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Avanza en Colombia el largo proceso de regulación del cannabis para uso recreacional. Con los cuatro debates surtidos este año, solo faltarán otros cuatro el año entrante para que sea una realidad. Mientras tanto, la Asociación Colombiana de Industria de Cannabis (Asocolcanna), en voz de Luis Alfredo Muelas, trae una dosis de realidad al debate: “El mercado de uso adulto de cannabis ya existe y llegó la hora de regularlo para salvaguardar la salud pública de los colombianos, evitar y prevenir el consumo por parte de los menores de edad y reducir la violencia asociada al mercado ilícito”. Estamos de acuerdo.
Hay dos errores que deben evitarse en la reforma constitucional que se está tramitando. El primero es que ocurra lo mismo que con la regulación del cannabis medicinal. Por una mala combinación de incentivos y restricciones de acceso al mercado, las principales empresas en ese negocio terminaron siendo extranjeras. Adicionalmente, muchas no pudieron seguir en funcionamiento por los requisitos difíciles de cumplir. El presidente de Asocolcanna, Miguel Samper, dijo que las trabas burocráticas tienen al sector en “cuidados intensivos”, que de las 1.300 empresas licenciadas solo reportan actividad 900 y que “estamos exportando principalmente a Canadá, Alemania, Israel y Australia. Pero estamos jugando el mundial sin tener liga nacional en Colombia”. No tiene ningún sentido que el cambio estructural en la política de drogas no termine beneficiando a los colombianos y creando un robusto mercado interno de oferta nacional.
El segundo error va ligado a la distribución de los recursos de la nueva industria que se va a regularizar. Debe adoptarse la solicitud del presidente de la Federación Walacannabis, Oswaldo Guetio, de crear una “zona franca especial indígena” para fomentar que las poblaciones productoras del cannabis para uso recreacional sean las más vulnerables. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, parece entender esta situación, pues le dijo a EFE: “No es lo mismo el problema de la coca en el Catatumbo o el cannabis en las zonas más urbanas. Ni tampoco es lo mismo si quienes están involucrados en el cultivo son pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos...”.
Apoyamos la regulación del cannabis con fines recreacionales. Es cierto lo que se ha dicho en este texto: el mercado está, los colombianos ya lo consumen, el derecho a la dosis mínima existe hace años y tenemos una normatividad que no es razonable a la luz de la realidad. También ya en otros editoriales hemos recordado los estudios que demuestran cómo el consumo de marihuana no es particularmente peligroso, en comparación con el tabaco y el alcohol, como para seguir con el prohibicionismo terco.
Adicionalmente, que esta sea la oportunidad de crear una industria colombiana, liderada por las poblaciones marginadas y que ayude a combatir la desigualdad. Si permitimos que el mercado quede en manos únicamente de los grandes capitales, se habrá perdido una excelente oportunidad para el país.
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