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En una intervención ofensiva y vergonzosa, el excomandante del Ejército Mario Montoya dijo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que soldados cometieron ejecuciones extrajudiciales porque eran personas de las clases sociales más bajas. Sus declaraciones no solo subestiman el involucramiento de agentes del Estado en crímenes atroces durante el conflicto armado, sino que son una afrenta contra las víctimas y su derecho a conocer la verdad sobre hechos tan dolorosos, incluyendo quiénes fueron los máximos responsables.
La semana pasada, durante dos días, tuvo lugar la primera versión voluntaria del general (r) Mario Montoya ante la JEP, sobre los hechos que se le atribuyen en el caso 03 de ejecuciones extrajudiciales, es decir, los civiles reclutados, asesinados y presentados ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado. Montoya comandó el Ejército entre 2006 y 2008, cuando estalló el escándalo durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
La diligencia de la Sala de Reconocimiento de la JEP era de carácter reservado, pero estuvieron presentes 41 víctimas acreditadas, algunas consultadas por este diario, que dieron detalles de lo que escucharon. Durante la audiencia, el excomandante del Ejército hizo primero una exposición de su visión sobre el conflicto armado, luego alegó que se reservaba su derecho a guardar silencio y que no se referiría a los casos de ejecuciones extrajudiciales por los que es señalado y finalmente respondió preguntas de los togados.
Fue entonces cuando una magistrada le preguntó cómo creía que se podría evitar en el futuro la repetición de las ejecuciones extrajudiciales, a lo que Montoya respondió: “Me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato 1, no van los de estratos 2, 3 y 4. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, entonces no es fácil doctora, por más que usted enseñe, instruya (…) Para que eso no se repita, se debe mejorar la calidad humana, que el servicio sea obligatorio, para todos”.
Con toda razón, las víctimas catalogaron la actitud de Montoya como indolente y afirmaron que la diligencia fue una pérdida de tiempo y una falta de respeto. Semejantes afirmaciones son decepcionantes, clasistas, insultantes y contribuyen poco a la verdad. Como bien dijo Soraida Isabel Muñoz, miembro de las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo): “Ese argumento es ofensivo. Entonces, ¿por ser pobres no tienen valores? Mi hijo quería entrar al Ejército, quería prestar el servicio y yo le inculqué los mejores valores. Jamás hubiera hecho algo así. ¿Cómo se le ocurre decir algo así?”.
Además, aludir a la condición social de sus propios subordinados no solo es mezquino y equivocado, sino que es una forma de negar responsabilidades en hechos que, como lo ha demostrado la justicia, requirieron de complicidad dentro de las estructuras del Ejército.
Si bien Montoya nunca ha reconocido su responsabilidad en los delitos que se le endilgan, y le corresponde a la JEP determinarlo, tampoco ha mostrado mayor voluntad de aportar a la verdad y sí sienta un precedente perverso entre los uniformados que se han sometido a esa jurisdicción. Las víctimas y el país necesitan saber qué pasó sin tener que soportar este tipo de respuestas.
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