“Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”. Así termina el comunicado de prensa que publicó ayer el presidente de la República, Gustavo Petro. Se refería a Juan Fernando Petro, su hermano, y Nicolás Petro, su hijo y también diputado de la Asamblea del Atlántico. Se trata de una declaración profundamente preocupante, pues el mandatario está dando credibilidad a lo que hasta ahora solo han sido rumores sobre el trámite indebido de las negociaciones de la paz total. Es bienvenido para la institucionalidad que el presidente respete a la justicia y haga una declaración de este tipo incluso involucrando a miembros de su familia, pero son muchas las preguntas que tendrán que resolverse en las próximas semanas sobre qué es lo que ha ocurrido.
“Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano y mi hijo mayor, le pido a la Fiscalía General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, dice el comunicado. Y también pasa a explicar que la única persona autorizada por el Gobierno para tener negociaciones con las organizaciones al margen de la ley es el comisionado de Paz, Danilo Rueda.
El “rumor” del que habla el presidente es que se estarían negociando amnistías en las cárceles y audiencias con sus familiares. El mismo Juan Fernando Petro había dicho hace unas semanas que estaban usando su nombre “para hacer negociaciones; sé que eso pasa, aunque no tengo la certeza de quién lo hace y tengo información de que hay gente que paga desde $20 millones hasta $800 millones para tener una cita conmigo”. Sin embargo, el comunicado de Presidencia deja entrever que quizás haya más que eso.
Desde hace tiempo se habla de la existencia de grabaciones comprometedoras y en este momento es ineludible recordar la investigación del colega Ricardo Calderón durante la campaña presidencial, que en Noticias Caracol reveló el llamado “pacto de La Picota”. La virulenta reacción desde la campaña Petro y sus bodegas en ese momento, tratando de manchar el trabajo de Calderón, contrasta con lo que ahora reporta La Silla Vacía: “Hace unas semanas, el presidente ordenó a sus ministros no dejar entrar a Juan Fernando Petro y Nicolás Petro a los ministerios. Y que ‘le avisaran si les pedían algo’, dijo una fuente”.
Son pertinentes dos reacciones. Por un lado, reiterarle al Gobierno que se necesita más transparencia y coordinación en el proceso hacia la paz total. El secretismo no ayuda cuando se trata de diálogos inéditos con grupos que no son políticos e involucran poderes dentro de las cárceles. Por otro lado, es necesario que la justicia esclarezca la responsabilidad de los Petro y cuál fue el rol del Gobierno o de algunos de sus funcionarios (si es que lo hubo) en lo que viene ocurriendo.
Hasta ahora lo que tenemos son especulaciones, por lo que la Fiscalía debe tomar la palabra, como en buena hora lo ha solicitado el presidente.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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“Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”. Así termina el comunicado de prensa que publicó ayer el presidente de la República, Gustavo Petro. Se refería a Juan Fernando Petro, su hermano, y Nicolás Petro, su hijo y también diputado de la Asamblea del Atlántico. Se trata de una declaración profundamente preocupante, pues el mandatario está dando credibilidad a lo que hasta ahora solo han sido rumores sobre el trámite indebido de las negociaciones de la paz total. Es bienvenido para la institucionalidad que el presidente respete a la justicia y haga una declaración de este tipo incluso involucrando a miembros de su familia, pero son muchas las preguntas que tendrán que resolverse en las próximas semanas sobre qué es lo que ha ocurrido.
“Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano y mi hijo mayor, le pido a la Fiscalía General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, dice el comunicado. Y también pasa a explicar que la única persona autorizada por el Gobierno para tener negociaciones con las organizaciones al margen de la ley es el comisionado de Paz, Danilo Rueda.
El “rumor” del que habla el presidente es que se estarían negociando amnistías en las cárceles y audiencias con sus familiares. El mismo Juan Fernando Petro había dicho hace unas semanas que estaban usando su nombre “para hacer negociaciones; sé que eso pasa, aunque no tengo la certeza de quién lo hace y tengo información de que hay gente que paga desde $20 millones hasta $800 millones para tener una cita conmigo”. Sin embargo, el comunicado de Presidencia deja entrever que quizás haya más que eso.
Desde hace tiempo se habla de la existencia de grabaciones comprometedoras y en este momento es ineludible recordar la investigación del colega Ricardo Calderón durante la campaña presidencial, que en Noticias Caracol reveló el llamado “pacto de La Picota”. La virulenta reacción desde la campaña Petro y sus bodegas en ese momento, tratando de manchar el trabajo de Calderón, contrasta con lo que ahora reporta La Silla Vacía: “Hace unas semanas, el presidente ordenó a sus ministros no dejar entrar a Juan Fernando Petro y Nicolás Petro a los ministerios. Y que ‘le avisaran si les pedían algo’, dijo una fuente”.
Son pertinentes dos reacciones. Por un lado, reiterarle al Gobierno que se necesita más transparencia y coordinación en el proceso hacia la paz total. El secretismo no ayuda cuando se trata de diálogos inéditos con grupos que no son políticos e involucran poderes dentro de las cárceles. Por otro lado, es necesario que la justicia esclarezca la responsabilidad de los Petro y cuál fue el rol del Gobierno o de algunos de sus funcionarios (si es que lo hubo) en lo que viene ocurriendo.
Hasta ahora lo que tenemos son especulaciones, por lo que la Fiscalía debe tomar la palabra, como en buena hora lo ha solicitado el presidente.
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