La prohibición de la venta de carbón a Israel, anunciada por el gobierno de Gustavo Petro y en proceso de diseño por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene consideraciones que van más allá del necesario rechazo a la violencia que está ejerciendo el gobierno de Benjamin Netanyahu. La Casa de Nariño defiende la medida en la presión que busca ejercer para detener las decenas de miles de asesinatos de palestinos, un fin loable, pero en el proceso está poniendo en entredicho la libertad privada en Colombia, la Constitución y las consideraciones de regalías. En los cálculos diplomáticos, ¿dónde queda el mensaje que se le envía al mundo sobre la seguridad jurídica en nuestro Estado?
Luis Carlos Reyes, nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo, dio un argumento contundente para respaldar la prohibición de la venta. En entrevista con la W, dijo que lo que se busca es ser coherente en cuanto a “la política exterior del Gobierno, en términos de una oposición completa al genocidio”. Según el Gobierno, el Tratado de Libre Comercio con Israel y los acuerdos comerciales permiten que en casos extraordinarios, como el que se presenta en Gaza, se modifique lo pactado. Insistimos: el rechazo a Israel debe ser vehemente.
Sin embargo, hay voces que han encendido alarmas por lo que esta prohibición implica para Colombia. Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), dijo que “el proyecto de decreto por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel es violatorio de la Constitución Política y el Plan Nacional de Desarrollo”. Una alerta similar hizo la Contraloría que, en carta firmada por el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, expresa que “es inquietante el mensaje que el Gobierno está enviando al mundo, teniendo en cuenta que se está dando a entender que la nación no cuenta con la estabilidad jurídica para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas”. También recuerda que “no es menos cierto que Colombia, a través de sus exportaciones, en especial de carbón, genera recursos para inversión en políticas sociales”.
Lo dicho: es un debate complejo. El Gobierno dice que las exportaciones se pueden sustituir, pero la prohibición de la exportación afecta a empresas extranjeras y no es claro que Estados Unidos, aliado de Israel, busque reemplazarlas. ¿Se abrirá la puerta a otros actores también con un récord perverso en derechos humanos? ¿Cómo funciona ahí la postura moral en términos de política comercial? Más importante aún: violar la seguridad jurídica y la autonomía empresarial va en contravía de la Constitución, de las promesas que ha hecho el Estado y puede generar efectos a mediano y largo plazo que sean negativos para Colombia. Todo eso debe considerarse.
Colombia ya rompió relaciones diplomáticas con Israel. El presidente Petro se ha posicionado como uno de los líderes mundiales con un discurso más claro en lo relativo al gobierno autoritario de Benjamin Netanyahu. Tal vez es momento de reconsiderar esta prohibición, teniendo en cuenta las implicaciones que tiene para el país. Es popular y necesario oponerse al genocidio, pero ¿no hay otras herramientas de presión que no pongan en duda principios fundamentales de nuestro Estado de derecho?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
La prohibición de la venta de carbón a Israel, anunciada por el gobierno de Gustavo Petro y en proceso de diseño por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene consideraciones que van más allá del necesario rechazo a la violencia que está ejerciendo el gobierno de Benjamin Netanyahu. La Casa de Nariño defiende la medida en la presión que busca ejercer para detener las decenas de miles de asesinatos de palestinos, un fin loable, pero en el proceso está poniendo en entredicho la libertad privada en Colombia, la Constitución y las consideraciones de regalías. En los cálculos diplomáticos, ¿dónde queda el mensaje que se le envía al mundo sobre la seguridad jurídica en nuestro Estado?
Luis Carlos Reyes, nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo, dio un argumento contundente para respaldar la prohibición de la venta. En entrevista con la W, dijo que lo que se busca es ser coherente en cuanto a “la política exterior del Gobierno, en términos de una oposición completa al genocidio”. Según el Gobierno, el Tratado de Libre Comercio con Israel y los acuerdos comerciales permiten que en casos extraordinarios, como el que se presenta en Gaza, se modifique lo pactado. Insistimos: el rechazo a Israel debe ser vehemente.
Sin embargo, hay voces que han encendido alarmas por lo que esta prohibición implica para Colombia. Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), dijo que “el proyecto de decreto por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel es violatorio de la Constitución Política y el Plan Nacional de Desarrollo”. Una alerta similar hizo la Contraloría que, en carta firmada por el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, expresa que “es inquietante el mensaje que el Gobierno está enviando al mundo, teniendo en cuenta que se está dando a entender que la nación no cuenta con la estabilidad jurídica para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas”. También recuerda que “no es menos cierto que Colombia, a través de sus exportaciones, en especial de carbón, genera recursos para inversión en políticas sociales”.
Lo dicho: es un debate complejo. El Gobierno dice que las exportaciones se pueden sustituir, pero la prohibición de la exportación afecta a empresas extranjeras y no es claro que Estados Unidos, aliado de Israel, busque reemplazarlas. ¿Se abrirá la puerta a otros actores también con un récord perverso en derechos humanos? ¿Cómo funciona ahí la postura moral en términos de política comercial? Más importante aún: violar la seguridad jurídica y la autonomía empresarial va en contravía de la Constitución, de las promesas que ha hecho el Estado y puede generar efectos a mediano y largo plazo que sean negativos para Colombia. Todo eso debe considerarse.
Colombia ya rompió relaciones diplomáticas con Israel. El presidente Petro se ha posicionado como uno de los líderes mundiales con un discurso más claro en lo relativo al gobierno autoritario de Benjamin Netanyahu. Tal vez es momento de reconsiderar esta prohibición, teniendo en cuenta las implicaciones que tiene para el país. Es popular y necesario oponerse al genocidio, pero ¿no hay otras herramientas de presión que no pongan en duda principios fundamentales de nuestro Estado de derecho?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.