La imagen de Nicolás Maduro junto a un televisor que transmitía la posesión de Gustavo Petro como presidente, difundida por el mismo dictador de Venezuela, es muy diciente. Su mensaje lo es aún más: “Tiendo mi mano al presidente Gustavo Petro y al pueblo colombiano para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y el amor. Aprovechemos esta segunda oportunidad que menciona el nuevo presidente de Colombia, por el bien de la felicidad y la paz”. Esa mano será apretada por Colombia, ya lo anunció el canciller nacional, Álvaro Leyva. Sin embargo, la prudencia es importante: una cosa es restablecer relaciones y otra muy distinta avalar un régimen que sigue violando derechos humanos a su antojo y tiene secuestrada la democracia del vecino país.
La estrategia de mano dura con el régimen de Nicolás Maduro, adoptada por Iván Duque, fue un fracaso. Es famosa la frase del expresidente cuando dijo que al dictador le quedaban pocas horas en el poder; sin embargo, pasaron más de 30.000 horas desde que Duque dijo eso, el mandatario colombiano dejó su puesto y Maduro continúa atornillado en su cargo. Adicionalmente, su régimen parece fortalecido gracias a la necesidad de Estados Unidos de comprarle petróleo en el marco de la guerra de Ucrania. Eso ha hecho que algunos indicadores económicos del país vecino hayan mejorado, lo que a su vez ha servido para seguir silenciando a la oposición. El cerco diplomático se desmanteló y hoy Venezuela está lejos de salir del atolladero político.
Por eso, es ilógico mantener las fronteras cerradas. No solo eso: también es un acto dañino. Sufrieron las ciudades fronterizas que, como Cúcuta, en Norte de Santander, dependen económicamente de un flujo constante de personas entre los dos países; sufrieron los cerca de dos millones de refugiados venezolanos que hay en nuestro país, que tienen obstáculos para tramitar sus papeles de identidad, y sufrieron los cientos de miles de colombianos que viven en Venezuela y se quedaron sin servicios consulares. Por donde se le mire, nos parece claro que es fundamental abrir las fronteras y recuperar relaciones, que además pueden servir en los diálogos de paz con el Eln y en obtener inteligencia contra las disidencias que se refugian en Venezuela.
Empero, la diplomacia colombiana no debe olvidar que el compromiso de nuestro país es con la democracia. Maduro sigue siendo un dictador que tiene todos los poderes públicos a su antojo y ha utilizado su poderío para albergar enemigos de Colombia. Nuestro país tiene cerca de dos millones de refugiados que han huido de esa situación humanitaria y, además, hay personas perseguidas por el régimen que encontraron protección en nuestro territorio. En marzo de este año, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo: “Mi oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, incluida la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas”, así como la existencia de presos políticos que deben ser liberados.
Colombia no puede abandonar su defensa proactiva de la democracia ni resguardarse en la “autodeterminación de los pueblos”. Tanto con Venezuela como con el resto de la región, las relaciones diplomáticas deben ir acompañadas de una defensa de las instituciones y los derechos humanos. Es nuestra responsabilidad constitucional.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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La imagen de Nicolás Maduro junto a un televisor que transmitía la posesión de Gustavo Petro como presidente, difundida por el mismo dictador de Venezuela, es muy diciente. Su mensaje lo es aún más: “Tiendo mi mano al presidente Gustavo Petro y al pueblo colombiano para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y el amor. Aprovechemos esta segunda oportunidad que menciona el nuevo presidente de Colombia, por el bien de la felicidad y la paz”. Esa mano será apretada por Colombia, ya lo anunció el canciller nacional, Álvaro Leyva. Sin embargo, la prudencia es importante: una cosa es restablecer relaciones y otra muy distinta avalar un régimen que sigue violando derechos humanos a su antojo y tiene secuestrada la democracia del vecino país.
La estrategia de mano dura con el régimen de Nicolás Maduro, adoptada por Iván Duque, fue un fracaso. Es famosa la frase del expresidente cuando dijo que al dictador le quedaban pocas horas en el poder; sin embargo, pasaron más de 30.000 horas desde que Duque dijo eso, el mandatario colombiano dejó su puesto y Maduro continúa atornillado en su cargo. Adicionalmente, su régimen parece fortalecido gracias a la necesidad de Estados Unidos de comprarle petróleo en el marco de la guerra de Ucrania. Eso ha hecho que algunos indicadores económicos del país vecino hayan mejorado, lo que a su vez ha servido para seguir silenciando a la oposición. El cerco diplomático se desmanteló y hoy Venezuela está lejos de salir del atolladero político.
Por eso, es ilógico mantener las fronteras cerradas. No solo eso: también es un acto dañino. Sufrieron las ciudades fronterizas que, como Cúcuta, en Norte de Santander, dependen económicamente de un flujo constante de personas entre los dos países; sufrieron los cerca de dos millones de refugiados venezolanos que hay en nuestro país, que tienen obstáculos para tramitar sus papeles de identidad, y sufrieron los cientos de miles de colombianos que viven en Venezuela y se quedaron sin servicios consulares. Por donde se le mire, nos parece claro que es fundamental abrir las fronteras y recuperar relaciones, que además pueden servir en los diálogos de paz con el Eln y en obtener inteligencia contra las disidencias que se refugian en Venezuela.
Empero, la diplomacia colombiana no debe olvidar que el compromiso de nuestro país es con la democracia. Maduro sigue siendo un dictador que tiene todos los poderes públicos a su antojo y ha utilizado su poderío para albergar enemigos de Colombia. Nuestro país tiene cerca de dos millones de refugiados que han huido de esa situación humanitaria y, además, hay personas perseguidas por el régimen que encontraron protección en nuestro territorio. En marzo de este año, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo: “Mi oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, incluida la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas”, así como la existencia de presos políticos que deben ser liberados.
Colombia no puede abandonar su defensa proactiva de la democracia ni resguardarse en la “autodeterminación de los pueblos”. Tanto con Venezuela como con el resto de la región, las relaciones diplomáticas deben ir acompañadas de una defensa de las instituciones y los derechos humanos. Es nuestra responsabilidad constitucional.
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