La culpa no es de la información

El debate es viejo, pero los términos cambiaron. En un foro el día de ayer, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, expresó su preocupación por la forma en que las redes sociales sirven para darles eco a hechos delictivos. Su llamado a “regularlas”, sin embargo, hace parecer que el problema fuera que las personas se enteren de lo que está sucediendo, y no que existen personas cometiendo actos ilícitos.

En palabras del ministro, “en el mal llamado ‘paro armado’ de los Úsuga, lo que pasó fue la comisión de hechos criminales menores en número y en gravedad, pero que con el uso masivo de Facebook, Twitter e Instagram atemorizaron a la gente en lugares donde la violencia ha dominado muchos años”.

Es decir, que el problema no fue tanto que las fuerzas del clan Úsuga estuvieran haciendo una demostración de poder, sino que las redes sociales informaron al país sobre lo ocurrido, causando temor en la población.

Lo mismo solía decirse, en discusiones recientes pero que parecen bizantinas, sobre la necesidad de limitar la información que los medios de comunicación pueden difundir. Los fines siempre aparentan ser loables (“la seguridad de la patria”, por ejemplo), pero en la práctica lo que eso permite es la censura estatal.

En los últimos meses hemos dedicado este espacio para comentar sobre los límites a la libre expresión en las redes sociales. Sintetizando, respaldamos la decisión de la Corte Constitucional de entender el mundo virtual como una extensión del físico, en el cual aplican las mismas consideraciones sobre el libre flujo de la información: salvo casos excepcionales bien delimitados (como, por ejemplo, las mentiras o la invasión indebida de la privacidad), los contenidos deben poder ser publicados sin mayor regulación.

Claro, siendo justos con el ministro Villegas, él sólo propuso tener un debate sobre el tema, pero su posición quedó clara cuando dijo que las redes sociales se convirtieron en “una nueva arma de guerra y de terror”. ¿De verdad? ¿Acaso la información difundida fue falsa? ¿Se salió de proporción? Y si ese es el caso, ¿eso significa que debería haber una forma para que el Gobierno la controle? ¿No sería más útil, como suele usarse, combatir la desinformación con datos ciertos? Y, de nuevo: ¿de verdad el problema son las redes sociales? ¿No será que lo grave es no tener la posibilidad de frenar a los actores ilícitos?

Por supuesto que las labores de inteligencia pueden y deben tener como prioridad internet como una fuente por donde se mueven ríos de información, siempre y cuando no se violen los derechos a la intimidad de las personas. Pero de ahí a proponer una regulación que, suponemos, implicaría un filtrado de los mensajes autorizados según su contenido, hay un paso gigante que no se debe tomar.

Si hay una amenaza de muerte puntual o un caso de agresión y acoso, ya existen mecanismos legales (aunque, como suele ocurrir en Colombia, coartados por la impunidad del sistema judicial o solamente para “ricos y famosos”) para denunciar esos comportamientos. ¿Con base en qué se argumenta que las redes sociales están fuera de control y que, por ende, ameritan mayor reglamentación?

Queda en el aire la sensación de que al Gobierno lo que le incomodó fue que los reflectores de la opinión pública se posaran sobre un tema negativo, y no que su preocupación sea el bienestar de los colombianos.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

El debate es viejo, pero los términos cambiaron. En un foro el día de ayer, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, expresó su preocupación por la forma en que las redes sociales sirven para darles eco a hechos delictivos. Su llamado a “regularlas”, sin embargo, hace parecer que el problema fuera que las personas se enteren de lo que está sucediendo, y no que existen personas cometiendo actos ilícitos.

En palabras del ministro, “en el mal llamado ‘paro armado’ de los Úsuga, lo que pasó fue la comisión de hechos criminales menores en número y en gravedad, pero que con el uso masivo de Facebook, Twitter e Instagram atemorizaron a la gente en lugares donde la violencia ha dominado muchos años”.

Es decir, que el problema no fue tanto que las fuerzas del clan Úsuga estuvieran haciendo una demostración de poder, sino que las redes sociales informaron al país sobre lo ocurrido, causando temor en la población.

Lo mismo solía decirse, en discusiones recientes pero que parecen bizantinas, sobre la necesidad de limitar la información que los medios de comunicación pueden difundir. Los fines siempre aparentan ser loables (“la seguridad de la patria”, por ejemplo), pero en la práctica lo que eso permite es la censura estatal.

En los últimos meses hemos dedicado este espacio para comentar sobre los límites a la libre expresión en las redes sociales. Sintetizando, respaldamos la decisión de la Corte Constitucional de entender el mundo virtual como una extensión del físico, en el cual aplican las mismas consideraciones sobre el libre flujo de la información: salvo casos excepcionales bien delimitados (como, por ejemplo, las mentiras o la invasión indebida de la privacidad), los contenidos deben poder ser publicados sin mayor regulación.

Claro, siendo justos con el ministro Villegas, él sólo propuso tener un debate sobre el tema, pero su posición quedó clara cuando dijo que las redes sociales se convirtieron en “una nueva arma de guerra y de terror”. ¿De verdad? ¿Acaso la información difundida fue falsa? ¿Se salió de proporción? Y si ese es el caso, ¿eso significa que debería haber una forma para que el Gobierno la controle? ¿No sería más útil, como suele usarse, combatir la desinformación con datos ciertos? Y, de nuevo: ¿de verdad el problema son las redes sociales? ¿No será que lo grave es no tener la posibilidad de frenar a los actores ilícitos?

Por supuesto que las labores de inteligencia pueden y deben tener como prioridad internet como una fuente por donde se mueven ríos de información, siempre y cuando no se violen los derechos a la intimidad de las personas. Pero de ahí a proponer una regulación que, suponemos, implicaría un filtrado de los mensajes autorizados según su contenido, hay un paso gigante que no se debe tomar.

Si hay una amenaza de muerte puntual o un caso de agresión y acoso, ya existen mecanismos legales (aunque, como suele ocurrir en Colombia, coartados por la impunidad del sistema judicial o solamente para “ricos y famosos”) para denunciar esos comportamientos. ¿Con base en qué se argumenta que las redes sociales están fuera de control y que, por ende, ameritan mayor reglamentación?

Queda en el aire la sensación de que al Gobierno lo que le incomodó fue que los reflectores de la opinión pública se posaran sobre un tema negativo, y no que su preocupación sea el bienestar de los colombianos.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.