Crece el horror (y la necesidad de respuestas) en Putumayo
Cuantos más detalles conocemos sobre lo ocurrido en la vereda El Remanso, del Putumayo, surgen interrogantes urgentes que el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional necesitan responder. También se hace evidente que la actitud combativa que han adoptado las autoridades en el debate público para silenciar cualquier crítica a lo ocurrido es una respuesta inadecuada a un escándalo que solo seguirá creciendo. Gracias a una alianza de periodistas de Colombia+20 de El Espectador, Cambio y Vorágine, Colombia está conociendo detalles horribles de la operación militar contra disidencias de las Farc. Si los reflectores del país no estuvieran sobre el caso, ¿quedaría todo sepultado por el tono triunfalista de la fuerza pública?
Esta es una lista de las denuncias e irregularidades que los periodistas recolectaron en la comunidad y contrastaron con fuentes oficiales, cuando había manera de hacerlo, y que dejan la necesidad de mejores explicaciones por parte del Ejército y el Ministerio de Defensa: los militares llegaron vestidos de pantalones verdes, buzos y gorras negras, y dijeron que no eran fuerza pública sino guerrilla; encerraron a varias personas durante el tiroteo y les decían que no miraran a la cara a los soldados; varios muertos civiles, como el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, pidieron a gritos ayuda después de ser heridos y nadie los pudo socorrer porque continuaban los disparos; después a las personas de la comunidad las sentaron en el polideportivo durante horas sin mayor explicación; hay indicios fuertes de manipulación de por lo menos el cadáver de Brayan Santiago Pama, adolescente de 16 años, quien fue movido y apareció con armas de manera sospechosa; los militares no permitieron a la población identificar a sus muertos y, finalmente, se dijo que era un operativo conjunto con la Fiscalía, pero el ente investigador controvirtió esa versión y solo pudo entrar a la vereda tiempo después del ataque.
A la anterior lista de denuncias, que proporcionan suficiente información para cuestionar los métodos empleados por el Ejército, se suman las que ya formulamos en un editorial previo: ¿por qué una operación militar en el tercer día de un bazar donde había múltiples civiles? ¿Por qué se habla de miembros de las disidencias de la guerrilla cuando las comunidades hablan de líderes sociales y políticos de la zona y también entre las víctimas había una mujer embarazada y un adolescente de 16 años? ¿Por qué se insiste ante la opinión pública en que no hay razones para investigar lo que pasó y en cambio se continúa en el discurso de la estigmatización contra los pobladores?
Está claro que no hay certezas, solo denuncias, testimonios de la comunidad y la versión oficial inamovible. No obstante, por la gravedad de lo que se ha conocido, invitamos nuevamente al Ejército y al Ministerio de Defensa a tomar una actitud mucho más prudente y proactiva, que pase por reconocer las preocupaciones de la población y dar respuestas al país sin entrar en retóricas incendiarias ni triunfalismos que poco ayudan. Nos repetimos: necesitamos saber qué pasó en el Putumayo cuanto antes.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
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Esta es una lista de las denuncias e irregularidades que los periodistas recolectaron en la comunidad y contrastaron con fuentes oficiales, cuando había manera de hacerlo, y que dejan la necesidad de mejores explicaciones por parte del Ejército y el Ministerio de Defensa: los militares llegaron vestidos de pantalones verdes, buzos y gorras negras, y dijeron que no eran fuerza pública sino guerrilla; encerraron a varias personas durante el tiroteo y les decían que no miraran a la cara a los soldados; varios muertos civiles, como el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, pidieron a gritos ayuda después de ser heridos y nadie los pudo socorrer porque continuaban los disparos; después a las personas de la comunidad las sentaron en el polideportivo durante horas sin mayor explicación; hay indicios fuertes de manipulación de por lo menos el cadáver de Brayan Santiago Pama, adolescente de 16 años, quien fue movido y apareció con armas de manera sospechosa; los militares no permitieron a la población identificar a sus muertos y, finalmente, se dijo que era un operativo conjunto con la Fiscalía, pero el ente investigador controvirtió esa versión y solo pudo entrar a la vereda tiempo después del ataque.
A la anterior lista de denuncias, que proporcionan suficiente información para cuestionar los métodos empleados por el Ejército, se suman las que ya formulamos en un editorial previo: ¿por qué una operación militar en el tercer día de un bazar donde había múltiples civiles? ¿Por qué se habla de miembros de las disidencias de la guerrilla cuando las comunidades hablan de líderes sociales y políticos de la zona y también entre las víctimas había una mujer embarazada y un adolescente de 16 años? ¿Por qué se insiste ante la opinión pública en que no hay razones para investigar lo que pasó y en cambio se continúa en el discurso de la estigmatización contra los pobladores?
Está claro que no hay certezas, solo denuncias, testimonios de la comunidad y la versión oficial inamovible. No obstante, por la gravedad de lo que se ha conocido, invitamos nuevamente al Ejército y al Ministerio de Defensa a tomar una actitud mucho más prudente y proactiva, que pase por reconocer las preocupaciones de la población y dar respuestas al país sin entrar en retóricas incendiarias ni triunfalismos que poco ayudan. Nos repetimos: necesitamos saber qué pasó en el Putumayo cuanto antes.
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