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Antes de la tragedia, Luis Álvarez Campuzano ya era víctima de violencia verbal. El joven de 17 años, que vive en Altos del Rosario, en Sincelejo, Colombia, había sido discriminado y matoneado por ser gay. Su orientación sexual, como la de tantas personas lesbianas, gais y bisexuales en Colombia, era la excusa que utilizaban para deshumanizarlo, para negarle la dignidad y el respeto que merece, para hacerlo sentir mal simplemente por atreverse a ser como le nace ser. Algo similar les sucede a las personas trans, que son perseguidas y estigmatizadas por su identidad de género. En el caso de Luis ese prejuicio se convirtió en violencia: el pasado 30 de julio un vecino le quitó parte de su brazo con un machete.
La historia, que fue difundida por Las Igualadas de El Espectador, es dolorosa porque, en medio del horror extremo que produce, se siente poco excepcional en un mundo que, aún hoy, sigue violentando a las personas LGBT de muchas formas. Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) sobre la experiencia de las personas LGBT en Colombia encontró que una de cada cuatro ha pensado en quitarse la vida, que el 72 % reporta haber sentido angustia psicológica, que el 60 % ha experimentado violencia verbal y que tres de cada cuatro fueron matoneadas antes de cumplir 18 años. Luis se ha convertido en un símbolo para Colombia y el mundo porque nos recuerda las deudas que tenemos con la igualdad.
El problema de fondo es que no hay políticas públicas efectivas de prevención y atención frente a la discriminación de niños, niñas y adolescentes LGBT. Sí, contrario a lo que dicen los movimientos conservadores, contrario a la propaganda que utilizan las iglesias del país, contrario a lo que parece pensar el Gobierno Nacional con su inacción, los niños, niñas y adolescentes LGBT existen y están desprotegidos porque no hemos tomado en serio la pregunta de cómo creamos espacios seguros dentro del sistema educativo y también por fuera de él.
En respuesta a lo que ocurrió con Luis, una colecta de donaciones para su prótesis y su educación ya ha superado los $73 millones al cierre de esta edición. También está acompañado por Sucre Diversa, Colombia Diversa y Pink Consultores.
Sin embargo, no es suficiente. ¿Qué opina Presidencia de lo ocurrido? ¿Qué hará el Ministerio de Educación? ¿Qué acciones promoverán desde el Congreso? ¿De qué forma intervendrá el ICBF en este y todos los casos similares? ¿Seguiremos permitiendo que el debate público siga secuestrado por los fanatismos que promueven la mentira de una supuesta “ideología de género”? Mientras los adultos pelean con argumentos moralistas falaces, los niños, niñas y adolescentes LGBT están condenados a sufrir en silencio.
Los derechos de las personas LGBT no son cuestión de ideología ni son un capricho. Los derechos de las personas LGBT son derechos humanos. La discriminación sigue siendo un problema. El prejuicio sigue matando (y torturando). Ante eso, la inacción, el silencio y la desinformación son cómplices. Los discursos de “tolerar” sin tomar acciones concretas son dañinos. Para decirle a Luis que no está solo, Colombia tiene que sacudirse una vez más. ¿Lo hará?
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