada internacionalmente de basura, tiene una crisis de gasolina que lleva al país a gastarse US$2.000 millones cada año para importar combustible y su explotación de gas natural, que durante años había sido esencial para la economía, está en mínimos históricos. El estallido de esta semana es la punta del iceberg de un país que naufraga en medio de las confrontaciones políticas.
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