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Los aplausos para la “paz total” en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esta semana contrastan con la violencia recrudecida que se está viviendo en Colombia, las torpezas del Gobierno y la falta de claridad en la estrategia de seguridad para el complicado momento de la negociación con múltiples grupos que tienen características disímiles entre sí. Si el Gobierno sigue andando sin una ruta clara y con una Fuerza Pública confundida y frustrada, la gran ambición por alcanzar la paz puede fracasar de manera rotunda.
El país está en una crisis de seguridad. Esta semana, en Puerto Rondón (Arauca) el Ejército encontró a 11 personas asesinadas, 20 artefactos explosivos y 12 medios de lanzamiento de cilindros de 40 libras. Todo por un enfrentamiento entre el Eln y las disidencias de las Farc. Por cierto, la Defensoría del Pueblo ha informado que en Arauca el año pasado fueron asesinadas 352 personas. Sí, han leído bien, 352 personas.
El desastre no para ahí: el sargento Juan Gabriel Chicanoi y el soldado Luis Domingo Morales fueron secuestrados por las disidencias en hechos individuales. Hace un mes en Orito (Putumayo) masacraron a cinco personas. El mismo día que ocurrió esa tragedia, en Puerto Gaitán (Meta), masacraron a tres más. Esto después de que 2022 fue el año con mayor número de líderes sociales asesinados: 199 casos, según la Defensoría del Pueblo. La Misión de Verificación de la ONU advirtió que en 2022 fueron asesinados 50 firmantes del Acuerdo de Paz. Human Rights Watch, en su informe global recién publicado, resume la situación: “La violencia adoptó nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas durante los años posteriores, que en 2022 alcanzaron niveles similares a los que existían antes del proceso de paz”.
Todo esto ocurre mientras hay denuncias de que la Fuerza Pública, en vísperas de respetar el cese al fuego, no ha intervenido ni en los enfrentamientos entre los grupos armados ni contra delitos como el tráfico de drogas, incluso en lugares donde se han realizado acuerdos valiosos de no violencia, como Buenaventura. La labor del Ministerio de Defensa ha sido opaca en cuanto a proponer una estrategia de seguridad efectiva y que acompañe los diálogos de paz. Por el afán del Gobierno de mostrar resultados, la táctica no puede ser quedarse de brazos cruzados. Cuando se adelantaban las negociaciones con las Farc, el Ejército dio de baja a alias Alfonso Cano, entre muchos otros operativos que sirvieron como presión. El Estado no puede renunciar a su fuerza, menos cuando tanta sangre se está regando por el país. No podemos caer en una especie de “donbernabilidad” a gran escala.
La opacidad también se ha mantenido en las múltiples negociaciones que adelanta el Gobierno. ¿Sí están entendiendo los grupos criminales que se trata de un sometimiento y no de un diálogo político? ¿Cómo está operando la Fuerza Pública en la persecución de los crímenes que se siguen cometiendo? El Gobierno ha intentado acelerar procesos que apenas están mostrando su gran complejidad. Y la población ha quedado abandonada a su suerte entre los discursos de una paz soñada que no muestra tener un rumbo sólido.
Le seguimos apostando a la paz, por supuesto, y qué importante sería tener un año de acuerdos exitosos. Pero la administración Petro no puede dejar de lado su obligación de cuidar la seguridad nacional. Las buenas voluntades no deben ignorar la realidad del país.
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