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Dicho lo que escribimos en estas líneas ayer sobre las manifestaciones y lo urgente que es saber diferenciar, en la interpretación y en la respuesta oficiales, la protesta del vandalismo y los saqueos, es necesario abordar, con el cuidado de mantener viva esa diferenciación, el caos violento que se ha visto en varios lugares del país durante los últimos días y la decisión del Gobierno nacional de acudir a la militarización de las ciudades donde se requiera. Si bien existen condiciones que hacen necesario el uso de la fuerza legítima del Estado, lamentablemente lo que hemos visto en estos días en ese sentido ha sido más bien un uso bastante ilegítimo de la fuerza del Estado.
Hablemos primero de las justificaciones, siempre en condiciones normales. Un Estado no puede quedarse mirando pasivo las escenas de saqueos y destrucción de negocios legítimos, así como del transporte y los bienes públicos. Menos cuando, si bien los saqueos comerciales puedan provenir de delincuentes comunes que actúan por física hambre, parece bastante claro que fuerzas criminales mayores pretenden pescar en el río de la protesta para generar caos y servirse de él para asegurar sus negocios mafiosos. De manera que ante esas acciones inaceptables el actuar del Estado y el uso legítimo de la fuerza no solo son una necesidad, sino una obligación constitucional.
Pero, ya decíamos, eso es en condiciones normales. Y las de ahora no lo son. Por eso es que acudir a la militarización resulta inconveniente y puede convertirse más bien en una invitación a que el resultado sea más violento.
No son normales, primero, por los antecedentes de esta apelación a la figura de la “asistencia militar”, pues llega después de que la reacción estatal a la protesta fuera igualarla a la violencia que con esta medida se busca confrontar. Si bien el presidente Iván Duque cambió el énfasis al hacer el anuncio, comenzando con una declaración sobre la legitimidad de la protesta, y fue contundente al afirmar que las fuerzas actuarán rigurosamente conforme a la ley y los derechos humanos, la credibilidad de sus palabras está seriamente cuestionada. Tanto más en cuanto esta “asistencia militar” llega también después de que las principales figuras del partido de gobierno, comenzando por un expresidente de la República nada menos, habían no solo llamado a militarizar las ciudades, sino además legitimado el uso de las armas del Estado contra los ciudadanos. Ese lamentable trino del expresidente Uribe llegó a tal extremo que Twitter decidió borrárselo.
Además de esos antecedentes, lamentablemente nuestra Fuerza Pública, en particular demasiados miembros de la Policía Nacional y entre ellos sobre todo el escuadrón que se supone está entrenado para manejar las protestas, viene desde hace tiempo actuando de una manera que se aleja de la respuesta legítima del Estado. Responder a una patada con un balazo, por mencionar uno de los casos de abuso policial más documentados de estos días, no es un uso legítimo de la fuerza del Estado. Las escenas que se han visto en varias ciudades, particularmente en Cali, ya militarizada, y Pereira, no dejan pensar en que la militarización sea la mejor respuesta para apagar este incendio.
En conclusión, sí hay razones para utilizar la fuerza legítima del Estado contra la violencia injustificable, pero solamente si en la práctica hay total consciencia de lo que es legítimo, desde la cabeza hasta el último portador de las armas del Estado.
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