La frustración del presidente Gustavo Petro con la falta de recursos para reparar a las víctimas del conflicto armado abre una pregunta esencial para Colombia como nación, que va más allá del inútil debate sobre si acudir al Banco de la República para emitir más dinero: si no hay manera financieramente viable de hacer la reparación, ¿qué otros mecanismos se podrían implementar para mejorar la vida de las víctimas y ayudar al país entero a pasar la página? El realismo económico no implica que el Estado se quede cruzado de brazos; por el contrario, aumenta la responsabilidad para poder cumplir lo pactado y lo que se pacte en un futuro con otros grupos al margen de la ley.
En el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, el presidente Petro compartió cifras descorazonadoras. “Yo sí quiero aplicar el Acuerdo de Paz, pero el Acuerdo de Paz vale $150 billones (...), Entonces, díganme, ¿de dónde voy a sacar $150 billones?”, dijo. Y agregó: “Los datos que tenemos, de acuerdo con la Unidad de Víctimas, es que el valor de indemnización es de $301 billones (...). El presupuesto de este año es de $2,5 billones anuales. Simple matemática: $301 billones entre $2,5 billones nos da el tiempo total para indemnizar las víctimas de 125 años”. Por eso el presidente propuso una solución que él mismo llamó “no ortodoxa”: “La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para indemnizar a víctimas de la violencia en Colombia”. Para terminar, dejó sobre la mesa una pregunta: “¿Se indemniza a las víctimas o no?”.
La propuesta de emitir dinero a través del Banco de la República está destinada a fracasar. Primero, porque la inflación que generaría, en un país con una tasa que ya ha sido difícil de frenar y sigue en aumento, sería nefasta para todos los colombianos y borraría de hecho el impacto del pago que se hiciera a las víctimas. Segundo, porque se trataría de una violación de la independencia del Emisor, después de que el mismo gobierno Petro, en cabeza del Ministerio de Hacienda, ha trabajado tanto para ganarse la confianza de los mercados dando señales de manejo macroeconómico responsable. Aunque la frustración del presidente es entendible, su idea de abandonar a su suerte la ortodoxia no es el camino a tomar.
Entonces, ¿debemos aceptar que no podemos reparar a las víctimas? La respuesta, creemos, es mucho más compleja que un “sí” o un “no”. Todo acuerdo de paz, además de ser una declaración de principios y de sueños, tiene que estar anclado en realidades. La idea es cumplir lo pactado, pero también entender que Colombia no puede simplemente hacer aparecer recursos de la nada (o imprimir la plata, por seguir con la idea). Entonces, sí, pasa por el reconocimiento difícil de que la reparación financiera se va a demorar e incluso puede no llegar a muchas víctimas en este país sembrado de tragedias. Empero, eso no significa que la única reparación sea a través de las inversiones económicas.
El reto está en cómo acompañar a las víctimas y sus proyectos de vida para mejorarlas, para ayudarlas a sacudir el daño hecho por la violencia. Crear oportunidades de mayor integración económica, de la mano de la economía popular, luchando contra el desempleo, llevando el Estado a todos los rincones del país, apostándole a la “paz total” que menciona el Gobierno. Todos son mecanismos de reparación y de cumplir lo pactado. La opción no es quedarnos con los brazos cruzados, pero tampoco buscar costosas salidas fáciles.
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La frustración del presidente Gustavo Petro con la falta de recursos para reparar a las víctimas del conflicto armado abre una pregunta esencial para Colombia como nación, que va más allá del inútil debate sobre si acudir al Banco de la República para emitir más dinero: si no hay manera financieramente viable de hacer la reparación, ¿qué otros mecanismos se podrían implementar para mejorar la vida de las víctimas y ayudar al país entero a pasar la página? El realismo económico no implica que el Estado se quede cruzado de brazos; por el contrario, aumenta la responsabilidad para poder cumplir lo pactado y lo que se pacte en un futuro con otros grupos al margen de la ley.
En el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, el presidente Petro compartió cifras descorazonadoras. “Yo sí quiero aplicar el Acuerdo de Paz, pero el Acuerdo de Paz vale $150 billones (...), Entonces, díganme, ¿de dónde voy a sacar $150 billones?”, dijo. Y agregó: “Los datos que tenemos, de acuerdo con la Unidad de Víctimas, es que el valor de indemnización es de $301 billones (...). El presupuesto de este año es de $2,5 billones anuales. Simple matemática: $301 billones entre $2,5 billones nos da el tiempo total para indemnizar las víctimas de 125 años”. Por eso el presidente propuso una solución que él mismo llamó “no ortodoxa”: “La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para indemnizar a víctimas de la violencia en Colombia”. Para terminar, dejó sobre la mesa una pregunta: “¿Se indemniza a las víctimas o no?”.
La propuesta de emitir dinero a través del Banco de la República está destinada a fracasar. Primero, porque la inflación que generaría, en un país con una tasa que ya ha sido difícil de frenar y sigue en aumento, sería nefasta para todos los colombianos y borraría de hecho el impacto del pago que se hiciera a las víctimas. Segundo, porque se trataría de una violación de la independencia del Emisor, después de que el mismo gobierno Petro, en cabeza del Ministerio de Hacienda, ha trabajado tanto para ganarse la confianza de los mercados dando señales de manejo macroeconómico responsable. Aunque la frustración del presidente es entendible, su idea de abandonar a su suerte la ortodoxia no es el camino a tomar.
Entonces, ¿debemos aceptar que no podemos reparar a las víctimas? La respuesta, creemos, es mucho más compleja que un “sí” o un “no”. Todo acuerdo de paz, además de ser una declaración de principios y de sueños, tiene que estar anclado en realidades. La idea es cumplir lo pactado, pero también entender que Colombia no puede simplemente hacer aparecer recursos de la nada (o imprimir la plata, por seguir con la idea). Entonces, sí, pasa por el reconocimiento difícil de que la reparación financiera se va a demorar e incluso puede no llegar a muchas víctimas en este país sembrado de tragedias. Empero, eso no significa que la única reparación sea a través de las inversiones económicas.
El reto está en cómo acompañar a las víctimas y sus proyectos de vida para mejorarlas, para ayudarlas a sacudir el daño hecho por la violencia. Crear oportunidades de mayor integración económica, de la mano de la economía popular, luchando contra el desempleo, llevando el Estado a todos los rincones del país, apostándole a la “paz total” que menciona el Gobierno. Todos son mecanismos de reparación y de cumplir lo pactado. La opción no es quedarnos con los brazos cruzados, pero tampoco buscar costosas salidas fáciles.
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