Hay confusión en el país por decisiones recientes de tutela de la Corte Constitucional (T-430/22 y T-158/23) sobre el aborto. En la histórica Sentencia C-055 del 2022, el alto tribunal despenalizó el aborto para que las mujeres no siguieran teniendo que acceder a él en la clandestinidad. Al hacerlo, buscaba proteger la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Sin embargo, un año después dos sentencias crearon barreras para el acceso, abriendo la puerta a la desinformación. Hay un riesgo latente: si el alto tribunal no anula las decisiones, podría llevar a que el sistema público de salud cree obstáculos para el acceso al aborto.
Lo más importante, que debería tener eco en todo el país, es que al día de hoy las mujeres pueden acceder a un aborto gratuito y legal en el sistema de salud público. Eso lo respalda la C-055 de 2022, varias decisiones de jueces en instancia de tutela tomadas desde entonces y también una larga jurisprudencia de la Corte en ese sentido. Es clave hacer énfasis en este punto porque, más allá de las pasiones ideológicas que despierta este debate, no podemos olvidar que las mujeres que sufren son aquellas que no pueden pagarse abortos en el sistema privado. Ellas, que están en condición de vulnerabilidad y son atendidas por el sistema público en todos los rincones del país, son las que buscaba proteger la despenalización. Abandonarlas en este momento y crear obstáculos que no existen es traicionar la esencia de la decisión de la Corte. No se puede leer de las tutelas falladas recientemente que el alto tribunal esté permitiendo la persecución de las mujeres más vulnerables del país.
Dicho eso, sí es importante que el alto tribunal, en sala plena, aclare qué está ocurriendo. Hay solicitudes de nulidad en cada una de las tutelas mencionadas, que deberían concederse o, cuando menos, llevar a una aclaración de sus alcances. Porque existe el riesgo de que haya una incoherencia en la jurisprudencia a tan solo un año de la sentencia hito de 2022. Todos los magistrados de la Corte Constitucional deben comprender que introducir zonas grises en una decisión tan importante llevará, en la práctica, a que a las mujeres les nieguen el acceso al aborto libre. Eso, como mencionamos, lleva a sufrimientos, tragedias y a la vulneración del derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.
Tenemos que volver a lo básico: ¿para qué penalizar una decisión que debería partir de la autonomía de cada mujer? Si ya despenalizamos, ¿cómo ahora permitimos que se creen obstáculos para quienes deseen ejercer su voluntad al pedir un aborto? Es un asunto de coherencia mínima. Si abortar hasta la semana 24 de gestación no es un delito y si se trata de un procedimiento tan importante para la salud de las mujeres, el sistema tiene que garantizar que no haya obstáculos, cobros o estigmatizaciones. Que lo sepan todas las mujeres del país que necesitan oírlo: pueden ir al sistema público y pedir un aborto. Que no les digan lo contrario.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Lo más importante, que debería tener eco en todo el país, es que al día de hoy las mujeres pueden acceder a un aborto gratuito y legal en el sistema de salud público. Eso lo respalda la C-055 de 2022, varias decisiones de jueces en instancia de tutela tomadas desde entonces y también una larga jurisprudencia de la Corte en ese sentido. Es clave hacer énfasis en este punto porque, más allá de las pasiones ideológicas que despierta este debate, no podemos olvidar que las mujeres que sufren son aquellas que no pueden pagarse abortos en el sistema privado. Ellas, que están en condición de vulnerabilidad y son atendidas por el sistema público en todos los rincones del país, son las que buscaba proteger la despenalización. Abandonarlas en este momento y crear obstáculos que no existen es traicionar la esencia de la decisión de la Corte. No se puede leer de las tutelas falladas recientemente que el alto tribunal esté permitiendo la persecución de las mujeres más vulnerables del país.
Dicho eso, sí es importante que el alto tribunal, en sala plena, aclare qué está ocurriendo. Hay solicitudes de nulidad en cada una de las tutelas mencionadas, que deberían concederse o, cuando menos, llevar a una aclaración de sus alcances. Porque existe el riesgo de que haya una incoherencia en la jurisprudencia a tan solo un año de la sentencia hito de 2022. Todos los magistrados de la Corte Constitucional deben comprender que introducir zonas grises en una decisión tan importante llevará, en la práctica, a que a las mujeres les nieguen el acceso al aborto libre. Eso, como mencionamos, lleva a sufrimientos, tragedias y a la vulneración del derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.
Tenemos que volver a lo básico: ¿para qué penalizar una decisión que debería partir de la autonomía de cada mujer? Si ya despenalizamos, ¿cómo ahora permitimos que se creen obstáculos para quienes deseen ejercer su voluntad al pedir un aborto? Es un asunto de coherencia mínima. Si abortar hasta la semana 24 de gestación no es un delito y si se trata de un procedimiento tan importante para la salud de las mujeres, el sistema tiene que garantizar que no haya obstáculos, cobros o estigmatizaciones. Que lo sepan todas las mujeres del país que necesitan oírlo: pueden ir al sistema público y pedir un aborto. Que no les digan lo contrario.
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