Debate encendido

Ahora están privados de la libertad esperando un juicio. ¿Su delito? Hasta ahora no es muy claro: no es, ni mucho menos, que aplaudan en extremo una tendencia política; y no lo es, tampoco, que estén en contra de su gobierno o marchen en la calle; ¿que trasladaran votantes desde Venezuela por el puente internacional Simón Bolívar para que vinieran a apoyar a Óscar Iván Zuluaga como lo expuso Noticias Uno el domingo pasado? Puede ser.

De acuerdo con la versión del abogado de Gómez Saleh, su país lo persigue por instigación al odio y obstrucción de vías públicas, delitos que tienen penas de entre dos y cinco años. Mientras tanto, el Foro Penal Venezolano dice que hay 3.300 detenciones por manifestaciones públicas, 500 de ellas incluyendo tortura dentro del abanico de posibilidades.

Muy presta a cumplir la ley, nuestra Cancillería expulsó a los jóvenes porque incurrieron en actividades proselitistas prohibidas por las normas migratorias de Colombia: a saber, la aplicación irrestricta de lo que manda el artículo 105 del decreto 4000. El permiso que tenía el estudiante, de Ingreso y Permanencia PIP-6, no contemplaba lo que él hacía en este país: el proselitismo, a juicio de las autoridades de acá, ni tampoco conformar una ONG para explotar de forma mediática sus pensamientos.

Las reacciones de parte y parte no se han hecho esperar: tanto del Gobierno, que se aferra a la literalidad de las normas para defenderse, como de la oposición uribista, que alega un caso de entrega de opositores a un régimen dictatorial donde no hay justicia. Si debieron juzgarlos, dijo el expresidente, este era el país indicado. Todo pese a que en otras salidas ha dicho que la justicia de este país persigue y eso justifica que muchos sean hoy prófugos de la justicia.

Sea como fuere, los venezolanos vinieron a este país a hacer muchas cosas, como estudiar una maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra (y matricularse con información falsa). Al parecer, Gómez Saleh también entraba y salía del país de una forma irreglamentaria, ya que su permiso estaba vencido desde mayo. A través de Twitter se fueron lanza en ristre contra el gobierno de Juan Manuel Santos, quien es blanco directo de todas sus críticas. Muchas cosas, sí, pocas de ellas ilegales. Ser conservador (o de ultraderecha) en este país, está permitido. De eso se trata una democracia.

Con todo, no queremos ni imaginarnos la reacción que buena parte del país hubiera tenido si otras fueran las ideologías de los estudiantes, otros sus amigos políticos y otro el presidente de Colombia. Seguramente el escándalo sería de talla mayor. Mucho es, entonces, lo que resta por discutir en este caso, que abre preguntas bien grandes: ¿No puede un residente venezolano expresar sus opiniones contra el establecimiento colombiano, por más retrógradas que parezcan? Llevar el estudio de la noticia a este extremo no luce descabellado, teniendo en cuenta que lo que queda, sin más, es un precedente para aplicar en el futuro. ¿Debatimos?

Ahora están privados de la libertad esperando un juicio. ¿Su delito? Hasta ahora no es muy claro: no es, ni mucho menos, que aplaudan en extremo una tendencia política; y no lo es, tampoco, que estén en contra de su gobierno o marchen en la calle; ¿que trasladaran votantes desde Venezuela por el puente internacional Simón Bolívar para que vinieran a apoyar a Óscar Iván Zuluaga como lo expuso Noticias Uno el domingo pasado? Puede ser.

De acuerdo con la versión del abogado de Gómez Saleh, su país lo persigue por instigación al odio y obstrucción de vías públicas, delitos que tienen penas de entre dos y cinco años. Mientras tanto, el Foro Penal Venezolano dice que hay 3.300 detenciones por manifestaciones públicas, 500 de ellas incluyendo tortura dentro del abanico de posibilidades.

Muy presta a cumplir la ley, nuestra Cancillería expulsó a los jóvenes porque incurrieron en actividades proselitistas prohibidas por las normas migratorias de Colombia: a saber, la aplicación irrestricta de lo que manda el artículo 105 del decreto 4000. El permiso que tenía el estudiante, de Ingreso y Permanencia PIP-6, no contemplaba lo que él hacía en este país: el proselitismo, a juicio de las autoridades de acá, ni tampoco conformar una ONG para explotar de forma mediática sus pensamientos.

Las reacciones de parte y parte no se han hecho esperar: tanto del Gobierno, que se aferra a la literalidad de las normas para defenderse, como de la oposición uribista, que alega un caso de entrega de opositores a un régimen dictatorial donde no hay justicia. Si debieron juzgarlos, dijo el expresidente, este era el país indicado. Todo pese a que en otras salidas ha dicho que la justicia de este país persigue y eso justifica que muchos sean hoy prófugos de la justicia.

Sea como fuere, los venezolanos vinieron a este país a hacer muchas cosas, como estudiar una maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra (y matricularse con información falsa). Al parecer, Gómez Saleh también entraba y salía del país de una forma irreglamentaria, ya que su permiso estaba vencido desde mayo. A través de Twitter se fueron lanza en ristre contra el gobierno de Juan Manuel Santos, quien es blanco directo de todas sus críticas. Muchas cosas, sí, pocas de ellas ilegales. Ser conservador (o de ultraderecha) en este país, está permitido. De eso se trata una democracia.

Con todo, no queremos ni imaginarnos la reacción que buena parte del país hubiera tenido si otras fueran las ideologías de los estudiantes, otros sus amigos políticos y otro el presidente de Colombia. Seguramente el escándalo sería de talla mayor. Mucho es, entonces, lo que resta por discutir en este caso, que abre preguntas bien grandes: ¿No puede un residente venezolano expresar sus opiniones contra el establecimiento colombiano, por más retrógradas que parezcan? Llevar el estudio de la noticia a este extremo no luce descabellado, teniendo en cuenta que lo que queda, sin más, es un precedente para aplicar en el futuro. ¿Debatimos?