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Aunque todavía falta el visto bueno de la Superintendencia de Sociedades, todo parece apuntar a que en muy poco tiempo Bogotá será dueña del 51% de Capital Salud, nueva EPS que surgirá de la asociación con Salud Total. La idea general es obtener lo mejor de ambos mundos: el rendimiento y la eficiencia del sector privado con la preocupación por la salud de los ciudadanos del sector público, incluidos sus planes de prevención, promoción y cobertura. Para lograr este propósito, Salud Total aportará su personal, organización y usuarios —450 mil en la actualidad—, y el Distrito sus 22 hospitales.
Capital Salud surgió como una alternativa para enfrentar una historia de difíciles circunstancias financieras de la red hospitalaria, cuyo clímax se alcanzó el año pasado al reportarse una deuda de más de $180 mil millones. Con la creación de la nueva EPS se espera que el Distrito sea capaz de dinamizar los hospitales y recuperar usuarios perdidos. Un mayor número de pacientes carnetizados significa más afiliados del régimen contributivo, lo que ayuda a aliviar —aunque sea parcialmente— el costo de los beneficiarios del régimen subsidiado, cuyo pago por parte del Estado suele demorarse en llegar. Además, se espera que el sistema administrativo característico de la empresa privada pueda reducir los conocidos costos de las burocracias establecidas y ayude a aliviar la cartera a través de manejos más eficientes.
Por supuesto, los hospitales no serían los únicos favorecidos. El aumento en la cobertura y la calidad sería algo de lo que los usuarios disfrutarían. La unión con Salud Total representa 140 puntos de atención además de los hospitales del Distrito, sin mencionar la oferta de un servicio más amplio, capacitado y eficiente. Por su parte, esta empresa prestadora de salud, ganaría la oportunidad de brindar a sus afiliados los servicios de los 22 hospitales distritales y alcanzar un aumento importante en sus usuarios. Se espera que para el final de año se llegue a los 800 mil beneficiarios y la cifra siga creciendo.
Una ganancia para todos, parece. Sin embargo, no ha faltado quienes se han opuesto a la iniciativa. Sus contradictores arguyen que tal unión, la cual no demora en ser imitada por el resto de ciudades del país, podría generar la creación de oligopolios y, con ella, la restricción en la oferta de EPS para los beneficiaros, sin mencionar los obstáculos que generaría para la libre competencia. Además han argumentado que aunque los niveles de concentración pueden no justificar una objeción por parte de la Supersociedades, sí se pueden generar favoritismos en la contratación y en el trato a los usuarios que no sean de Capital Salud. Situaciones, ambas, poco deseables.
En Colombia nunca se ha utilizado participación público-privada en este sector, aunque la experiencia de Chile y México ha sido exitosa. En estos países la calidad del servicio mejoró, se disminuyó el número de trámites y se redujo los niveles de corrupción. Esto no implica, por supuesto, que en Colombia la historia vaya a ser la misma. Siempre podrán darse malos manejos que ni siquiera son regulables. No obstante, una alternativa sólida como ésta debe ser bienvenida, pues mientras se mantenga la filosofía de que los usuarios puedan elegir la EPS que deseen —para lo que hay que esperar el fallo de la Supersociedades— y la atención que se ofrezca sea mejor, es necesario respetarles el principio de la buena fe a los administradores. Los proyectos prometedores no pueden dejar de ser promovidos porque quepa la posibilidad de que se abuse de ellos.