Las cifras son útiles para evaluar políticas públicas, pero cuando ilustran asesinatos y masacres, se corre el riesgo de deshumanizar las tragedias que estamos viendo. Por eso, ver que en siete meses y medio llevamos 43 masacres en Colombia, según datos de Colombia 2020 de El Espectador, es un reto de empatía: ¿cómo podemos hablar y denunciar sin caer en la normalización? ¿Cómo nos sacudimos el horror que estamos sintiendo?
Tal vez la mejor forma de responder a esas preguntas es concentrarnos en los actos que hay que llevar a cabo. Es claro que estamos ante una emergencia nacional. Tres masacres en menos de 48 horas, como ocurrió este fin semana, tienen un propósito claro: causar terror. Además de los casos particulares de cada una de las víctimas, que no podemos olvidar y que necesitamos honrar, es evidente que los grupos ilegales están enviando un mensaje claro a Colombia entera. Quieren posicionar la narrativa de la pérdida del control, del recrudecimiento de la violencia, de que ellos son la ley en los territorios vulnerables. No los podemos dejar.
Entonces, la pregunta para todos los líderes políticos y para las autoridades, desde la Presidencia, pero pasando también por el Congreso, las alcaldías y gobernaciones, es cómo vamos a responder a un problema que conocemos muy bien y tiene raíces profundas.
La buena noticia es que el diagnóstico existe. De las 181 personas asesinadas en masacres durante este año, el 72 % ocurrió en los cinco departamentos que presentan el mayor número de asesinatos de líderes sociales: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander. También sabemos que la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades, el abandono estatal, las rutas del narcotráfico y las pugnas de poder que causó el posacuerdo con las Farc son factores que influyen en lo que estamos presenciando. Entonces, conocemos el problema. También sabemos que los procesos de paz en el mundo son seguidos por años de violencia desmedida. ¿Qué vamos a hacer ante eso?
La primera respuesta es militar. Eso no se discute. El Ministerio de Defensa y la misma Presidencia han anunciado el reforzamiento del pie de fuerza, la presencia de la Fiscalía y la Procuraduría.
Pero debemos ir más allá. ¿No será momento, por ejemplo, de repensar la fallida guerra contra las drogas? Justo en el peor momento del poder del narcotráfico, ¿qué tal probar algo distinto que ayude a restarles influencia a los carteles?
Además, es necesario atender los reclamos sociales. Como lo hemos dicho en los otros dos editoriales sobre el tema, la pobreza y la falta de posibilidades de acceder a las promesas del Estado dejan a muchas personas vulnerables a los peores efectos de los grupos al margen de la ley. Tenemos que solventar esos atrasos de décadas, con planes ambiciones y visiones claras de futuro a corto plazo, si queremos tener una oportunidad de detener el desangre.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Tal vez la mejor forma de responder a esas preguntas es concentrarnos en los actos que hay que llevar a cabo. Es claro que estamos ante una emergencia nacional. Tres masacres en menos de 48 horas, como ocurrió este fin semana, tienen un propósito claro: causar terror. Además de los casos particulares de cada una de las víctimas, que no podemos olvidar y que necesitamos honrar, es evidente que los grupos ilegales están enviando un mensaje claro a Colombia entera. Quieren posicionar la narrativa de la pérdida del control, del recrudecimiento de la violencia, de que ellos son la ley en los territorios vulnerables. No los podemos dejar.
Entonces, la pregunta para todos los líderes políticos y para las autoridades, desde la Presidencia, pero pasando también por el Congreso, las alcaldías y gobernaciones, es cómo vamos a responder a un problema que conocemos muy bien y tiene raíces profundas.
La buena noticia es que el diagnóstico existe. De las 181 personas asesinadas en masacres durante este año, el 72 % ocurrió en los cinco departamentos que presentan el mayor número de asesinatos de líderes sociales: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander. También sabemos que la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades, el abandono estatal, las rutas del narcotráfico y las pugnas de poder que causó el posacuerdo con las Farc son factores que influyen en lo que estamos presenciando. Entonces, conocemos el problema. También sabemos que los procesos de paz en el mundo son seguidos por años de violencia desmedida. ¿Qué vamos a hacer ante eso?
La primera respuesta es militar. Eso no se discute. El Ministerio de Defensa y la misma Presidencia han anunciado el reforzamiento del pie de fuerza, la presencia de la Fiscalía y la Procuraduría.
Pero debemos ir más allá. ¿No será momento, por ejemplo, de repensar la fallida guerra contra las drogas? Justo en el peor momento del poder del narcotráfico, ¿qué tal probar algo distinto que ayude a restarles influencia a los carteles?
Además, es necesario atender los reclamos sociales. Como lo hemos dicho en los otros dos editoriales sobre el tema, la pobreza y la falta de posibilidades de acceder a las promesas del Estado dejan a muchas personas vulnerables a los peores efectos de los grupos al margen de la ley. Tenemos que solventar esos atrasos de décadas, con planes ambiciones y visiones claras de futuro a corto plazo, si queremos tener una oportunidad de detener el desangre.
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