La justicia transicional no puede limitarse a los caprichos de los exmiembros del Secretariado de las extintas FARC. Una carta enviada al presidente de la República, Gustavo Petro, firmada por los altos miembros de la desaparecida guerrilla, hace la extraña labor de ponerle quejas al mandatario sobre el actuar de una entidad judicial que, por su creación, es independiente, autónoma y solo le debe rendir cuentas a la Constitución. La situación empeora cuando se mira el contenido de los reclamos, pues se reducen básicamente en que el tribunal no debería seguir investigando con tanta diligencia los crímenes cometidos durante el conflicto armado y más bien concentrarse en acelerar las amnistías. Esto a pesar de que los tribunales de paz se han convertido en referente para el mundo y uno de los pocos esfuerzos por llenar de verdad casos que llevan décadas en la impunidad.
Son, en síntesis, tres las incomodidades del antiguo secretariado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La primera es que la JEP quiere dictar resoluciones en cada macrocaso cuando, dicen, debería solo emitir una resolución única de conclusiones. La segunda es que de 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP, 3.804 han sido negadas. La tercera es que se ha vinculado a excombatientes de la guerrilla en escala baja y media del mando, lo que, reclaman, vulnera el hecho de que la idea era solo investigar los casos más representativos y a los máximos responsables. Por todo esto, dicen los miembros del Secretariado, hay un “empeño de la JEP por alejarse del espíritu y la letra de lo acordado, haciendo sus propias interpretaciones a un texto que es claro en sus propósitos de paz, dado el carácter político del Acuerdo que firmamos con el Estado, pretendiendo llevarlo un terreno judicial positivista, más propio de un sometimiento a la justicia”. Palabras más, palabras menos: no deberían investigar tanto y su labor principal es la de amnistiar a los firmantes, algo en lo que se están demorando.
No deja de ser curioso que ahora los excombatientes de las FARC se unan al coro de voces que se quejan de la JEP por estar investigando en profundidad los crímenes durante el conflicto armado. Recordar que se trató de un pacto político es negar que la Constitución les permite a los tribunales de paz hacer lo que consideren necesario para esclarecer los hechos. Lo pactado son penas alternativas bastante laxas que son incentivo suficiente para colaborar con la verdad, pero pretender apurar a los magistrados y quejarse de amnistías no concedidas porque las investigaciones están en curso es fomentar el discurso de los opositores del Acuerdo que dicen que guerrilla y Estado querían una justicia cómplice con la impunidad. ¿En realidad eso es lo que quieren?
Otro aspecto que llama la atención es que hace unas semanas, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el hoy suspendido canciller Álvaro Leyva había anunciado una inconformidad similar a la del Secretariado. “Se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas, teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”, afirmó en su momento el representante del gobierno Petro. Son presiones indebidas.
La JEP está haciendo un trabajo valioso para el país. Más verdad y más información no es incumplir el Acuerdo, sino cumplir la promesa que este le hizo a Colombia.
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