Colombia: entre la pobreza y la indigencia

A pesar de que la región superó sin mayores dificultades la crisis global y creció 1,8% en 2009, durante el mismo período la pobreza aumentó en 1,1% y la indigencia en 0,8%, como también lo corroboró la Cepal. Es decir, durante el año pasado se pasó de 180 millones de pobres a 189 millones y de 71 millones de indigentes a 76 millones. De aquí que no sorprenda que 10 de los 15 países más desiguales del mundo se encuentren en la región. Si el 34% del total de población es pobre y el 13,7% vive en la calle, las cosas difícilmente habrían podido ser diferentes.

Colombia, desafortunadamente, no es la excepción. Del total de su población, el 48% vive en condiciones de pobreza y el 17% en la indigencia, situación que se hace aún  más grave en el campo. Estos datos sugieren que la meta del PNUD para Colombia, impuesta hace 10 años, ya no será cumplida. Es altamente improbable que el país sea capaz de desaparecer la indigencia y reducir la pobreza al 28% para 2015. Sólo mejorar en algo los indicadores implica redoblar desde ya los esfuerzos. Toma tiempo generar el capital humano que se requiere tanto para producir más riqueza como para redistribuirla.

Es necesario crecer más rápido para comenzar a aliviar el problema, se requieren tasas del 7% para ver resultados en 15 años. De igual forma, es necesario establecer mecanismos efectivos de redistribución. Pero no del tipo asistencialista que caracterizó a la pasada administración, sino una redistribución progresista y de largo plazo que implique inversiones serias y sostenidas en salud y educación. La justificación de lo primero es clara: una población enferma no puede trabajar. La justificación de lo segundo, tristemente, no ha formado parte del sentido común del país. De hecho, hay quienes sostienen que la educación es una meta del desarrollo, un lujo, y no su condición de posibilidad.

La mayoría de estudios muestran, sin embargo, que los retornos individuales a la educación son bastante altos y que las universidades públicas representan uno de los únicos focos de movilidad social en el país. Además, sobra recordar, la educación capacita a la población. Sin mayor habilidades no hay mejoras en la productividad de la mano de obra. A pesar de esto, ni en la política ni en los medios la educación se lleva los titulares. A nadie parece interesarle que la educación primaria y secundaria esté lejos de ser universal y que su calidad difícilmente alcance para que sus estudiantes lleguen a la educación superior. Tampoco interesa que las universidades públicas no den abasto. Y mucho menos que los oficios técnicos sigan sin profesionalizarse.

Colombia es el quinto país más desigual de la región, desigualdad que se explica no porque haya muchos ricos, sino porque hay demasiados pobres e indigentes, esto es, hogares de 4 miembros cuyos ingresos son inferiores a $1’100.000 y hogares cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica. La estabilidad política del país depende de que esto cambie. La pobreza es una bomba latente que puede reversar hasta las democracias más sólidas. Seguirle haciendo la vista gorda a la salud y a la educación no es una opción que el país tenga abierta. Aumentar y redirigir el gasto social debería ser una política inmediata, postergarla es decidir incrementar cada día el problema.

A pesar de que la región superó sin mayores dificultades la crisis global y creció 1,8% en 2009, durante el mismo período la pobreza aumentó en 1,1% y la indigencia en 0,8%, como también lo corroboró la Cepal. Es decir, durante el año pasado se pasó de 180 millones de pobres a 189 millones y de 71 millones de indigentes a 76 millones. De aquí que no sorprenda que 10 de los 15 países más desiguales del mundo se encuentren en la región. Si el 34% del total de población es pobre y el 13,7% vive en la calle, las cosas difícilmente habrían podido ser diferentes.

Colombia, desafortunadamente, no es la excepción. Del total de su población, el 48% vive en condiciones de pobreza y el 17% en la indigencia, situación que se hace aún  más grave en el campo. Estos datos sugieren que la meta del PNUD para Colombia, impuesta hace 10 años, ya no será cumplida. Es altamente improbable que el país sea capaz de desaparecer la indigencia y reducir la pobreza al 28% para 2015. Sólo mejorar en algo los indicadores implica redoblar desde ya los esfuerzos. Toma tiempo generar el capital humano que se requiere tanto para producir más riqueza como para redistribuirla.

Es necesario crecer más rápido para comenzar a aliviar el problema, se requieren tasas del 7% para ver resultados en 15 años. De igual forma, es necesario establecer mecanismos efectivos de redistribución. Pero no del tipo asistencialista que caracterizó a la pasada administración, sino una redistribución progresista y de largo plazo que implique inversiones serias y sostenidas en salud y educación. La justificación de lo primero es clara: una población enferma no puede trabajar. La justificación de lo segundo, tristemente, no ha formado parte del sentido común del país. De hecho, hay quienes sostienen que la educación es una meta del desarrollo, un lujo, y no su condición de posibilidad.

La mayoría de estudios muestran, sin embargo, que los retornos individuales a la educación son bastante altos y que las universidades públicas representan uno de los únicos focos de movilidad social en el país. Además, sobra recordar, la educación capacita a la población. Sin mayor habilidades no hay mejoras en la productividad de la mano de obra. A pesar de esto, ni en la política ni en los medios la educación se lleva los titulares. A nadie parece interesarle que la educación primaria y secundaria esté lejos de ser universal y que su calidad difícilmente alcance para que sus estudiantes lleguen a la educación superior. Tampoco interesa que las universidades públicas no den abasto. Y mucho menos que los oficios técnicos sigan sin profesionalizarse.

Colombia es el quinto país más desigual de la región, desigualdad que se explica no porque haya muchos ricos, sino porque hay demasiados pobres e indigentes, esto es, hogares de 4 miembros cuyos ingresos son inferiores a $1’100.000 y hogares cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica. La estabilidad política del país depende de que esto cambie. La pobreza es una bomba latente que puede reversar hasta las democracias más sólidas. Seguirle haciendo la vista gorda a la salud y a la educación no es una opción que el país tenga abierta. Aumentar y redirigir el gasto social debería ser una política inmediata, postergarla es decidir incrementar cada día el problema.