Cae un gigante del oro nacional, ¿qué sigue?
Si las investigaciones de la Fiscalía contra la Comercializadora Internacional J. Gutiérrez y Cía. S.A. llevan a la condena de sus miembros, se habrá desmantelado una de las operaciones de lavado de activos más grandes en la historia reciente del país. Se trata de un recordatorio sobre lo difícil que ha sido en Colombia combatir la minería ilegal y las organizaciones criminales que se construyen alrededor de ellas.
El Espectador
La Comercializadora es referente internacional en la exportación y venta de oro. Entre 2006 y 2016, reportó operaciones por $10,4 billones. Sin embargo, como contó un artículo de investigación de El Espectador, la Fiscalía capturó el jueves de la semana pasada a 11 personas que habrían participado en operaciones ficticias que permitieron lavar billonarias sumas de dinero. Entre ellos, están el representante legal de C. I. J. Gutiérrez, Andrés Viera Gutiérrez; la exgerente de la Comercializadora, Margarita Rosa Escobar; el exrevisor fiscal de la sociedad, Juan Roberto Muñoz; y el contador Guillermo Antonio Rojas.
Información obtenida por la Fiscalía y vista por El Espectador dan cuenta de, por lo menos, $2,4 billones lavados en activos, legalizados con exportaciones y pagos en efectivo con cheques cobrados en Bancolombia.
Al parecer, miembros de la Comercializadora construyeron una red de empresas fachadas y proveedores. ¿El objetivo? Legalizar el oro ilegal, contra el que las autoridades llevan décadas luchando.
La existencia de explotación ilegal del oro ha sido la causante de diversos conflictos. Por un lado, están los mineros artesanales del país, que reclaman protecciones legales e incentivos para poder llevar a cabo las tareas que facilitan su subsistencia. Por otro, están las grandes empresas extractivas, que ven cómo sus inversiones se devaluan injustamente por la presencia de los mineros ilegales. También, y esto afecta a los dos actores mencionados, están los grupos al margen de la ley que se financian con la extracción ilegal y controlan porciones del territorio a fuego y sangre. Adicionalmente, está el terrible impacto ambiental que genera, amenazando la sostenibilidad del país en el mediano y largo plazo.
Todo ese ecosistema es el que estaría ayudando a funcionar la Comercializadora. No sobra agregar que, después de la captura, sólo uno de los implicados aceptó cargos: Henry Alexánder Hernández Remolina, proveedor de C. I. J. Gutiérrez, que entre 2011 y 2016 le vendió $186.800 millones de oro.
Las implicaciones de este caso todavía no han terminado de descubrirse. La Fiscalía sigue investigando la relación de la Comercializadora con empresas en el exterior, pues hay indicios de que las irregularidades no terminan en lo que se ha expuesto.
Hace cuatro años, Goldtex, otra de las grandes exportadoras de oro del país, también cayó por operaciones ficticias. Esto hace que surja una pregunta urgente: ¿es momento de tomar decisiones sobre la comercialización del oro nacional?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com
La Comercializadora es referente internacional en la exportación y venta de oro. Entre 2006 y 2016, reportó operaciones por $10,4 billones. Sin embargo, como contó un artículo de investigación de El Espectador, la Fiscalía capturó el jueves de la semana pasada a 11 personas que habrían participado en operaciones ficticias que permitieron lavar billonarias sumas de dinero. Entre ellos, están el representante legal de C. I. J. Gutiérrez, Andrés Viera Gutiérrez; la exgerente de la Comercializadora, Margarita Rosa Escobar; el exrevisor fiscal de la sociedad, Juan Roberto Muñoz; y el contador Guillermo Antonio Rojas.
Información obtenida por la Fiscalía y vista por El Espectador dan cuenta de, por lo menos, $2,4 billones lavados en activos, legalizados con exportaciones y pagos en efectivo con cheques cobrados en Bancolombia.
Al parecer, miembros de la Comercializadora construyeron una red de empresas fachadas y proveedores. ¿El objetivo? Legalizar el oro ilegal, contra el que las autoridades llevan décadas luchando.
La existencia de explotación ilegal del oro ha sido la causante de diversos conflictos. Por un lado, están los mineros artesanales del país, que reclaman protecciones legales e incentivos para poder llevar a cabo las tareas que facilitan su subsistencia. Por otro, están las grandes empresas extractivas, que ven cómo sus inversiones se devaluan injustamente por la presencia de los mineros ilegales. También, y esto afecta a los dos actores mencionados, están los grupos al margen de la ley que se financian con la extracción ilegal y controlan porciones del territorio a fuego y sangre. Adicionalmente, está el terrible impacto ambiental que genera, amenazando la sostenibilidad del país en el mediano y largo plazo.
Todo ese ecosistema es el que estaría ayudando a funcionar la Comercializadora. No sobra agregar que, después de la captura, sólo uno de los implicados aceptó cargos: Henry Alexánder Hernández Remolina, proveedor de C. I. J. Gutiérrez, que entre 2011 y 2016 le vendió $186.800 millones de oro.
Las implicaciones de este caso todavía no han terminado de descubrirse. La Fiscalía sigue investigando la relación de la Comercializadora con empresas en el exterior, pues hay indicios de que las irregularidades no terminan en lo que se ha expuesto.
Hace cuatro años, Goldtex, otra de las grandes exportadoras de oro del país, también cayó por operaciones ficticias. Esto hace que surja una pregunta urgente: ¿es momento de tomar decisiones sobre la comercialización del oro nacional?
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