Es urgente reforzar la seguridad de todos los periodistas que trabajan en Cúcuta, Norte de Santander. También es necesario que el Ministerio de Defensa Nacional renueve su compromiso con un plan de seguridad integral para la capital fronteriza con Venezuela. Mientras los ojos del país están puestos en Cauca y Valle del Cauca por los ruidosos atentados de la disidencia de Iván Mordisco, en Cúcuta y toda la región fronteriza viene creciendo sin mayor contrapeso la influencia de organizaciones criminales que han cometido homicidios, enviado panfletos intimidatorios y tienen amenazado hasta al alcalde de la ciudad. Los casos de sicariato a plena luz del día hablan de la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
La alerta más reciente la encendieron siete periodistas de Cúcuta, que han insistido valientemente en denuncias contra las organizaciones criminales que operan en la región. En un panfleto, el Tren de Aragua dice que “manda en la frontera”, que “en Cúcuta también estamos presentes en todos lados” y les envía un mensaje a los siete periodistas mencionados por nombre: “Dejen de estar metiendo sus narices donde no les importa, dejen de ser brujas”. Cristian Herrera, periodista mencionado en el panfleto y que tiene varios reconocimientos por su labor, explicó en su cuenta de X la situación: “En Cúcuta se volvió común recibir amenazas, hoy los nombres de varios periodistas, entre esos el mío, aparecen en un panfleto que presuntamente sacó el Tren de Aragua, pero ni con eso me callan...”.
Aunque es necesario celebrar la valentía de Herrera y de nuestros colegas en la ciudad fronteriza, ejercer el trabajo de periodista no debería implicar esos riesgos. Y, sin embargo, esa es la situación real. Hace apenas unas semanas fue asesinado Jaime Vásquez, conocido por sus denuncias de actos de corrupción. Ese acto se suma a las múltiples amenazas que los periodistas de la ciudad llevan denunciando en los últimos años. En 2023, cuando todavía era directora de La Opinión, Estefanía Colmenares tuvo que hacer públicos unos mensajes que buscaban silenciarla. El objetivo siempre es el mismo: aterrorizar para que no haya denuncias en una región del país que es clave para el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de personas y el fortalecimiento de múltiples organizaciones criminales.
Es tan creíble el riesgo y tan grave la situación, que el mismo alcalde de la ciudad, Jorge Acevedo, salió a denunciar amenazas en su contra. “Dejo a disposición de la Fiscalía y la Policía de Cúcuta esta amenaza que me hacen llegar las bandas AK 47 y Tren de Aragua. Comparto con el señor presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, esta amenaza. No me van a intimidar, tenga la seguridad de que la institucionalidad siempre se impone ante el crimen”.
Necesitamos, entonces, acciones concretas, ambiciosas y urgentes por parte del Gobierno Nacional. La frontera está bajo ataque y la libertad de prensa está seriamente cuestionada. Es evidente que no ha bastado con reforzar el pie de fuerza ni con los cambios constantes en la cúpula de la Policía municipal y departamental. A la par de la Misión Cauca, se hace necesaria una Misión Norte de Santander.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
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Es urgente reforzar la seguridad de todos los periodistas que trabajan en Cúcuta, Norte de Santander. También es necesario que el Ministerio de Defensa Nacional renueve su compromiso con un plan de seguridad integral para la capital fronteriza con Venezuela. Mientras los ojos del país están puestos en Cauca y Valle del Cauca por los ruidosos atentados de la disidencia de Iván Mordisco, en Cúcuta y toda la región fronteriza viene creciendo sin mayor contrapeso la influencia de organizaciones criminales que han cometido homicidios, enviado panfletos intimidatorios y tienen amenazado hasta al alcalde de la ciudad. Los casos de sicariato a plena luz del día hablan de la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
La alerta más reciente la encendieron siete periodistas de Cúcuta, que han insistido valientemente en denuncias contra las organizaciones criminales que operan en la región. En un panfleto, el Tren de Aragua dice que “manda en la frontera”, que “en Cúcuta también estamos presentes en todos lados” y les envía un mensaje a los siete periodistas mencionados por nombre: “Dejen de estar metiendo sus narices donde no les importa, dejen de ser brujas”. Cristian Herrera, periodista mencionado en el panfleto y que tiene varios reconocimientos por su labor, explicó en su cuenta de X la situación: “En Cúcuta se volvió común recibir amenazas, hoy los nombres de varios periodistas, entre esos el mío, aparecen en un panfleto que presuntamente sacó el Tren de Aragua, pero ni con eso me callan...”.
Aunque es necesario celebrar la valentía de Herrera y de nuestros colegas en la ciudad fronteriza, ejercer el trabajo de periodista no debería implicar esos riesgos. Y, sin embargo, esa es la situación real. Hace apenas unas semanas fue asesinado Jaime Vásquez, conocido por sus denuncias de actos de corrupción. Ese acto se suma a las múltiples amenazas que los periodistas de la ciudad llevan denunciando en los últimos años. En 2023, cuando todavía era directora de La Opinión, Estefanía Colmenares tuvo que hacer públicos unos mensajes que buscaban silenciarla. El objetivo siempre es el mismo: aterrorizar para que no haya denuncias en una región del país que es clave para el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de personas y el fortalecimiento de múltiples organizaciones criminales.
Es tan creíble el riesgo y tan grave la situación, que el mismo alcalde de la ciudad, Jorge Acevedo, salió a denunciar amenazas en su contra. “Dejo a disposición de la Fiscalía y la Policía de Cúcuta esta amenaza que me hacen llegar las bandas AK 47 y Tren de Aragua. Comparto con el señor presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, esta amenaza. No me van a intimidar, tenga la seguridad de que la institucionalidad siempre se impone ante el crimen”.
Necesitamos, entonces, acciones concretas, ambiciosas y urgentes por parte del Gobierno Nacional. La frontera está bajo ataque y la libertad de prensa está seriamente cuestionada. Es evidente que no ha bastado con reforzar el pie de fuerza ni con los cambios constantes en la cúpula de la Policía municipal y departamental. A la par de la Misión Cauca, se hace necesaria una Misión Norte de Santander.
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