Conjurado el paro, viene lo más complicado

Después de 20 días de paro, acciones violentas de algunos vándalos, denuncias de abusos del Esmad y multimillonarias pérdidas por el represamiento de las mercancías que iban con destino al puerto, el Gobierno y los protestantes de Buenaventura han llegado a un acuerdo. No era fácil dado que la indignación que producen años de desigualdad, corrupción y miles de millones en recursos que no se han visto tenían a las personas exigiendo cambios estructurales. Hay un buen primer paso, pero el futuro de la ciudad dependerá no en menor medida de la voluntad con la que aterrice el próximo presidente.

Hace apenas unos días, los organizadores del paro cívico insistían en que no se había avanzado lo suficiente. Cuando se levantó el paro en el Chocó, Buenaventura seguía manifestándose. Y es que al Gobierno no le quedaba fácil responder a peticiones que apuntaban a un remezón extraordinario de las condiciones socioeconómicas de los bonaverenses. Por eso se solicitaba la declaratoria de emergencia económica, para que se realizaran una serie de inversiones de manera rápida. Pero desde el principio eso era difícil de cumplir. Sin embargo, Narcilo Rosero, miembro del Comité Cívico de Buenaventura, le dio a La Silla Pacífico un resumen de lo que pretendían: “Desde el principio, para el comité ha sido claro que lo que buscamos es transformar nuestras condiciones de vida. Las propuestas van encaminadas a acabar con la desigualdad”.

Aunque lo anterior es un fin necesario, era evidente para todos los involucrados que no se logra de la noche a la mañana. El acuerdo al que llegaron reconoce esa situación. Guillermo Rivera, ministro del Interior y quien estuvo desde el sábado en la ciudad, le explicó a Caracol Radio que “el elemento central del acuerdo es la creación de un patrimonio autónomo a través del cual se van a financiar obras muy importantes para Buenaventura en un término que hemos fijado de diez años. Este Gobierno, en lo que le queda, va a comprometer algunos recursos, pero se dejará un marco de acción para otros gobiernos”.

En plata blanca, el Gobierno acordó una partida de $1,5 billones, destinados a obras estratégicas y la optimización en servicios públicos, vivienda y educación. Entre otros rubros, se orientarán $350.000 millones para el alcantarillado, $170.000 millones para educación y $62.000 millones para el acceso a la justicia. También hay una partida para el hospital Luis Ablanque de la Plata y la construcción de una ciudadela hospitalaria. El Gobierno se comprometió a presentar el 20 de julio en el Congreso un proyecto de ley para la creación de un plan de desarrollo especial a diez años, que beneficie al Distrito de Buenaventura con la ejecución de proyectos, programas e iniciativas financiadas a través de un patrimonio autónomo, que será administrado principalmente por Minhacienda. El presupuesto de ese fondo, según un comunicado de la Gobernación del Valle, será de cerca de $800.000 millones aportados por el Estado y otros $600.000 millones que le solicitarán al Congreso.

Es de celebrar que se vayan conjurando los paros en el país y que se llegue a acuerdos puntuales. Para empezar a cambiar los problemas estructurales, todos los involucrados deben cerciorarse de que los recursos se utilicen adecuadamente, lo que no es tarea sencilla. También es importante que estos temas no se pierdan en la campaña electoral: quienes deseen llegar al Congreso y a la Casa de Nariño deben mostrar un compromiso genuino con permitir que estos territorios, sometidos históricamente a tasas perversas de desigualdad, puedan reconstruirse y tener oportunidades. Que lo que hemos visto en las últimas semanas sea una advertencia: las personas no están dispuestas a más paños de agua tibia ni a promesas incumplidas. Esperamos no estar escribiendo de lo mismo en un par de años.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com .

Después de 20 días de paro, acciones violentas de algunos vándalos, denuncias de abusos del Esmad y multimillonarias pérdidas por el represamiento de las mercancías que iban con destino al puerto, el Gobierno y los protestantes de Buenaventura han llegado a un acuerdo. No era fácil dado que la indignación que producen años de desigualdad, corrupción y miles de millones en recursos que no se han visto tenían a las personas exigiendo cambios estructurales. Hay un buen primer paso, pero el futuro de la ciudad dependerá no en menor medida de la voluntad con la que aterrice el próximo presidente.

Hace apenas unos días, los organizadores del paro cívico insistían en que no se había avanzado lo suficiente. Cuando se levantó el paro en el Chocó, Buenaventura seguía manifestándose. Y es que al Gobierno no le quedaba fácil responder a peticiones que apuntaban a un remezón extraordinario de las condiciones socioeconómicas de los bonaverenses. Por eso se solicitaba la declaratoria de emergencia económica, para que se realizaran una serie de inversiones de manera rápida. Pero desde el principio eso era difícil de cumplir. Sin embargo, Narcilo Rosero, miembro del Comité Cívico de Buenaventura, le dio a La Silla Pacífico un resumen de lo que pretendían: “Desde el principio, para el comité ha sido claro que lo que buscamos es transformar nuestras condiciones de vida. Las propuestas van encaminadas a acabar con la desigualdad”.

Aunque lo anterior es un fin necesario, era evidente para todos los involucrados que no se logra de la noche a la mañana. El acuerdo al que llegaron reconoce esa situación. Guillermo Rivera, ministro del Interior y quien estuvo desde el sábado en la ciudad, le explicó a Caracol Radio que “el elemento central del acuerdo es la creación de un patrimonio autónomo a través del cual se van a financiar obras muy importantes para Buenaventura en un término que hemos fijado de diez años. Este Gobierno, en lo que le queda, va a comprometer algunos recursos, pero se dejará un marco de acción para otros gobiernos”.

En plata blanca, el Gobierno acordó una partida de $1,5 billones, destinados a obras estratégicas y la optimización en servicios públicos, vivienda y educación. Entre otros rubros, se orientarán $350.000 millones para el alcantarillado, $170.000 millones para educación y $62.000 millones para el acceso a la justicia. También hay una partida para el hospital Luis Ablanque de la Plata y la construcción de una ciudadela hospitalaria. El Gobierno se comprometió a presentar el 20 de julio en el Congreso un proyecto de ley para la creación de un plan de desarrollo especial a diez años, que beneficie al Distrito de Buenaventura con la ejecución de proyectos, programas e iniciativas financiadas a través de un patrimonio autónomo, que será administrado principalmente por Minhacienda. El presupuesto de ese fondo, según un comunicado de la Gobernación del Valle, será de cerca de $800.000 millones aportados por el Estado y otros $600.000 millones que le solicitarán al Congreso.

Es de celebrar que se vayan conjurando los paros en el país y que se llegue a acuerdos puntuales. Para empezar a cambiar los problemas estructurales, todos los involucrados deben cerciorarse de que los recursos se utilicen adecuadamente, lo que no es tarea sencilla. También es importante que estos temas no se pierdan en la campaña electoral: quienes deseen llegar al Congreso y a la Casa de Nariño deben mostrar un compromiso genuino con permitir que estos territorios, sometidos históricamente a tasas perversas de desigualdad, puedan reconstruirse y tener oportunidades. Que lo que hemos visto en las últimas semanas sea una advertencia: las personas no están dispuestas a más paños de agua tibia ni a promesas incumplidas. Esperamos no estar escribiendo de lo mismo en un par de años.

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