Colombia cubun mabié *

Posteriormente, en 1960, a raíz de la futura celebración en Bogotá del III Congreso de Academias de la lengua Española en 1963, el decreto se convirtió en ley. La norma invitaba a todos los establecimientos educativos a realizar conferencias, concursos, lecturas de las obras de Cervantes y toda clase de actividades para honrar el idioma español y resaltar los méritos del autor de Don Quijote.

Hoy, la celebración toma enorme distancia de las disposiciones anteriores. Es mucho más que la coincidencia de la muerte, el 23 de abril de 1616, de Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, precursores de la literatura moderna en el mundo. En un país que, espoleado por la dinámica académica e intelectual y por los movimientos sociales, empezó a comprender que la diversidad en la construcción de nación más que un obstáculo representa una fortaleza, las izadas de bandera con apologéticos discursos, los insufribles acrósticos y las carteleras con los memorizados retratos de estos dos personajes han dado paso a la celebración de la diversidad de lenguas del país.

En Colombia, como resultado de miles de años de adaptación de los diferentes grupos humanos que entraron a su actual territorio, además del español, se hablan 65 lenguas indígenas americanas, dos lenguas criollas creadas y desarrolladas por las comunidades afrodescendientes de San Basilio de Palenque y las Islas de San Andrés y Providencia, y el romaní de los pueblos rom o gitanos. Esta extraordinaria diversidad lingüística es celebrada por el Ministerio de Cultura, en el marco del Día del idioma, con la realización de la I Fiesta de las Lenguas Nativas.

Pero quizá la acción que más llama la atención dentro de las emprendidas por el Ministerio de Cultura para el reconocimiento y salvaguarda de las lenguas nativas, incluidas las lenguas criollas y el romaní, es la presentación la semana pasada, ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, del proyecto de “Ley de protección de las lenguas nativas”.

No obstante la importancia y necesidad de esta iniciativa legislativa, varios interrogantes surgen a partir de la propuesta ministerial. En primer lugar, si entendemos el peligro de desaparición que corren muchas lenguas debido a la falta de trasmisión generacional, consideramos que el responsable de la ley debería ser el Ministerio de Educación y no el Ministerio de Cultura. Es el aparato educativo el que tiene la responsabilidad de velar, como lo consagra la Ley General de Educación de Colombia en su artículo 57, por la difusión y preservación de la lengua de los grupos étnicos de la nación.

En segundo lugar, es imposible no sentir preocupación por las acciones y programas que demande la ley en manos de un ministerio como el de Cultura, cuyo presupuesto no permite cumplir con las políticas trazadas y para el que, además, se anuncian severos recortes presupuestales. Por último, era necesario, antes de radicar un proyecto de ley de lenguas en el Congreso, hacer un serio balance sobre los programas de etnoeducación en Colombia que adelanta el Ministerio de Educación, y que al parecer tienen más debilidades que fortalezas.

Quizá lo que se necesita es voluntad política para poner en funcionamiento las herramientas que brinda la Constitución de 1991. Tal vez así evitaríamos el riesgo de que la ley de lenguas nativas se convierta en letra muerta, en otra forma de seguir reproduciendo la herencia legislativa de los cultores del idioma español que por tantos años se defendió como la única lengua oficial de la nación colombiana.

* Las lenguas de Colombia, en muisca.

Posteriormente, en 1960, a raíz de la futura celebración en Bogotá del III Congreso de Academias de la lengua Española en 1963, el decreto se convirtió en ley. La norma invitaba a todos los establecimientos educativos a realizar conferencias, concursos, lecturas de las obras de Cervantes y toda clase de actividades para honrar el idioma español y resaltar los méritos del autor de Don Quijote.

Hoy, la celebración toma enorme distancia de las disposiciones anteriores. Es mucho más que la coincidencia de la muerte, el 23 de abril de 1616, de Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, precursores de la literatura moderna en el mundo. En un país que, espoleado por la dinámica académica e intelectual y por los movimientos sociales, empezó a comprender que la diversidad en la construcción de nación más que un obstáculo representa una fortaleza, las izadas de bandera con apologéticos discursos, los insufribles acrósticos y las carteleras con los memorizados retratos de estos dos personajes han dado paso a la celebración de la diversidad de lenguas del país.

En Colombia, como resultado de miles de años de adaptación de los diferentes grupos humanos que entraron a su actual territorio, además del español, se hablan 65 lenguas indígenas americanas, dos lenguas criollas creadas y desarrolladas por las comunidades afrodescendientes de San Basilio de Palenque y las Islas de San Andrés y Providencia, y el romaní de los pueblos rom o gitanos. Esta extraordinaria diversidad lingüística es celebrada por el Ministerio de Cultura, en el marco del Día del idioma, con la realización de la I Fiesta de las Lenguas Nativas.

Pero quizá la acción que más llama la atención dentro de las emprendidas por el Ministerio de Cultura para el reconocimiento y salvaguarda de las lenguas nativas, incluidas las lenguas criollas y el romaní, es la presentación la semana pasada, ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, del proyecto de “Ley de protección de las lenguas nativas”.

No obstante la importancia y necesidad de esta iniciativa legislativa, varios interrogantes surgen a partir de la propuesta ministerial. En primer lugar, si entendemos el peligro de desaparición que corren muchas lenguas debido a la falta de trasmisión generacional, consideramos que el responsable de la ley debería ser el Ministerio de Educación y no el Ministerio de Cultura. Es el aparato educativo el que tiene la responsabilidad de velar, como lo consagra la Ley General de Educación de Colombia en su artículo 57, por la difusión y preservación de la lengua de los grupos étnicos de la nación.

En segundo lugar, es imposible no sentir preocupación por las acciones y programas que demande la ley en manos de un ministerio como el de Cultura, cuyo presupuesto no permite cumplir con las políticas trazadas y para el que, además, se anuncian severos recortes presupuestales. Por último, era necesario, antes de radicar un proyecto de ley de lenguas en el Congreso, hacer un serio balance sobre los programas de etnoeducación en Colombia que adelanta el Ministerio de Educación, y que al parecer tienen más debilidades que fortalezas.

Quizá lo que se necesita es voluntad política para poner en funcionamiento las herramientas que brinda la Constitución de 1991. Tal vez así evitaríamos el riesgo de que la ley de lenguas nativas se convierta en letra muerta, en otra forma de seguir reproduciendo la herencia legislativa de los cultores del idioma español que por tantos años se defendió como la única lengua oficial de la nación colombiana.

* Las lenguas de Colombia, en muisca.