La Fiscalía debe desestimar con rapidez la noticia criminal abierta contra la revista Semana y su directora, Vicky Dávila. Abierta a partir de una denuncia sin evidencias, la investigación va en contra de uno de los principios de la libertad de prensa en Colombia y en el mundo: las fuentes son sagradas. Es cierto que los periodistas no pueden utilizar medios ilegales para obtener información, pero lo que sí está permitido es publicar filtraciones que llegan a nuestro conocimiento y proteger la identidad de la fuente que las produjo. La información verificada es de uso público y el trabajo del periodismo necesita defenderse frente a las acciones judiciales.
El caso de Dávila y Semana se remonta a la campaña presidencial del 2022. La revista publicó una serie de videos de reuniones privadas del equipo de Gustavo Petro, en el que, entre otras cosas, se veía a personas dar declaraciones cuestionables. La más recordada es la de Sebastián Guanumen, a cargo de una estrategia digital de comunicaciones, quien dijo: “Tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”. Hoy Guanumen es embajador de Colombia en Chile en representación del Gobierno de Gustavo Petro.
En su momento y en varias ocasiones, el hoy presidente Petro denunció la filtración de los videos como una muestra de que estaba intervenido ilegalmente. Hace poco, con las crecientes y preocupantes sospechas sobre el uso de Pegasus en Colombia, el mandatario volvió a mencionar ese evento, sugiriendo que el Gobierno de Iván Duque pudo estar detrás de las interceptaciones. Sobre esto último no hay evidencias y la Fiscalía General de la Nación tampoco ha dado señales en ese sentido.
Es importante diferenciar los debates. Sí, la interceptación ilegal a una campaña presidencial es un delito gravísimo que necesita respuestas. Como discutimos hace poco, la llegada innegable de Pegasus al país exige una investigación exhaustiva y un rastreo de los responsables. Eso no está en discusión. Sin embargo, saltar de ahí a culpar a una revista por publicar información filtrada y verificada es un acto que choca con las libertades constitucionales.
Semana y Dávila han dicho que la fuente de los videos es una persona que hace parte del Pacto Histórico y que grabó las reuniones que se hicieron vía Zoom. Insisten, como es su deber, en que no publicarán quién fue la persona. Eso es fundamental. El trabajo periodístico se construye a partir de la reserva de la fuente y la construcción de confianza con las personas que deciden dar a conocer la información a la que acceden. En el pasado hemos rechazado cuando la Fiscalía llevó a cabo inspecciones en Noticias Uno y en otros medios, este caso no puede ser diferente. Un proceso judicial enviaría el mensaje de que las fuentes reservadas no están seguras, lo que desincentiva las denuncias y hace que el trabajo de todos los periodistas sea mucho más difícil.
Entendemos que la Fiscalía debe proceder a abrir noticias criminales cuando hay denuncias, pero ante la ausencia de pruebas y el peligro que esto representa contra la libertad de prensa, la resolución debe ser también veloz. No es en el trabajo periodístico donde encontrarán las raíces del problema de las interceptaciones.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
La Fiscalía debe desestimar con rapidez la noticia criminal abierta contra la revista Semana y su directora, Vicky Dávila. Abierta a partir de una denuncia sin evidencias, la investigación va en contra de uno de los principios de la libertad de prensa en Colombia y en el mundo: las fuentes son sagradas. Es cierto que los periodistas no pueden utilizar medios ilegales para obtener información, pero lo que sí está permitido es publicar filtraciones que llegan a nuestro conocimiento y proteger la identidad de la fuente que las produjo. La información verificada es de uso público y el trabajo del periodismo necesita defenderse frente a las acciones judiciales.
El caso de Dávila y Semana se remonta a la campaña presidencial del 2022. La revista publicó una serie de videos de reuniones privadas del equipo de Gustavo Petro, en el que, entre otras cosas, se veía a personas dar declaraciones cuestionables. La más recordada es la de Sebastián Guanumen, a cargo de una estrategia digital de comunicaciones, quien dijo: “Tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”. Hoy Guanumen es embajador de Colombia en Chile en representación del Gobierno de Gustavo Petro.
En su momento y en varias ocasiones, el hoy presidente Petro denunció la filtración de los videos como una muestra de que estaba intervenido ilegalmente. Hace poco, con las crecientes y preocupantes sospechas sobre el uso de Pegasus en Colombia, el mandatario volvió a mencionar ese evento, sugiriendo que el Gobierno de Iván Duque pudo estar detrás de las interceptaciones. Sobre esto último no hay evidencias y la Fiscalía General de la Nación tampoco ha dado señales en ese sentido.
Es importante diferenciar los debates. Sí, la interceptación ilegal a una campaña presidencial es un delito gravísimo que necesita respuestas. Como discutimos hace poco, la llegada innegable de Pegasus al país exige una investigación exhaustiva y un rastreo de los responsables. Eso no está en discusión. Sin embargo, saltar de ahí a culpar a una revista por publicar información filtrada y verificada es un acto que choca con las libertades constitucionales.
Semana y Dávila han dicho que la fuente de los videos es una persona que hace parte del Pacto Histórico y que grabó las reuniones que se hicieron vía Zoom. Insisten, como es su deber, en que no publicarán quién fue la persona. Eso es fundamental. El trabajo periodístico se construye a partir de la reserva de la fuente y la construcción de confianza con las personas que deciden dar a conocer la información a la que acceden. En el pasado hemos rechazado cuando la Fiscalía llevó a cabo inspecciones en Noticias Uno y en otros medios, este caso no puede ser diferente. Un proceso judicial enviaría el mensaje de que las fuentes reservadas no están seguras, lo que desincentiva las denuncias y hace que el trabajo de todos los periodistas sea mucho más difícil.
Entendemos que la Fiscalía debe proceder a abrir noticias criminales cuando hay denuncias, pero ante la ausencia de pruebas y el peligro que esto representa contra la libertad de prensa, la resolución debe ser también veloz. No es en el trabajo periodístico donde encontrarán las raíces del problema de las interceptaciones.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.