Este año termina en un duelo que se siente perpetuo. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con corte del 24 de diciembre, 188 líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia. A ellos se suman 44 firmantes del acuerdo de paz que, pese a tener la promesa de protección del Estado, también fueron asesinados. En total son unas 94 masacres en un país que quiere apostarle a la paz, pero se ahoga en medio de la violencia, la criminalidad y la incapacidad de detener el goteo incesante de tragedias. Cuando se cuente la historia del 2023, podemos hablar de la política agresiva, del debate público degradado o de las discusiones sobre reformas ambiciosas en el Congreso, pero no podemos olvidar que seguimos siendo un territorio hostil para quienes confían en la democracia. Y esa es una falla que nos debe doler a todos los colombianos.
No se trata de un problema nuevo. En 2022, Indepaz contó 189 líderes sociales y 42 firmantes del acuerdo asesinados. Lo frustrante es que cambian los gobiernos, cambia la ideología, cambian las estrategias, pero nos vemos en la penosa obligación de terminar el año contando muertos. Cada una de esas personas deja familias en duelo, comunidades que ven truncados sus procesos democráticos y territorios enteros sometidos a la violencia. El problema del terror que causan estas muertes es que es contagioso, persuasivo y efectivo. Si en Colombia defender derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo, significa que estamos fallando. La apuesta por la paz debe pasar por la seguridad de manera innegociable. Como sugirieron varios columnistas de El Espectador en semanas recientes: el compromiso nacional para el 2024 debe ser enfrentar el sistemático asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo. Es un imperativo moral.
Como esta Colombia se narra siempre desde los contrastes, el año también acaba con una buena noticia. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció que el desempleo cayó al 9 % en noviembre de este año, un notable descenso con respecto al 9,5 % que teníamos en noviembre de 2022. El presidente de la República, Gustavo Petro, celebró los resultados escribiendo en su cuenta de X que “la tasa de ocupación sigue subiendo, sobre todo en empleo formal, y la tasa global de participación de la población en la economía también. La brecha de empleo entre hombre y mujer se cierra. Subió el salario mínimo real y subió el empleo”. Esto, sumado al descenso en la tasa de interés del Banco de la República y al control de la inflación, son buenas noticias para el arranque del 2024 con pie derecho.
Se trata, entonces, de dos Colombias: una que progresa y construye oportunidades y otra que está sumida en el terror de la violencia. Discursivamente, el Gobierno Petro ha reconocido la importancia de cerrar la brecha, pero los resultados están pendientes. Lo mismo ha ocurrido en administraciones pasadas. El gran reto es cómo abandonamos las discusiones inútiles en política para construir un proyecto de país que busque solucionar la desigualdad y donde alcancemos la paz. Es un problema complejo, que requiere consensos y agilidad política. Esa es nuestra plegaria para el 2024.
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Este año termina en un duelo que se siente perpetuo. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con corte del 24 de diciembre, 188 líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia. A ellos se suman 44 firmantes del acuerdo de paz que, pese a tener la promesa de protección del Estado, también fueron asesinados. En total son unas 94 masacres en un país que quiere apostarle a la paz, pero se ahoga en medio de la violencia, la criminalidad y la incapacidad de detener el goteo incesante de tragedias. Cuando se cuente la historia del 2023, podemos hablar de la política agresiva, del debate público degradado o de las discusiones sobre reformas ambiciosas en el Congreso, pero no podemos olvidar que seguimos siendo un territorio hostil para quienes confían en la democracia. Y esa es una falla que nos debe doler a todos los colombianos.
No se trata de un problema nuevo. En 2022, Indepaz contó 189 líderes sociales y 42 firmantes del acuerdo asesinados. Lo frustrante es que cambian los gobiernos, cambia la ideología, cambian las estrategias, pero nos vemos en la penosa obligación de terminar el año contando muertos. Cada una de esas personas deja familias en duelo, comunidades que ven truncados sus procesos democráticos y territorios enteros sometidos a la violencia. El problema del terror que causan estas muertes es que es contagioso, persuasivo y efectivo. Si en Colombia defender derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo, significa que estamos fallando. La apuesta por la paz debe pasar por la seguridad de manera innegociable. Como sugirieron varios columnistas de El Espectador en semanas recientes: el compromiso nacional para el 2024 debe ser enfrentar el sistemático asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo. Es un imperativo moral.
Como esta Colombia se narra siempre desde los contrastes, el año también acaba con una buena noticia. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció que el desempleo cayó al 9 % en noviembre de este año, un notable descenso con respecto al 9,5 % que teníamos en noviembre de 2022. El presidente de la República, Gustavo Petro, celebró los resultados escribiendo en su cuenta de X que “la tasa de ocupación sigue subiendo, sobre todo en empleo formal, y la tasa global de participación de la población en la economía también. La brecha de empleo entre hombre y mujer se cierra. Subió el salario mínimo real y subió el empleo”. Esto, sumado al descenso en la tasa de interés del Banco de la República y al control de la inflación, son buenas noticias para el arranque del 2024 con pie derecho.
Se trata, entonces, de dos Colombias: una que progresa y construye oportunidades y otra que está sumida en el terror de la violencia. Discursivamente, el Gobierno Petro ha reconocido la importancia de cerrar la brecha, pero los resultados están pendientes. Lo mismo ha ocurrido en administraciones pasadas. El gran reto es cómo abandonamos las discusiones inútiles en política para construir un proyecto de país que busque solucionar la desigualdad y donde alcancemos la paz. Es un problema complejo, que requiere consensos y agilidad política. Esa es nuestra plegaria para el 2024.
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