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Se cumple un año de la sentencia de la Corte Constitucional que se escuchó en todo el continente. A partir de una demanda del movimiento Causa Justa, asociación de movimientos de mujeres en el país, la Sentencia C-055 de 2022 hizo algo inesperado: permitió el aborto libre en Colombia hasta la semana 24 y, después de ese plazo, mantuvo las tres causales de despenalización que ya existían. Aunque aspirábamos a que el alto tribunal diera el paso adelante hacia una despenalización total de una conducta que solo concierne a cada mujer que toma la decisión de abortar, la realidad es que el plazo de 24 semanas es uno de los más protectores del mundo, se convirtió en referente en América Latina y surgió en claro contraste a la regresión que experimentó, también el año pasado, Estados Unidos.
Algo fascinante que ha ocurrido después de la sentencia ha sido ver a niñas, adolescentes y mujeres entender que el derecho al aborto es suyo, que no requieren autorización de nadie más y que no hay nada malo en tomar decisiones sobre sus proyectos de vida y, especialmente, sobre sus cuerpos. Pasó lo que ha pasado en todo el mundo con regulaciones generosas: las mujeres dejaron de enfrentarse a tantos obstáculos y ejercieron sus derechos. Eso, por sí solo, es un gran éxito.
No estamos en un mundo ideal, es claro. Durante las marchas de la oposición de la semana pasada estaban recogiendo firmas para un referendo en contra del aborto, indicando que este tema seguirá siendo litigado. También abundan las denuncias sobre cómo los prejuicios continúan en el sistema de salud: autorizaciones negadas, médicos que obligan a las pacientes a someterse a burocracias humillantes e innecesarias, niñas y adolescentes que son juzgadas por no tener autorización de sus padres (que, por cierto, no necesitan). Lo que sigue ahora, y por eso la labor de las organizaciones de mujeres es tan importante, es que el derecho al aborto se entienda en todos los rincones del país y que se purguen del sistema de salud los obstáculos.
En esto el gobierno de Gustavo Petro ha sido tímido. La buena noticia es que avanzó en la construcción de una regulación del acceso al aborto, como lo pidieron la Corte y las organizaciones sociales, pero no lo abrió a debate público y parece estar más cómodo trabajando en silencio. Eso no debe ser así. Para que las colombianas conozcan sus derechos necesitamos planes ambiciosos de difusión, diálogos abiertos con los prestadores del sistema de salud y, sí, conversaciones en el marco de los colegios y las universidades. El Estado debería liderar ese proyecto, pero parece estar temeroso de las consecuencias electorales. Debería aprender de países como Estados Unidos, donde años de regulación amplia al aborto crearon, también, un electorado que lo defiende a pesar de los retrocesos de la Corte Suprema de Justicia.
Un año de sentencia, por lo demás, muestra las mentiras irresponsables de los líderes políticos conservadores que sembraron temor infundado. No, las mujeres no están usando el aborto como método caprichoso de planificación. No, no se trata de un apocalipsis moral, sino de que en Colombia, gracias a la Corte, las niñas, adolescentes y mujeres ven protegida su autonomía. Hay que celebrarlo.
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