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Mientras el Congreso y la Presidencia de la República enredan la ratificación del Acuerdo de Escazú para la protección de líderes ambientales, Colombia se gana por segunda vez el horroroso reconocimiento de ser el país donde fueron asesinados más activistas ambientales. El informe reciente de Global Witness, donde nuestro país aporta casi el 30 % de todos los líderes sociales violentados en el 2020, es una pregunta abierta urgente: si Colombia supuestamente tiene todos los mecanismos normativos e institucionales para defender el medio ambiente, ¿por qué seguimos siendo potencia mundial en la violencia?
Rastrear el asesinato de líderes ambientales es encontrarse con una letanía de los fracasos recientes y una amarga advertencia sobre lo que está por venir. La conclusión de Global Witness apunta a un aspecto evidente: como el Acuerdo de Paz no se ha implementado de manera adecuada, los líderes, incluyendo los ambientales, siguen siendo objetivo de grupos armados al margen de la ley. Que en estos años de la firma no hayamos tenido políticas coherentes, concretas y contundentes ha dejado desprotegidos territorios en pugna, cobrando la vida de quienes le apuestan a la defensa de nuestros recursos naturales.
La mirada terrorífica también va hacia el futuro. En el marco de la emergencia climática, la reserva forestal es clave para Colombia y el mundo. Sin embargo, la mayoría de los líderes asesinados estaban protegiendo bosques. Como le explicó Laura Furones, de Global Witness, a El Espectador, “existe una presión enorme sobre estos ecosistemas para desbocar y establecer, sobre todo, terrenos agrícolas y ganaderos; entonces hay una competencia por la tierra muy fuerte. Es importante resaltar que los defensores de los bosques están haciendo una labor que nos corresponde a todos, incluidos los gobiernos, que es legislar para salvaguardar el territorio que más nos va a proteger de la crisis climática”.
La cifra está sobre la mesa: 65 de los 227 defensores de la tierra y del medio ambiente asesinados en el mundo estaban en Colombia. El 71 % de esos líderes estaba protegiendo bosques. Les estamos fallando a quienes quieren asegurar el futuro de todos los colombianos.
A la par de esa noticia, sigue la oposición al Acuerdo de Escazú. Francisco Lloreda, presidente del Consejo Gremial Nacional, dijo que “los puntos que allí se refieren están contemplados ya en las leyes colombianas” y que ratificarlo podría “obstaculizar proyectos de desarrollo y hasta perderse la soberanía”. Es necesario repetir la pregunta: si ya contamos con las normas, ¿por qué no las estamos cumpliendo para proteger a los líderes ambientales? Si la respuesta es un tema de ejecución, ¿no sería mejor, entonces, tener compromisos internacionales a los que haya que responder y que el Estado no pueda sacudirse tan fácilmente?
La falsa disyuntiva entre protección ambiental y proyectos de desarrollo es una vieja idea de cierto sector ideológico colombiano que no responde a la realidad ni a las tendencias globales. Si no podemos garantizar la sostenibilidad ambiental y les huimos a mecanismos como el Acuerdo de Escazú, estamos manteniendo el statu quo, con los resultados nefastos que saltan a la vista.
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