La condena de Andrés Felipe Arias

Una decisión que, como era de esperarse, ha provocado toda suerte de reacciones, que se suman a las especulaciones, debidamente calificadas con adjetivos que varían según el lado en el que se esté y que al menos hasta el momento de escribir estas líneas no se habían dilucidado, sobre si el exministro regresará al país de sus vacaciones en el exterior —perfectamente legales, por cierto— para asumir la condena, o si tomará el camino de eludir la justicia que han escogido otros exfuncionarios de ese gobierno bajo el argumento de que se trata de casos políticos más que judiciales.

En esencia, por lo que se escuchó en el fallo oral presentado el pasado jueves, a Arias se le achaca haber contratado de manera directa, y no por licitación, la administración del programa Agro Ingreso Seguro con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), haciendo pasar la distribución de los subsidios con recursos públicos como una actividad “tecnológica y científica”. Eso le permitió tener pleno control de lo que hacía el IICA, cuya actuación estaba en realidad, según la Corte, “bajo la égida del ministro”. A su vez, la apropiación en favor de terceros se justifica en que Arias habría tenido “completo conocimiento” de las irregularidades que cometieron varios agricultores poderosos para fraccionar sus terrenos y así acceder a mayores beneficios.

Considerar que la Corte Suprema ha emitido un fallo político y que, como dijo el abogado defensor, “el caso no daba ni para un regaño”, resulta un tanto absurdo si se considera que por estos mismos hechos no solamente la Corte ha fallado en su contra, sino también la Procuraduría y la Contraloría. ¿Todos unificados en una sola persecución política? ¡Por favor! Empero, aunque lo nuestro no es controvertir al desgaire fallos judiciales sin el conocimiento detallado de los casos, la magnitud de los delitos y las penas que podría soportar sí lucen desproporcionadas.

Primero, porque contratar con entidades internacionales la administración de proyectos es práctica común y legal en el servicio público. Ya se ha dicho en estos días que tanto antecesores de Arias como su inmediato sucesor en la cartera de Agricultura han hecho contrataciones equivalentes con el mismo IICA. Y en cuanto a los beneficiarios, no sólo han aceptado en conciliaciones judiciales que engañaron al ministerio con los fraccionamientos, sino que además la mayoría ha regresado el dinero. Es decir que, como también se ha dicho esta semana, Arias no se robó ni un peso y la acusación de que se habría beneficiado para la financiación de su campaña no hace parte de la decisión.

¿Justifica todo esto calificar de político el fallo? No lo creemos. Lo que sí pensamos es que la pena, y el sitio de reclusión, deberían sopesarse a la luz de estas realidades. A juzgar por los varios casos fallados y por diversas instancias, Arias sobrepasó los límites de la legalidad. Pero no es un criminal de alto calibre ni debe por tanto ser castigado como si lo fuera.