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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le acaba de pedir al presidente de la República, Gustavo Petro, que recobre una posición razonable frente a la institucionalidad colombiana. Al negar su petición de protección frente a un inexistente “golpe blando”, el alto tribunal repitió los argumentos que se han esbozado en Colombia e incluso en este espacio. No, el Consejo Nacional Electoral no puede tumbar al mandatario de su puesto en la Casa de Nariño, pero sí tiene toda la potestad para investigar su campaña. En cualquier caso, en el sistema jurídico colombiano hay herramientas para lidiar con cualquier intento de abuso. Sin embargo, el mandatario y sus seguidores han optado por insistir en deslegitimar la institucionalidad. ¿Será que hay temor a enfrentar el proceso de manera transparente?
El presidente Petro no puede decir que la Corte IDH es un órgano adverso a sus intereses. La sentencia de su caso, cuando fue destituido de la Alcaldía de Bogotá por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, fue histórica y es uno de los precedentes más importantes en torno a la Convención Americana. Por eso, el pronunciamiento del tribunal internacional obtiene aún más peso. En su intento por convencer al mundo de que hay un golpe de Estado en marcha, el mandatario se choca con el peso de la realidad.
Los argumentos de la Corte IDH no resultan sorpresivos. Primero, dijo que el CNE no tiene la capacidad normativa de afectar los derechos políticos del presidente. Es decir que con esa investigación no se está violando la Convención Americana. “De la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente”, dijo el tribunal internacional. Tiene razón en su lectura, como múltiples juristas colombianos lo han explicado en varias ocasiones.
Segundo, el tribunal dice que el presidente Petro tiene suficientes herramientas dentro del ordenamiento jurídico colombiano para enfrentar cualquier abuso de poder. Al salir corriendo al tribunal internacional, “la solicitud de medidas provisionales pretende soslayar el principio de subsidiariedad del Sistema Interamericano”. Es decir que el mandatario debería esperar a que las investigaciones surtan su curso y valerse de los recursos disponibles. Como se le ha dicho en numerosas ocasiones.
Por todo lo anterior, la Corte IDH decidió no conceder medidas provisionales. Esto en la misma semana en la que el presidente Petro está discutiendo con exmagistrados del Consejo de Estado porque, en sus palabras, “se ha irrespetado el voto popular”. La decisión del tribunal internacional debería llevar a un cambio de discurso, aunque no esperamos que eso pase. Al tiempo que se anunciaba la decisión de la Corte IDH, miembros del Pacto Histórico proponían crear un equipo jurídico para defender al mandatario en tribunales internacionales y combatir el supuesto lawfare. La estrategia seguirá siendo victimizarse, aunque en el proceso se siga golpeando la institucionalidad.
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