Defender los derechos ciudadanos no es subversivo
La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es un acto muy importante dentro de las discusiones institucionales que han surgido por los abusos policiales recientes. La reacción molesta del Ministerio de Defensa muestra a un gobierno, antes que abierto a las críticas y la reflexión, cerrado a cualquier diálogo productivo sobre este tema. Además, los ataques contra el tribunal, provenientes del partido de gobierno, son otra burda muestra del irrespeto a la Rama Judicial y al equilibrio de poderes.
Empecemos por lo ridículo. En redes sociales, con el impulso de personas afines al oficialismo, se empezó a calificar la decisión de la CSJ como una suerte de golpe de Estado. Dice mucho que un acto de contrapeso y control, ejercido desde el derecho, sea visto como una supuesta vulneración del régimen democrático. ¿No será, más bien, propio de un Estado democrático que sus instituciones se tomen en serio las denuncias de abuso de la fuerza contra los ciudadanos?
Sigamos con lo muy preocupante: que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, adopte una postura agresiva contra la Corte. El ministro, que ha estado bajo los reflectores por ser irreflexivo en lo concerniente al actuar de la Fuerza Pública, no ofreció las disculpas que le ordenó la Corte, sino que decidió retarla: “La Fuerza Pública, en particular el Esmad, no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019 en los que pudo existir exceso por parte de la Fuerza Pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la ley, los reglamentos y los protocolos”, dijo.
Esa declaración contradice de frente el hallazgo del tribunal, que concluyó que “una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz”. Además, encontró que el Esmad actúa por impulso y sin control, y “no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir, pues tampoco hace un uso adecuado de las armas de dotación asignadas”.
La Corte no está delirando. Lo hemos visto en videos y denuncias recientemente. Lo vimos en la muerte, todavía en la impunidad, de Dilan Cruz el año pasado. Algo no está funcionando bien dentro de la Policía que el ministro Trujillo supervisa, e insistir en el argumento de que se trata de “manzanas podridas” descarga de toda responsabilidad a la institución mientras los casos de abusos se acumulan.
Lo lamentable, finalmente, es que en un país con otro clima político esta sería una oportunidad histórica para sentarnos a dialogar entre actores, hacer las reformas necesarias y crear una nueva relación entre los ciudadanos y su Fuerza Pública. Pero no. El ministro decidió atrincherarse en sus certezas inamovibles, mientras personas cercanas a su partido iniciaron una nueva campaña de desprestigio contra la CSJ. Sufre la democracia, sufre la confianza de los ciudadanos y sufre la búsqueda de la justicia.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es un acto muy importante dentro de las discusiones institucionales que han surgido por los abusos policiales recientes. La reacción molesta del Ministerio de Defensa muestra a un gobierno, antes que abierto a las críticas y la reflexión, cerrado a cualquier diálogo productivo sobre este tema. Además, los ataques contra el tribunal, provenientes del partido de gobierno, son otra burda muestra del irrespeto a la Rama Judicial y al equilibrio de poderes.
Empecemos por lo ridículo. En redes sociales, con el impulso de personas afines al oficialismo, se empezó a calificar la decisión de la CSJ como una suerte de golpe de Estado. Dice mucho que un acto de contrapeso y control, ejercido desde el derecho, sea visto como una supuesta vulneración del régimen democrático. ¿No será, más bien, propio de un Estado democrático que sus instituciones se tomen en serio las denuncias de abuso de la fuerza contra los ciudadanos?
Sigamos con lo muy preocupante: que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, adopte una postura agresiva contra la Corte. El ministro, que ha estado bajo los reflectores por ser irreflexivo en lo concerniente al actuar de la Fuerza Pública, no ofreció las disculpas que le ordenó la Corte, sino que decidió retarla: “La Fuerza Pública, en particular el Esmad, no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019 en los que pudo existir exceso por parte de la Fuerza Pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la ley, los reglamentos y los protocolos”, dijo.
Esa declaración contradice de frente el hallazgo del tribunal, que concluyó que “una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz”. Además, encontró que el Esmad actúa por impulso y sin control, y “no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir, pues tampoco hace un uso adecuado de las armas de dotación asignadas”.
La Corte no está delirando. Lo hemos visto en videos y denuncias recientemente. Lo vimos en la muerte, todavía en la impunidad, de Dilan Cruz el año pasado. Algo no está funcionando bien dentro de la Policía que el ministro Trujillo supervisa, e insistir en el argumento de que se trata de “manzanas podridas” descarga de toda responsabilidad a la institución mientras los casos de abusos se acumulan.
Lo lamentable, finalmente, es que en un país con otro clima político esta sería una oportunidad histórica para sentarnos a dialogar entre actores, hacer las reformas necesarias y crear una nueva relación entre los ciudadanos y su Fuerza Pública. Pero no. El ministro decidió atrincherarse en sus certezas inamovibles, mientras personas cercanas a su partido iniciaron una nueva campaña de desprestigio contra la CSJ. Sufre la democracia, sufre la confianza de los ciudadanos y sufre la búsqueda de la justicia.
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