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La Fiscalía debe desestimar con rapidez la noticia criminal abierta contra la revista Semana y su directora, Vicky Dávila. Abierta a partir de una denuncia sin evidencias, la investigación va en contra de uno de los principios de la libertad de prensa en Colombia y en el mundo: las fuentes son sagradas. Es cierto que los periodistas no pueden utilizar medios ilegales para obtener información, pero lo que sí está permitido es publicar filtraciones que llegan a nuestro conocimiento y proteger la identidad de la fuente que las produjo. La información verificada es de uso público y el trabajo del periodismo necesita defenderse frente a las acciones judiciales.
El caso de Dávila y Semana se remonta a la campaña presidencial del 2022. La revista publicó una serie de videos de reuniones privadas del equipo de Gustavo Petro, en el que, entre otras cosas, se veía a personas dar declaraciones cuestionables. La más recordada es la de Sebastián Guanumen, a cargo de una estrategia digital de comunicaciones, quien dijo: “Tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”. Hoy Guanumen es embajador de Colombia en Chile en representación del Gobierno de Gustavo Petro.
En su momento y en varias ocasiones, el hoy presidente Petro denunció la filtración de los videos como una muestra de que estaba intervenido ilegalmente. Hace poco, con las crecientes y preocupantes sospechas sobre el uso de Pegasus en Colombia, el mandatario volvió a mencionar ese evento, sugiriendo que el Gobierno de Iván Duque pudo estar detrás de las interceptaciones. Sobre esto último no hay evidencias y la Fiscalía General de la Nación tampoco ha dado señales en ese sentido.
Es importante diferenciar los debates. Sí, la interceptación ilegal a una campaña presidencial es un delito gravísimo que necesita respuestas. Como discutimos hace poco, la llegada innegable de Pegasus al país exige una investigación exhaustiva y un rastreo de los responsables. Eso no está en discusión. Sin embargo, saltar de ahí a culpar a una revista por publicar información filtrada y verificada es un acto que choca con las libertades constitucionales.
Semana y Dávila han dicho que la fuente de los videos es una persona que hace parte del Pacto Histórico y que grabó las reuniones que se hicieron vía Zoom. Insisten, como es su deber, en que no publicarán quién fue la persona. Eso es fundamental. El trabajo periodístico se construye a partir de la reserva de la fuente y la construcción de confianza con las personas que deciden dar a conocer la información a la que acceden. En el pasado hemos rechazado cuando la Fiscalía llevó a cabo inspecciones en Noticias Uno y en otros medios, este caso no puede ser diferente. Un proceso judicial enviaría el mensaje de que las fuentes reservadas no están seguras, lo que desincentiva las denuncias y hace que el trabajo de todos los periodistas sea mucho más difícil.
Entendemos que la Fiscalía debe proceder a abrir noticias criminales cuando hay denuncias, pero ante la ausencia de pruebas y el peligro que esto representa contra la libertad de prensa, la resolución debe ser también veloz. No es en el trabajo periodístico donde encontrarán las raíces del problema de las interceptaciones.
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