Esta medida cautelar protege el reclamo de la firma estadounidense Sea Search Armada (SSA), que desde 1982 denunció las posibles coordenadas de localización del naufragio y desde julio de 2007 intenta que el Gobierno colombiano de turno cumpla una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le reconoció derechos sobre la mitad de lo que se considere tesoro. Eso implica que cualquier objeto que se extraiga del fondo del mar Caribe colombiano quedará bajo secuestro en el Banco de la República hasta que se resuelva el lío con SSA, cuyas pretensiones fueron rechazadas por las administraciones de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
A este problema se suma que el gobierno Duque debe decidir si continuará con el proceso de asociación público-privada que armó su antecesor, cobijando con el secreto un tema de interés público, para que la británica Maritime Archeology Consultants (MAC) explorara y localizara el San José a finales de 2015, según SSA en la misma zona establecida por ellos, y se constituyera en la única candidata a quedarse con el contrato de extracción y conservación. Vale recordar que los pocos interesados se han retirado de la convocatoria debido a las ventajas evidentes de MAC, liderada por el explorador Roger Dooley, que estuvo incluido en la Lista Clinton por sus polémicos negocios.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, encargada del tema, le restó importancia diciendo que lo de SSA es un caso antiguo que no afecta la actual licitación y que no han tenido contacto alguno con Dooley. Pero se trata de un pleito no resuelto que implicaría una nociva retención del patrimonio sumergido y una nueva demanda contra la firma que finalmente sea escogida. El gobierno Duque solo ha actuado con evasivas; primero aplazó una decisión hasta octubre del año pasado, luego la prorrogó hasta febrero y ahora pidió hasta mayo, con una consulta de por medio al Consejo de Estado sobre la conveniencia o no de la contratación, tribunal que ya se había pronunciado sobre la necesidad urgente de defender el patrimonio subacuático como lo prevé la Constitución Nacional.
Es la misma actitud de los gobiernos nacionales desde los años 60, que convirtió al San José en un juego de conspiraciones e intrigas, con corrupción de por medio, sin que se fije una clara política de Estado. Se creía que se fijaría bajo el liderazgo de Juan Manuel Santos, quien se atribuyó el hallazgo del San José cuando ya estaba vigente la Ley 1675 de 2013, que fijó el marco legal sobre el tema, pero abrió la puerta para que extranjeros se queden con lo que se defina como “carga comercial” o “serial”, es decir, piezas repetidas como joyas o lingotes, que son la mayoría de lo reportado como carga del galeón.
El gobierno Duque debe apoyarse en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para que le ponga punto final al pleito con SSA mientras en el Palacio de Nariño define qué hacer frente a MAC y la APP. El Espectador considera que este proceso debe incluir una licitación pública transparente en la que participen expertos en arqueología submarina, en especial de nuestras universidades. En busca de presupuesto para la costosa operación no son descartables alianzas con fines científicos y educativos con países que tienen intereses en el San José, como España, Panamá, Perú y Bolivia (plata de las Minas de Potosí), sin olvidar la inclusión y la reivindicación de los pueblos indígenas y afros, víctimas principales del saqueo colonial. Y no estamos hablando solo del San José, sino de una hoja de ruta para defender 1.100 naufragios similares registrados en nuestras aguas territoriales. De que el Gobierno actúe pronto depende que se mantenga a raya la codicia de los cazatesoros.
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