Decreto vital
Durante la última década el mercado farmacéutico mundial ha sufrido una profunda transformación, debido al crecimiento de los medicamentos biotecnológicos, subgrupo de los medicamentos biológicos, cuyo principio activo se produce mediante procesos de transformación del ADN. Se estima que en 2020, más de la mitad de los nuevos medicamentos serán de este tipo y que el mercado global será de 250 billones de dólares.
El Espectador
Este salto formidable se explica por los precios exorbitantes de estos productos (normalmente entre 50.000 y 200.000 dólares por paciente al año), que se soportan en actividades de mercadeo intenso (que exagera sus beneficios y minimiza sus riesgos) y una serie de estrategias encaminadas a obtener exclusividad en el mercado.
Esta condición, sumada al margen de beneficios que registran los fabricantes, que llega al 99,3%, hace de los biotecnológicos el negocio más apetecido por las multinacionales farmacéuticas y explica su interés por mantener el monopolio. El gran problema es que ese interés de lucro desbordado hace de estos productos un problema gigantesco para la sostenibilidad de los sistemas de salud.
En Colombia, los biotecnológicos constituyen la principal causa de la quiebra del sistema de salud. De los 10 medicamentos más recobrados, ocho son de este tipo. En el período 2008-2013, un grupo de tan solo 10 de ellos registraron ventas por tres billones de pesos. Adicionalmente, y no menos relevante, el inmenso gasto en estos medicamentos por parte del Estado limita las posibilidades para atender otras necesidades sanitarias igualmente importantes.
Ante este escenario, el Gobierno ha tomado medidas correctas, como la fijación de topes a los recobros y el control de precios. No obstante, si quiere ejercer plenamente la función de proteger el derecho a la salud, el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos y frenar el desangre del sistema, debe estimular la competencia, que es el mecanismo más eficaz para contener el gasto en medicamentos y mejorar el acceso.
El Gobierno lo ha entendido así y desde hace tres años viene anunciando un decreto reglamentario de los biológicos que garantizará la calidad de los productos y al mismo tiempo estimulará la competencia. Este anuncio ha suscitado un debate nacional, cuyo punto central es si se debe o no fomentar la competencia.
En general, los participantes tienen un punto común: velar por la calidad de los productos y la salud de los pacientes. De allí en adelante surgen dos posiciones antagónicas. De un lado, quienes defienden un modelo restrictivo de la competencia mediante el establecimiento de barreras técnicas, como la exigencia indiscriminada de estudios clínicos para comprobar la calidad del medicamento, desconociendo los procesos analíticos alternativos que la ciencia ha venido desarrollando para demostrar calidad, menos costosos y más eficientes. De otro lado están quienes abogan por fomentar la competencia a través del establecimiento de una vía abreviada para el registro de versiones genéricas de biotecnológicos cuya caracterización mediante métodos analíticos sea posible, lo que se traduce en menores precios y más acceso.
El Gobierno coincide con esta última posición, lo que está en consonancia con la Asamblea Mundial de la Salud 2014, que insta a los Estados a velar por la autonomía de sus autoridades regulatorias en la definición del sistema de reglamentación de biotecnológicos.
El decreto para comentarios está próximo a ser publicado. Urge su expedición sin más dilaciones. Una reglamentación que asegure la calidad necesaria y la competencia posible es pieza clave del modelo político anunciado por el presidente Santos para construir un país más próspero y moderno, pero al tiempo más incluyente y equitativo.
Este salto formidable se explica por los precios exorbitantes de estos productos (normalmente entre 50.000 y 200.000 dólares por paciente al año), que se soportan en actividades de mercadeo intenso (que exagera sus beneficios y minimiza sus riesgos) y una serie de estrategias encaminadas a obtener exclusividad en el mercado.
Esta condición, sumada al margen de beneficios que registran los fabricantes, que llega al 99,3%, hace de los biotecnológicos el negocio más apetecido por las multinacionales farmacéuticas y explica su interés por mantener el monopolio. El gran problema es que ese interés de lucro desbordado hace de estos productos un problema gigantesco para la sostenibilidad de los sistemas de salud.
En Colombia, los biotecnológicos constituyen la principal causa de la quiebra del sistema de salud. De los 10 medicamentos más recobrados, ocho son de este tipo. En el período 2008-2013, un grupo de tan solo 10 de ellos registraron ventas por tres billones de pesos. Adicionalmente, y no menos relevante, el inmenso gasto en estos medicamentos por parte del Estado limita las posibilidades para atender otras necesidades sanitarias igualmente importantes.
Ante este escenario, el Gobierno ha tomado medidas correctas, como la fijación de topes a los recobros y el control de precios. No obstante, si quiere ejercer plenamente la función de proteger el derecho a la salud, el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos y frenar el desangre del sistema, debe estimular la competencia, que es el mecanismo más eficaz para contener el gasto en medicamentos y mejorar el acceso.
El Gobierno lo ha entendido así y desde hace tres años viene anunciando un decreto reglamentario de los biológicos que garantizará la calidad de los productos y al mismo tiempo estimulará la competencia. Este anuncio ha suscitado un debate nacional, cuyo punto central es si se debe o no fomentar la competencia.
En general, los participantes tienen un punto común: velar por la calidad de los productos y la salud de los pacientes. De allí en adelante surgen dos posiciones antagónicas. De un lado, quienes defienden un modelo restrictivo de la competencia mediante el establecimiento de barreras técnicas, como la exigencia indiscriminada de estudios clínicos para comprobar la calidad del medicamento, desconociendo los procesos analíticos alternativos que la ciencia ha venido desarrollando para demostrar calidad, menos costosos y más eficientes. De otro lado están quienes abogan por fomentar la competencia a través del establecimiento de una vía abreviada para el registro de versiones genéricas de biotecnológicos cuya caracterización mediante métodos analíticos sea posible, lo que se traduce en menores precios y más acceso.
El Gobierno coincide con esta última posición, lo que está en consonancia con la Asamblea Mundial de la Salud 2014, que insta a los Estados a velar por la autonomía de sus autoridades regulatorias en la definición del sistema de reglamentación de biotecnológicos.
El decreto para comentarios está próximo a ser publicado. Urge su expedición sin más dilaciones. Una reglamentación que asegure la calidad necesaria y la competencia posible es pieza clave del modelo político anunciado por el presidente Santos para construir un país más próspero y moderno, pero al tiempo más incluyente y equitativo.