Cuando el río suena no convienen los oídos sordos
El Espectador
Atacar al periodismo que enciende alarmas por la posible creación de incentivos perversos dentro del Ejército Nacional es un desgaste inútil. Si bien las respuestas de todos los involucrados merecen el beneficio de la duda, el pasado nefasto de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia exige que las denuncias conocidas sean asumidas con sumo cuidado y responsabilidad.
En un artículo publicado por The New York Times, realizado a partir de la consulta de documentos del Ejército y entrevistas anónimas con miembros de la institución, se sugiere el retorno de la política que fomentó los asesinatos extrajudiciales que se presentaron durante la administración de Álvaro Uribe.
En síntesis, el texto, escrito por Nicholas Casey, dice que el Ejército quiere obtener más resultados y eso lo ha llevado a permitir ataques “con un 60-70 % de credibilidad y exactitud” y a volver a dar peso al “conteo de cuerpos”, que ve con buenos ojos las personas dadas de baja, y que, por lo que le cuentan al periodista, hay varios miembros de las Fuerzas Armadas que se sienten indebidamente presionados para obtener resultados.
Al tiempo que se conoce esta preocupante información, Noticias Uno publicó el fin de semana un audio en el cual un superior jerárquico increpa al excomandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Diego Villegas, por su postura sobre el asesinato del desmovilizado Dimar Torres. “Váyase para la guerrilla para que las Fuerzas Militares tengan el honor de perseguirlo y sacarlo de allá, si le dolió mucho que mataran a un guerrillero”, se escucha que le dice.
En respuesta, tanto el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez Espinel, como el ministro de Defensa, Guillermo Botero, desmintieron las denuncias. Según ellos, se trata de una interpretación errada e imprecisa de los documentos consultados, aseguran que no hay una directiva que privilegie el “conteo de cuerpos” y enfatizan que las Fuerzas Armadas están comprometidas con la protección de los derechos humanos. Hasta ahí celebramos su vehemencia y consideramos que, en efecto, el beneficio de la duda debe operar, con base en la información que se conoce.
No sucede igual con argumentos expresados por algunos líderes políticos. El mismo Botero, de hecho, dijo que las fuentes anónimas deben desestimarse. No, ministro, si hay personas dentro del Ejército temerosas de presentar quejas dando el rostro es porque no se está haciendo lo suficiente para tener un espacio seguro para las denuncias.
Mayor ha sido el nivel de irresponsabilidad de la senadora María Fernanda Cabal y que tuvo eco en el senador Álvaro Uribe. Salir a criticar el trabajo periodístico, no con argumentos, sino sugiriendo que Casey era cercano a las Farc, es poner su vida en riesgo y obligarlo a abandonar el país, como de hecho sucedió. Eso es una vulneración descarada a la libertad de prensa y los valores constitucionales que como congresistas juraron defender y respetar.
Pelear con la prensa es la estrategia inadecuada para responder a esta situación. Enviar mensajes contundentes de rechazo a cualquier presión para fomentar el “conteo de cuerpos” y el actuar torpe de nuestras Fuerzas Armadas es la verdadera solución. No puede quedar abierta la posibilidad de que repitamos nuestra historia pavorosa.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
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Atacar al periodismo que enciende alarmas por la posible creación de incentivos perversos dentro del Ejército Nacional es un desgaste inútil. Si bien las respuestas de todos los involucrados merecen el beneficio de la duda, el pasado nefasto de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia exige que las denuncias conocidas sean asumidas con sumo cuidado y responsabilidad.
En un artículo publicado por The New York Times, realizado a partir de la consulta de documentos del Ejército y entrevistas anónimas con miembros de la institución, se sugiere el retorno de la política que fomentó los asesinatos extrajudiciales que se presentaron durante la administración de Álvaro Uribe.
En síntesis, el texto, escrito por Nicholas Casey, dice que el Ejército quiere obtener más resultados y eso lo ha llevado a permitir ataques “con un 60-70 % de credibilidad y exactitud” y a volver a dar peso al “conteo de cuerpos”, que ve con buenos ojos las personas dadas de baja, y que, por lo que le cuentan al periodista, hay varios miembros de las Fuerzas Armadas que se sienten indebidamente presionados para obtener resultados.
Al tiempo que se conoce esta preocupante información, Noticias Uno publicó el fin de semana un audio en el cual un superior jerárquico increpa al excomandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Diego Villegas, por su postura sobre el asesinato del desmovilizado Dimar Torres. “Váyase para la guerrilla para que las Fuerzas Militares tengan el honor de perseguirlo y sacarlo de allá, si le dolió mucho que mataran a un guerrillero”, se escucha que le dice.
En respuesta, tanto el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez Espinel, como el ministro de Defensa, Guillermo Botero, desmintieron las denuncias. Según ellos, se trata de una interpretación errada e imprecisa de los documentos consultados, aseguran que no hay una directiva que privilegie el “conteo de cuerpos” y enfatizan que las Fuerzas Armadas están comprometidas con la protección de los derechos humanos. Hasta ahí celebramos su vehemencia y consideramos que, en efecto, el beneficio de la duda debe operar, con base en la información que se conoce.
No sucede igual con argumentos expresados por algunos líderes políticos. El mismo Botero, de hecho, dijo que las fuentes anónimas deben desestimarse. No, ministro, si hay personas dentro del Ejército temerosas de presentar quejas dando el rostro es porque no se está haciendo lo suficiente para tener un espacio seguro para las denuncias.
Mayor ha sido el nivel de irresponsabilidad de la senadora María Fernanda Cabal y que tuvo eco en el senador Álvaro Uribe. Salir a criticar el trabajo periodístico, no con argumentos, sino sugiriendo que Casey era cercano a las Farc, es poner su vida en riesgo y obligarlo a abandonar el país, como de hecho sucedió. Eso es una vulneración descarada a la libertad de prensa y los valores constitucionales que como congresistas juraron defender y respetar.
Pelear con la prensa es la estrategia inadecuada para responder a esta situación. Enviar mensajes contundentes de rechazo a cualquier presión para fomentar el “conteo de cuerpos” y el actuar torpe de nuestras Fuerzas Armadas es la verdadera solución. No puede quedar abierta la posibilidad de que repitamos nuestra historia pavorosa.
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