Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Cristina Fernández de Kirchner deberá afrontar en febrero del año entrante un primer juicio oral. La expresidenta argentina ha sido llamada a juicio en tres causas: presunto encubrimiento agravado, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Son tres asuntos graves que, en caso de comprobarse, pueden llevarla a la cárcel. Fernández respondió diciendo que todo hace parte de una persecución política y que invitará a expresidentes y premios Nobel para que la acompañen a demostrar su inocencia. Lo que han denominado el “reality” de Cristina recién comienza.
Fernández se suma al grupo de exgobernantes de la región que viven, o han vivido, situaciones similares. En algunos casos enfrentan procesos en su contra, como Rafael Correa en Ecuador; han sido condenados y se encuentran en la cárcel, como Lula da Silva en Brasil, y otros se encuentran prófugos, como Alejandro Toledo. La mayoría de las causas judiciales se relacionan con hechos de corrupción durante su permanencia en los cargos. Sin embargo, todos argumentan que se trata de decisiones políticas sin fundamento para perjudicarlos. En medio de la polarización que existe en sus respectivos países, este tipo de estrategia no sólo profundiza los odios, sino que desvía la atención de los hechos ciertos que motivaron las decisiones de los jueces.
Este primer caso está relacionado con los negociados que se hicieron con lo que se denominó “dólar futuro”, en los cuales, mediante operaciones financieras, se buscaba vender dólares a un precio más bajo para que la cotización no se elevara por encima de ciertos niveles. La segunda causa es un presunto caso de corrupción que involucra a un importante empresario, quien se había beneficiado de contratos millonarios, en especial en obras públicas. A pesar de sus declaraciones de inocencia reiteradas, no se puede olvidar que más de la mitad del gabinete de Fernández, incluido su exvicepresidente, se encuentra procesado o en la cárcel.
La tercera causa, según lo determinó el juez Claudio Bonadio, es por el atentado terrorista contra la Mutual Judía en Buenos Aires, AMIA, del cual se responsabilizó a seis iraníes. Un fiscal nombrado para analizar el caso logró demostrar que la entonces presidenta había firmado un memorando de entendimiento con Irán para que los presuntos responsables fueran juzgados en su país de origen. De esta manera lograron garantizar su impunidad. Lo más grave del tema es que el fiscal, Alberto Nisman, después de haber señalado a la presidenta y a su canciller, murió en un muy extraño incidente en su apartamento que las autoridades del momento calificaron de suicidio. Sin embargo, las investigaciones posteriores hablan de asesinato.
Como si lo anterior fuera poco, se está adelantando una investigación por sobornos que se pagaron para adjudicar jugosos contratos en obras públicas y que señalan directamente al funcionario Roberto Baratta. Óscar Centeno, su chofer, decidió anotar durante diez años en cuadernos todos los pagos que le hacían a su jefe y que él iba a recoger en tulas cargadas con dinero. Por una mera casualidad, estos cuadernos llegaron a manos de un periodista, quien se dedicó a seguir la pista que hoy tiene contra las cuerdas a varios involucrados.
Lo cierto es que la estrategia de politizar las acciones judiciales ha dado resultados parciales. Los legisladores de izquierda de EuroLat emitieron un comunicado condenando “la ofensiva imperialista en América Latina y la persecución judicial, política y mediática y las campañas de criminalización que sufren distintos líderes progresistas, como sean el compañero Lula da Silva, Rafael Correa o Cristina Kirchner, con el objetivo de su impedimento a candidaturas a las elecciones presidenciales”. Serán las autoridades judiciales las que tengn la última palabra.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.