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Una falta de criterio de una servidora pública desencadenó un abuso de la autoridad en su contra. Ocurrió en las celebraciones de Halloween de hace una semana, en Santo Domingo (Antioquia). Martha Lilian Calderón Zuluaga, quien desde hace 30 años trabaja en la Fiscalía y es la asistente de la fiscal local 41 de ese municipio, decidió disfrazarse con un uniforme de la guerrilla del ELN. Incluso portó sus emblemas, que tanto terror han sembrado en Colombia. Fue una clara falta de criterio. Sin embargo, a continuación, la Policía se arrogó atribuciones que no le corresponden. Nos explicamos.
En un video que se conoció por redes sociales, Calderón es regañada por funcionarios de la Policía. “Usted trabaja para la Fiscalía, usted tiene que dar ejemplo. Esos son emblemas”, le dicen en un momento. Luego la amenazan: “Usted está jugando con su trabajo”. La Fiscalía solicitó una investigación formal contra la funcionaria y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) dio vía libre para que se adelante el proceso. Es decir, el trabajo de una colombiana está en riesgo por el disfraz que eligió para Halloween. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Cómo podemos ser un país de libertades individuales si fiscalizamos lo que las personas pueden o no vestir en su tiempo privado?
El argumento en contra de Calderón es que habría violado el artículo 154 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que les pide a los servidores públicos no incurrir en actos que afecten la confianza de las personas en las instituciones o dañen la imagen de los órganos de justicia. No entendemos cómo un disfraz de Halloween, que además se usó en una celebración en el tiempo privado de la fiscal, sea una violación que amerite una sanción. Tampoco comprendemos por qué la Policía siente que tiene la potestad de decirle a alguien que puede perder su trabajo solo por no cambiar su vestimenta.
¿Es cuestionable que una asistente de fiscal, o cualquier persona, decida disfrazarse con emblemas de la guerrilla? Puede haber un argumento moral detrás, sí, pero en esencia lo que prima es el libre desarrollo de la personalidad. ¿O es que pretendemos empezar a decirles a todos los servidores públicos cómo disfrazarse? ¿Se va a expedir un decreto todos los años en el que el Estado les cuenta a sus funcionarios cuáles son los disfraces permitidos y cuáles los prohibidos? ¿Quién tiene la potestad de definir eso? ¿Por qué la vigilancia extrema? Calderón debe ser juzgada por su desempeño en la Fiscalía, no porque decidió usar un disfraz agresivo para la mayoría de sus compatriotas.
Consultados por El Espectador, varios expertos en derecho penal y administrativo concordaron en que no hay delito ni motivo para sanción disciplinaria. Insisten, por ejemplo, en que Calderón usó el disfraz en su tiempo libre, cuando no estaba en representación de la Fiscalía ni en ejercicio de sus funciones. También confían en que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial garantice el debido proceso y cierre la investigación. Así debe ser, ¿pero qué ocurrirá con los miembros de la Policía que atemorizaron a Calderón? ¿Cómo se garantiza que ella se sienta segura y no perseguida? El rechazo a la cacería de brujas debe ser vehemente.
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