El Ministerio de la Igualdad fue aprobado en Cámara de Representantes y Senado en medio de promesas loables y muchas preguntas. Aunque la intervención estatal activa en la desigualdad que es transversal a la sociedad colombiana es necesaria y los objetivos que se han mencionado para el nuevo Ministerio apuntan a deudas históricas que no han sido atendidas, queda siempre en el aire la pregunta de qué se hará para que no se trate de un espacio más de mucha burocracia y poca eficiencia real. El liderazgo de la vicepresidenta y futura ministra de la Igualdad, Francia Márquez, será clave para que el ambicioso proyecto no termine sin presupuesto y sin un rumbo claro. También deberá ser un ejemplo para que futuros gobiernos, sin importar la ideología a la que pertenezcan, vean la utilidad de una figura como esta.
Desde el Gobierno solo hay grandilocuencia. Se entiende, claro, pues la igualdad ha sido una de las promesas olvidadas de la Constitución. El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que “el Ministerio de la Igualdad es una realidad. La voz de quienes han sido históricamente excluidos será escuchada”. La vicepresidenta Márquez, por su parte, explicó que “la desigualdad y la inequidad generan violencia, generan conflictividad en una sociedad, así que avanzar en la paz es garantizar los derechos de igualdad en todos los colombianos y colombianas”. El ministro del Interior, Alfonso Prada, quien fue el líder del trámite del proyecto en el Congreso, agregó que el nuevo Ministerio “busca garantizar que en Colombia no haya exclusión, racismo, homofobia, niños con hambre ni brechas antipáticas que lo único que generan es pobreza”. Difícil estar en contra de todo lo dicho.
El problema del Ministerio de la Igualdad no está en sus propósitos ni en el diagnóstico que hace el Gobierno de la realidad colombiana, sino en el reto de convertirse en un integrador de todas las iniciativas del Estado que están en otros ministerios y que le apuntan a lo mismo. Sería un desastre que el esfuerzo de la vicepresidenta termine en una entidad encargada de repartir subsidios y desarrollar proyectos dispersos, sin alineación ni propósito claro y sin una conversación fluida con el resto del Estado. También será clave el debate sobre el presupuesto asignado, porque si el Gobierno Petro quiere que el Ministerio tenga un impacto verdadero, debe demostrarlo en su asignación financiera.
El ministro del Interior ha respondido a estas preocupaciones, que fueron expresadas por miembros de la oposición e incluso por congresistas que votaron a favor del Ministerio. Según Prada, veremos un instrumento administrativo “muy poderoso que va a tener presupuesto, naturalmente, que va a tener la posibilidad de hacer una política pública para que la igualdad sea una realidad. Reducirlo a la creación de burocracia me parece, realmente, bastante menor”. Esperamos que así sea.
Es necesario decirlo: la desigualdad en Colombia es una realidad que viola los derechos fundamentales de los colombianos en el día a día. Que un ministerio reconozca eso y se encargue de ser articulador de medidas para romper con los ciclos de opresión históricos es una misión que celebramos. Por eso mismo es tan importante vigilar los detalles de la implementación de esta promesa. Al país le sirve que el Ministerio de la Igualdad triunfe.
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