Mientras el gobierno nacional se encuentra en una batalla con el Congreso por los obstáculos al Presupuesto General de la Nación y a la Ley de Financiamiento impulsada por el Ministerio de Hacienda, el viernes pasado se presentó a puerta cerrada un nuevo texto de reforma a la salud. El gesto de hacerlo sin bombos ni platillos, sin avisar a los congresistas previamente, y sin dar mayores explicaciones, generó un fuerte debate entre la Casa de Nariño y varios congresistas. El problema de fondo es que esto genera un nuevo rompimiento para empezar una discusión esencial para el país. Aunque el Ministerio de Salud ha hablado de concertación, su punto de vista no se ha modificado mucho desde el fracaso de la pasada legislatura. Paralelamente, el sistema sigue en franca decadencia y necesita con urgencia una modificación estructural.
Tal vez es necesario empezar por un aspecto que no puede negarse: es urgente reformar la salud. Hemos dedicado suficiente espacio en El Espectador para explorar las razones y las responsabilidades de este gobierno y de los anteriores, pero en estos dos años las fallas se hicieron evidentes. Con la salida de EPS gigantes y responsables, con las intervenciones a veces cuestionables de la Superintendencia de Salud, y con el tono hostil desde la Casa de Nariño, hoy tenemos un “monstruo de Frankenstein” que ha hecho que los colombianos confíen menos en su sistema. Hay desfinanciación, hay malos manejos, hay denuncias de corrupción (aunque algunas son bastante faltas de rigurosidad), y queda la sensación de caos. Crisis, es la palabra que se ha usado, y no es exagerada. Todo eso hace necesario que el Congreso entienda su momento histórico y actúe.
El problema, claro está, es que cualquier reforma no es suficiente. La Casa de Nariño insistió en sus inamovibles. Aunque el nuevo proyecto, encabezado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solo consta de 48 artículos, muchos menos que el proyecto que se hundió en la pasada legislatura, en esencia confirma que el Gobierno quiere consenso pero en torno a sus ideas. Lo dijo el ministro Jaramillo: “Aquí no hay ningún proyecto de ley nuevo, se continúa con el que se entregó el año pasado”. El problema es que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había dicho que se trata de “una iniciativa que es bien distinta a la primera que radicó el gobierno, y se puede seguir ajustando”. Esto llevó a críticas que se resumen en un mensaje del exministro de Salud y de Educación, Alejandro Gaviria: “esta reforma”, escribió, es “idéntica en esencia a la ya hundida”.
Hay, en todo caso, cambios de la realidad. Las EPS parecen haber reducido su oposición, algunas porque ya van de salida del sistema y otras porque, en efecto, fueron escuchadas por el Gobierno. Pero si se quiere hablar del consenso, el lugar es el Congreso de la República, que tiene que tomar la iniciativa, no para hundir la reforma, sino para mejorarla. Como punto de partida, hay dos puntos claves que la propuesta no atiende adecuadamente: la financiación, a pesar de que el Ministerio de Hacienda dijo que habrá suficiente dinero en el 2025, y la estructuración de las funciones. La propuesta del Gobierno diluye el servicio en tantos actores e involucra a tantas entidades territoriales, al punto que revive los temores de una burocracia inmanejable. Sería un desastre que la solución a la crisis sea un cambio sin dirección clara que complejice el sistema. Tampoco se puede esperar que sean el próximo Gobierno y el próximo Congreso los que solucionen los problemas. La reforma no da espera, ¿hay posibilidad de diálogo?
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