Hay muchas conversaciones ocurriendo en paralelo sobre el suministro de energía eléctrica en la costa Caribe, pero todas apuntan a lo mismo: la crisis es inmanejable. Lo es desde hace varios años, pero la fórmula ideada para reemplazar el desastre de Electricaribe no funcionó. Las dos empresas que entraron a reemplazarla están frustradas y sin soluciones. Air-e fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) después de que la empresa lanzó un grito de ayuda. EPM, dueña de Afinia, quiere salir del mercado y venderle todas sus acciones al Gobierno nacional. Mientras tanto, a pesar de sus promesas y discursos, la administración de Gustavo Petro no avanza en una reforma estructural y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) anda con torpeza, vigilada de cerca por el Consejo de Estado. El resultado es que la gente sufre.
Los videos de funcionarios de Air-e y Afinia que son agredidos por personas frustradas por los cobros elevadísimos son el resumen de todo lo que está mal en esta situación. Durante más de una década, la región Caribe viene rogando un servicio de electricidad digno y a un precio justo, pero el atraso histórico ha sido irreparable. Hoy tenemos costos altísimos, intermitencias constantes, desigualdad notable entre ricos y pobres, una cultura de no pago como protesta, facturas quemadas en señal de desespero, un Gobierno hostil que promete soluciones pero no logra ejecutarlas, un sector de las generadoras estigmatizado y un lío que, tristemente, no parece resolverse.
Ahora, Air-e dijo que no tenía suficientes recursos y se rindió. La Superservicios intervino. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le da perspectiva a lo que esto significa: $4 billones de gasto para un gobierno que de por sí está atado de manos por su falta de recursos. “El tema real es que la empresa Air-e hasta ahí llegó. No fue una decisión de que el Gobierno quisiera intervenir y hacer las cosas, sino que la empresa dijo: ‘Intervéngame, porque yo ya no doy más’”, explicó el ministro. Así fue.
A eso se le suma que Afinia, el otro proveedor, quiere salirse del mercado. Lo dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín: “Es urgente sentarnos a hablar con el Gobierno nacional para buscar una salida negociada y no esperar a que las empresas quiebren. Incluso, si la salida es que el Gobierno nacional adquiera el 100 % de las acciones que tiene EPM en Afinia, estamos dispuestos a que se dé en una forma en la que no se afecte la prestación del servicio”. Es que el suministro eléctrico en la costa Caribe es tan mal negocio y tiene tantos problemas, que todo parece indicar que se necesitan medidas radicales. Lo que tendremos, de facto, es una nacionalización de los prestadores del servicio. Pero el problema persistirá.
Lo dijeron los gremios generadores de la electricidad: Acolgen, Asocodis, ANDEG, Andesco y SER. La toma de posesión, explicaron, “no debe considerarse como una solución automática o definitiva para los problemas identificados en la prestación del servicio en la región Caribe, por lo que es de suma importancia encontrar soluciones estructurales que resuelvan de raíz las problemáticas presentadas desde años atrás”. Al mismo tiempo, ayer, la Procuraduría pidió explicaciones a Superservicios porque no es claro que el proceso de intervención haya surtido todos los requisitos de la norma. Lo dicho, un caos. Necesitamos, cuanto antes, un plan claro, mediado por el Congreso, que resuelva el problema a corto, mediano y largo plazo. La costa no da espera.
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