Caso Nicolás Petro: una vez más, confiamos en la fortaleza institucional
Las declaraciones de Nicolás Petro sobre la posible financiación ilícita de la campaña que llevó a su padre, el presidente Gustavo Petro, a la Casa de Nariño son gravísimas y deben ser tomadas con la mayor seriedad. Ante el complejo proceso judicial que se avecina y la crisis que enfrenta el primer mandatario sin haber cumplido un año en el poder, las instituciones del país deberán esclarecer lo ocurrido y demostrar una vez más su fortaleza e independencia.
Lo que se ha conocido hasta ahora es que Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía que recibió plata de personajes cuestionados para su beneficio personal, pero también para ayudar a financiar la candidatura de su padre en 2022 y, más grave aún, que esos dineros no fueron reportados y superaron los topes legales. De esto último no ha entregado pruebas todavía, pero no es la primera vez que hay cuestionamientos sobre la financiación de la campaña presidencial. Hoy resuenan los ecos de los audios de Armando Benedetti, quien coordinó la campaña en el Caribe con Petro hijo, sobre la presunta entrada de dineros ilícitos. Hay dudas razonables y serios indicios de que las cuentas de la campaña guardan oscuros secretos.
Luego de las revelaciones, el presidente marcó distancia con su hijo, negó categóricamente estar enterado del ingreso de dineros indebidos y reiteró su respeto al trabajo independiente de la justicia. Sin embargo, a renglón seguido, lanzó palabras exaltadas y temerarias que resultan inquietantes: “Nadie puede terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo. Y el pueblo dio una orden en las urnas electorales: nos vamos hasta 2026”, dijo ante una multitud en Sincelejo.
Por supuesto que el presidente tiene derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, pero le hace un flaco favor a la democracia cuando insiste en lanzar teorías conspirativas de entrampamientos orquestados en su contra, para desestimar sospechas fundadas. Es difícil comprender su obsesión con el supuesto golpe blando que querrían asestarle desde fuera, cuando los señalamientos más graves vienen de dos personas de su círculo más cercano durante la campaña y artífices de su éxito electoral en la costa Caribe.
Es cierto que en este país existen fuerzas reaccionarias que se resisten a aceptar la investidura del presidente Petro, que, por supuesto está revestida de legitimidad absoluta; pero, en caso de comprobarse algún delito, el presidente debe entender y reconocer que el Código Penal no es plebiscitario. También deben hacerlo sus huestes, que pretenden hoy plantear en el debate público que, como hay un mandato popular, no importa mucho que las leyes hayan sido pisoteadas, si es que lo fueron.
Por la gravedad de las acusaciones y las implicaciones políticas del caso, las investigaciones deben despejar cualquier tipo de duda, esclarecer responsabilidades y cumplir con todas las garantías. Aunque las reverberaciones del escándalo son inciertas, es momento de dejar que la justicia opere con autonomía y responsabilidad. No solo en la Fiscalía, sino también en la Comisión de Acusaciones y en el Consejo Nacional Electoral, dos órganos conocidos por su proverbial politización e ineficiencia.
El presidente Petro cierra así el primer año de su mandato con una profunda crisis política y personal, que no puede sino mermar su gobernabilidad ya de por sí endeble. Empero, la que tiene que salir fortalecida es la institucionalidad colombiana, que se enfrenta de nuevo a un reto complejo que confiamos sabrá sortear de manera transparente, como tantas veces lo ha hecho en el pasado.
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Las declaraciones de Nicolás Petro sobre la posible financiación ilícita de la campaña que llevó a su padre, el presidente Gustavo Petro, a la Casa de Nariño son gravísimas y deben ser tomadas con la mayor seriedad. Ante el complejo proceso judicial que se avecina y la crisis que enfrenta el primer mandatario sin haber cumplido un año en el poder, las instituciones del país deberán esclarecer lo ocurrido y demostrar una vez más su fortaleza e independencia.
Lo que se ha conocido hasta ahora es que Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía que recibió plata de personajes cuestionados para su beneficio personal, pero también para ayudar a financiar la candidatura de su padre en 2022 y, más grave aún, que esos dineros no fueron reportados y superaron los topes legales. De esto último no ha entregado pruebas todavía, pero no es la primera vez que hay cuestionamientos sobre la financiación de la campaña presidencial. Hoy resuenan los ecos de los audios de Armando Benedetti, quien coordinó la campaña en el Caribe con Petro hijo, sobre la presunta entrada de dineros ilícitos. Hay dudas razonables y serios indicios de que las cuentas de la campaña guardan oscuros secretos.
Luego de las revelaciones, el presidente marcó distancia con su hijo, negó categóricamente estar enterado del ingreso de dineros indebidos y reiteró su respeto al trabajo independiente de la justicia. Sin embargo, a renglón seguido, lanzó palabras exaltadas y temerarias que resultan inquietantes: “Nadie puede terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo. Y el pueblo dio una orden en las urnas electorales: nos vamos hasta 2026”, dijo ante una multitud en Sincelejo.
Por supuesto que el presidente tiene derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, pero le hace un flaco favor a la democracia cuando insiste en lanzar teorías conspirativas de entrampamientos orquestados en su contra, para desestimar sospechas fundadas. Es difícil comprender su obsesión con el supuesto golpe blando que querrían asestarle desde fuera, cuando los señalamientos más graves vienen de dos personas de su círculo más cercano durante la campaña y artífices de su éxito electoral en la costa Caribe.
Es cierto que en este país existen fuerzas reaccionarias que se resisten a aceptar la investidura del presidente Petro, que, por supuesto está revestida de legitimidad absoluta; pero, en caso de comprobarse algún delito, el presidente debe entender y reconocer que el Código Penal no es plebiscitario. También deben hacerlo sus huestes, que pretenden hoy plantear en el debate público que, como hay un mandato popular, no importa mucho que las leyes hayan sido pisoteadas, si es que lo fueron.
Por la gravedad de las acusaciones y las implicaciones políticas del caso, las investigaciones deben despejar cualquier tipo de duda, esclarecer responsabilidades y cumplir con todas las garantías. Aunque las reverberaciones del escándalo son inciertas, es momento de dejar que la justicia opere con autonomía y responsabilidad. No solo en la Fiscalía, sino también en la Comisión de Acusaciones y en el Consejo Nacional Electoral, dos órganos conocidos por su proverbial politización e ineficiencia.
El presidente Petro cierra así el primer año de su mandato con una profunda crisis política y personal, que no puede sino mermar su gobernabilidad ya de por sí endeble. Empero, la que tiene que salir fortalecida es la institucionalidad colombiana, que se enfrenta de nuevo a un reto complejo que confiamos sabrá sortear de manera transparente, como tantas veces lo ha hecho en el pasado.
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